El Estado debe aportar 10,1 millones más para que la Universidad de Granada pueda aplicar el tope máximo de horas de clase

Los rectores de las universidades españolas han echado cuentas de lo que supone aplicar la LOSU y la cosa no cuadra. En un informe titulado Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario señalan que la norma, en "contra lo que recoge la memoria" de la Ley Orgánica, supone "cuantiosos" costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros. En el caso de Granada la cantidad es de 10,6 millones de euros.

El informe fue presentado por Crue Universidades Españolas este martes. El estudio cuantifica la dimensión del compromiso financiero de la nueva ley y analiza las condiciones que acompañan a la aplicación de dicho compromiso y la viabilidad de su cumplimiento.

"Este análisis del gasto sorprendentemente no está recogido en la Memoria de la LOSU, que dice que el impacto de la aplicación de la ley es de 54 millones de euros y nuestro análisis es que son 844 millones de euros. Esto lo tienen que recoger los Presupuestos Generales del Estado si la Ley tiene que ser aplicada", advirtió José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de Valencia, uno de los dos autores del estudio. En el caso de la Universidad de Granada esta cantidad se estima en 10,6 millones. De este total se requerirían 10,1 millones para aplicar el límite de 240 horas lectivas y más de 460.000 euros para ajustarse al límite del 8% de la contratación temporal.

Estos datos pueden ayudar a conformar una radiografía de las condiciones laborales en las universidades españolas. Sólo seis universidades (y tres de ellas son andaluzas, Sevilla, Málaga y Cádiz) requieren más dinero que la UGR para ajustarse al tope de 240 horas lectivas, señal de que en Granada es una de las universidades españolas en las que más horas de dedicación docente tiene asignada su plantilla. Por el otro lado, la UGR es de la que menos problemas tiene en cuanto a las interinidades. En Córdoba la cantidad para rebajar al 8% el número de interinos es de 4,4 millones y en Huelva se estima que se requerirían 8 millones de euros. L

El trabajo, elaborado por el propio José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de Valencia) y Juan Hernández (Universidad de Jaén), calcula los efectos que pueden resultar de aplicar disposiciones de la LOSU en materia de personal docente e investigador sobre el presupuesto de gastos de las universidades públicas.

En cuanto a de dónde debe salir el dinero, los rectores de las universidades españolas consideran que estos costes inducidos "deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley".

Anualmente la reposición de efectivos por jubilación, según asegura el documento, supondrá que las universidades públicas deberán asumir sus costes de Seguridad Social que hasta ahora habrá sido asumida por el Estado, pues los jubilados cotizaban a Muface. Asumir tales costes supondrá un importe adicional de 195 millones de euros. Este dato no aparece en el informe desglosado por universdades.

"De no producirse esta financiación, la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes", advierte la CRUE.

El estudio concluye que la Administración central, impulsora y proponente de la LOSU, "debe asumir con sus propios recursos la mayor parte del incremento de suficiencia de 3.180 millones de euros de gasto público que supone cumplir el objetivo de alcanzar el 1% del PIB".

También agrega que, para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, es "imprescindible" que España refuerce la dimensión de la política de becas y ayudas al estudio en un importe cercano a los 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas ligadas a las familias con renta baja.

Asimismo, para que se cumpla el principio de equidad, la mejora de la suficiencia prevista en la LOSU "debe tener en cuenta las desigualdades de PIB per cápita regionales existentes en España y, en consecuencia, no utilizar la proporción del 1% de cada PIB regional como guía para la asignación de recursos, sino la variable estudiante equivalente, con la finalidad de priorizar el principio de equidad". "Por ello, el Estado debe ser el principal financiador de esta mejora de suficiencia", sentencia la CRUE.

Para completar la mejora de suficiencia, el estudio explica que el Gobierno central puede proponer y desarrollar programas, cofinanciados por las comunidades autónomas, destinados y condicionados a promover programas de estímulo de la excelencia de las universidades de cada territorio: atracción de investigadores y alumnos de excelencia, impulso a la relevancia internacional y la excelencia de la investigación, mejora de la empleabilidad o extensión de la transferencia tecnológica.

Durante su intervención, la presidenta de la Crue, Eva Alcón, incidió en que la Administración General del Estado "debe aportar recursos adicionales a las comunidades autónomas y éstas deben asumir parte de los recursos que corresponden para aplicar la ley".

"Este trabajo pretende ayudarnos a comprender el contexto en el que partimos, los objetivos que deberíamos alcanzar y quién tiene que hacerlo posible", ha señalado Alcón, quien ha recordado que la LOSU recoge en su introducción la infrafinanciación de las universidades y el compromiso de destinar como mínimo el 1% del PIB. "En estos momentos seguimos sin saber cómo se va a realizar", criticó.