La Universidad de Granada probará la semana laboral de cuatro días el primer semestre de 2024

"Dando cumplimiento al programa de gobierno del rector, se ha puesto en marcha la negociación para la adopción de formas de organización del trabajo innovadores, apostando por la autonomía y la organización por objetivos". La memoria de gestión de la Universidad de Granada recoge que en el primer semestre del próximo 2024 se probará, bajo el modelo de plan piloto, la semana laboral de cuatro días para el funcionariado de administración y servicios.

Además de este anuncio, la memoria, que por primera vez ha sido presentada por Pedro Mercado, elegido rector el pasado mes de mayo, señala que "negociamos con la Mesa Sectorial" del personal de administración y servicios (denominado por las siglas PTGAS) la implantación del teletrabajo en la Universidad de Granada". Esta negociación, señala el documento presentado ante los claustrales reunidos en la Facultad de Ciencias, sienta "unos principios básicos" para desarrollar la norma que regulará el teletrabajo, una demanda que no es precisamente nueva en el colectivo del personal de administración y servicios.

"La adopción de fórmulas de jornada flexible es uno de los compromisos del programa de gobierno del Rector", asegura el documento que establece cómo ha sido la gestión en este intenso 2023. Dentro de ese objetivo se enmarca "el acuerdo con la Mesa Sectorial del PTGAS para llevar a cabo un plan piloto de la semana laboral de 4 días durante el primer semestre de 2024".

Una vez que se implante este plan piloto se analizará "su viabilidad y extensión a otras unidades organizativas". La memoria señala a este respecto que se respetará "el número de horas de trabajo por semana" y además se deberá garantizar que los servicios se presten de lunes a viernes. "Paralelamente, fruto del Foro de Administración, se ha creado de un grupo de trabajo con la idea de incluir la perspectiva de los servicios, centros y unidades" en relación a estas medidas para las jornadas flexibles.

El documento presentado en la Facultad de Ciencias por el rector cuenta con dos partes. A mediados de año hubo relevo en el Rectorado tras el proceso electoral y Mercado sucedió a Pilar Aranda. "Por ello, el informe de gestión del Plan Director 2023 tendrá dos partes diferenciadas", señala el texto. Por un lado, un informe del grado de cumplimiento de las acciones de gobierno planteadas por el anterior equipo rectoral hasta el mes de julio y por otro lado, un informe "más de carácter cualitativo", dividido según la estructura del nuevo equipo de gobierno, y que contiene las principales actuaciones que se han llevado a cabo desde el pasado mes de julio hasta finales de 2023.

Según se recoge en el texto el porcentaje de acciones propuestas que se han efectivamente realizado hasta junio fue del 64,42%. En cuanto a la segunda parte de la memoria se señalan también cuestiones a abordar en 2024. Así, se establece como "objetivo inmediato" trabajar en la presencia de la UGR "como actor protagonista de la actualidad de la ciudad" y su entorno. "Resulta fundamental -recalca el texto- el fortalecimiento de las líneas de colaboración público privada".

Además de la presentación y votación de la memoria, el claustro ordinario de este viernes en Ciencias estuvo precedido por la convocatoria del claustro extraordinario previsto para la aprobación de la propuesta de adaptación de los Estatutos de la Universidad de Granada a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -que se votó afirmativamente por asentimiento- y la propuesta de creación de la Comisión de reforma de los Estatutos y elección de sus miembros. La votación -con un pequeño error material en la papeleta incluido del que alertó la secretaria general, Carmen García Garnica- alargó el inicio de la sesión del claustro ordinario y estuvo acompañada del informe realizado por Mercado.

La UGR debe adaptar sus "estructuras" y "funcionamiento" a lo que marca la LOSU, explicó Mercado, y esa adaptación pasa por modificar los estatutos de la institución, un proceso "trascendental". Para ello se ha determinado la creación de la Comisión. Antes de la votación varios claustrales, del sector del estudiantado, profesorado investigador y del personal de administración y servicios, opinaron sobre la composición de esa Comisión al entender que determinados sectores -como el estudiantado y el PTGAS- quedaban "diluidos". De los 30 claustrales que entrarán a formar parte de este órgano 19 son docentes, ocho estudiantes y tres proceder del sector de administración y servicios. Además, habrá otros quince representantes entre miembros del claustro universitario, representantes de los campus de Ceuta y Melilla o el coordinador de la Delegación General de Estudiantes, entre otros. Este equipo estará acompañado por un comisión técnica.

Sobre las cuestiones planteadas sobre la participación "proporcional" de los sectores estudiantil y del PTGAS Mercado contestó que las reformas previstas suponen un proceso "que se va a abrir" y que éste será "participativo".

Sobre el desarrollo en sí de la LOSU el rector expuso que las universidades están a la espera de que el Ministerio traslade sus planes con respecto a los decretos sobre los departamentos y los ámbitos de conocimiento, dos documentos que quedaron paralizados por el desarrollo de las elecciones generales y la conformación del nuevo Gobierno estatal.

Un reciente informe elaborado por los rectores señala que el coste de hacer frente a la LOSU supone en el caso de la UGR un coste de más de diez millones de euros. Esa cantidad, en su gran mayoría, iría destinada a la puesta en marcha de la limitación horaria a 240 horas de clase por docente que prevé la norma estatal y una cantidad inferior, de unos 400.000 euros, para bajar la temporalidad en la plantilla hasta el 8%.

Precisamente sobre estos costes -a los que Mercado sumó otros cuatro millones para cumplimentar con los topes de asignación horaria- el rector expuso que el desembolso de aplicar la norma "o sea sólo" para las comunidades y las universidades.