La Universidad de Granada retoma el expediente abierto a la profesora condenada por coacciones a un estudiante

UGR

La docente deberá indemnizar con 14.000 euros al alumno por un delito leve

Fachada del Hospital Real, sede del Rectorado.
Fachada del Hospital Real, sede del Rectorado. / R. G.
A. A.

27 de septiembre 2021 - 07:34

La Universidad de Granada (UGR) reabrirá el expediente abierto a una docente tras la condena de ésta al pago de 14.000 euros por un delito leve de coacciones hacia un estudiante. Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución académica se indicó que en su momento se “abrió expediente” por la denuncia contra la profesora y que éste fue suspendido hasta “que finalizase la actuación de la justicia ordinaria” que siguió a la denuncia del estudiante. “Una vez sea firme la sentencia, se activan el expediente y las actuaciones del instructor nombrado por la rectora en su resolución de incoación”, indicaron las mismas fuentes.

La profesora ha sido condenada como autora de un delito leve de coacciones a una multa de 360 euros, al pago de las costas y a indemnizar a un estudiante con 14.000 euros, según consta en la sentencia del 30 de junio del Juzgado de lo Penal 6 de Granada. Según la sentencia, queda probado que la condenada “sin finalidad académica alguna” le envió mensajes de texto al estudiante a través de la aplicación Whatssap “y le efectuó llamadas telefónicas de naturaleza personal”. Estos contactos causaron en el universitario “una presión consecuencia de la cual sufrió un lógico desasosiego”.

El estudiante negó en su comparecencia que en estos mensajes y llamadas “se le efectuasen solicitudes de favor sexual”, por lo que se modificó por parte de la acusación pública y privada la calificación inicial de delito contra la libertad y la indemnidad sexual por un delito leve de coacciones.

El letrado de la acusada manifestó asimismo adherirse a la petición del Ministerio Fiscal y de la acusación y la propia acusada “manifestó aceptar también la calificación jurídica y la pena concreta solicitada”, que supone el pago de 14.000 euros al universitario.

En la sentencia aparece como responsable civil subsidiaria la Universidad de Granada. La acusación pública pidió que se remitiese al Rectorado de la UGR la sentencia “a los efectos oportunos en relación al expediente disciplinario abierto” en su día y que quedó paralizado hasta que finalizara el procedimiento judicial.

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