La Universidad de Granada prevé castigar novatadas o acoso sexual con hasta tres años de expulsión
UGR
Las novatadas en la Universidad de Granada podrán ser castigadas con hasta tres años de expulsión. El castigo, el máximo que se recoge en el reglamento de convivencia y régimen disciplinario para el estudiantado que está en exposición pública, se aplicará, cuando el texto esté en vigor, para las faltas disciplinarias que se consideren muy graves. Bajo esta tipología están conductas, dentro de este borrador, como el acoso, también el sexual, la discriminación o la falsificación, sustracción o destrucción de documentos académicos.
El nuevo reglamento de convivencia de la UGR está en el tramo final de gestación. Su desarrollo viene de la aprobación de la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria. Esa norma dispone la necesidad de que las universidades españolas aprueben normas de convivencia. Dentro de esta normativa estatal se establece también la obligación de contar con la figura del mediador, que en el caso de la Universidad granadina recae en el profesor Antonio Manuel Lozano.
El documento que ha preparado la Universidad de Granada y que está en fase de borrador establece la creación de una comisión de convivencia, además de contar con la unidad de mediación y el defensor universitario. Se incluyen además órganos como el del delegado de protección de datos de la UGR y el responsable de seguridad. En la "organización para la convivencia" también entra la Unidad de Igualdad.
El objetivo de este nuevo reglamento es "favorecer la convivencia pacífica" en la Universidad, así como garantizar "el cumplimiento" de la norma. Además, se regulan los "mecanismos de prevención" y los "medios de resolución alternativa". El reglamento, aún en fase de borrador, se aplicará a toda la comunidad universitaria, esto es, profesorado, estudiantado y plantilla de personal de administración y servicios. También alcanzará al personal en movilidad. También en el caso de los estudiantes, tanto de los que lleguen como de los que salgan.
El documento prevé que en el caso de que la convivencia en la UGR se vea "alterada" por un caso de "violencia, discriminación o acoso", la institución "favorecerá" que se tomen medidas de acompañamiento. Serán los servicios de prevención, el Gabinete Psicopedagógico y la Clínica de Psicología quienes se encarguen de esa tarea. También se incluye en este texto previo la posibilidad de apoyar a las "víctimas" desde el servicio jurídico de la institución.
En el articulado del borrador del reglamento se incluye además la "prevención de represalias". Se indica en este punto que desde la institución se adoptarán "las medidas necesarias" para "evitar" revanchas contra quienes denuncien, sean testigos o participen en una investigación.
La creación de la comisión de convivencia es otro de los puntos que se abordan. Contará previsiblemente con nueve miembros, en el caso de que no se modifique el texto que está en exposición pública. Tres serán estudiantes, tres del profesorado y otros tres del personal de administración y servicios. El presidente de este órgano será nombrado por la rectora entre el profesorado o el personal de administración y servicios "especializado en materia de mediación". Estar en la comisión, además, "no conllevará retribución ni compensación docente u horaria".
Cuando se dé un conflicto, se indica que la "queja o denuncia" se presentará ante la comisión de convivencia por medios telemáticos. En el caso de que se se determine "a juicio" de esta comisión que puede abrirse un procedimiento disciplinario o penal, el órgano en cuestión "lo pondrá en conocimiento del órgano competente". En cualquier caso, se fija que la comisión no admitirá a trámite situaciones de acoso sexual, que se canalizarán a la Unidad de Igualdad. Si, una vez iniciado el proceso, se "considere" que puede haber un delito, se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial.
Régimen disciplinario
Además del reglamento de convivencia, el texto recoge el régimen disciplinario para el estudiantado de la UGR. Se determina que las faltas pueden ser muy graves, graves o leves. En función de la categorización se aplicará una u otra sanción. Este régimen disciplinario fue uno de los temas que incluyó en su discurso de toma de posesión el coordinador general de la Delegación General de Estudiantes (DGE) de la UGR, Arturo Fernández Moles.
El borrador enumera las faltas muy graves. Están dentro de esta categoría las novatadas, acosar o ejercer violencia "física o psíquica", acosar sexualmente, discriminar, falsificar, sustraer o destruir documentos académicos o alterar datos en los sistemas informáticos, como pueden ser actas de calificaciones.
También son faltas muy graves deteriorar o sustraer obras del patrimonio de la UGR, plagiar o cometer fraude académico en los trabajos de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral. Asimismo, merecerían el máximo reproche incumplir las normas de salud pública "poniendo en riesgo a la comunidad universitaria", suplantar a un miembro de la comunidad universitaria o prestar el consentimiento para ser suplantado, impedir los procesos electorales, haber sido condenado por delito doloso cometido en un centro universitario o incumplir el deber de confidencialidad por parte de los estudiantes que formen parte de la comisión de convivencia. Por último, también es muy grave "hacer uso del nombre o símbolos" de la UGR para actividades privadas.
Estas faltas muy graves prescriben a los tres años desde su comisión y quienes las cometan se enfrentan a un castigo de entre dos meses y a tres años de expulsión. También se puede sancionar con la pérdida parcial de los derechos de matrícula durante un curso o un semestre.
Por otro lado, son faltas graves apoderarse "indebidamente" del contenido de pruebas o exámenes, deteriorar gravemente bienes de la UGR, impedir la celebración de actividades como dar clase, cometer fraude académico, usar sin permiso contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual. También se considera grave el acceso sin permiso a los sistemas informáticos o hacer un uso indebido de los medios informáticos universitarios, incumplir las normas de seguridad, utilizar los bienes y recursos de la UGR para fines que no sean académicos sin autorización y, por último, poner en riesgo el patrimonio de la Universidad.
Estas faltas graves se sancionarán con expulsión hasta un mes. Esta sanción, se especifica en el borrador, no se podrá aplicar en periodo de evaluación. Asimismo, se prevé la pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria en el semestre en el que se comete la falta y respecto a la asignatura en la que se hubiera cometido. Esta perdida de derechos no podrá afectar a la posibilidad de solicitar beca. Estas faltas graves prescriben a los dos años.
En cuanto a las faltas leves, que únicamente se sancionan con una amonestación, se incluyen el acceso a las instalaciones universitarias sin autorización o "cualquier incumplimiento de las obligaciones y deberes" que se recogen el reglamento y que no sean calificadas como faltas graves o muy graves.
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