La Universidad asumirá el caso cuando termine la vía judicial

La Universidad de Granada (UGR) manifestó que cuando el procedimiento judicial del supuesto caso de acoso sexual termine se nombrará a un “instructor” para que con los “medios y las posibilidades” de la propia institución se aborden las denuncias interpuestas por al menos seis estudiantes ante la Unidad de Igualdad y la Inspección de Servicios de la Universidad.

El hecho de que se haya iniciado –y ahora archivado– el procedimiento tras la denuncia de la Universidad obliga a la institución académica a paralizar cualquier tipo de actuación relacionada con el caso. Ahora que se ha dado carpetazo a la denuncia de la UGR, la primera estudiante que hizo público el caso ha confirmado que ella misma volverá a insistir y que demandará.

Cuando se formalice esta segunda denuncia por los mismos hechos –la mujer debía cerrar con su abogada los detalles de la denuncia– la Universidad volverá a apartarse del caso hasta que haya una nueva decisión judicial, bien el archivo o continuar adelante con el proceso. Será al final del mismo cuando la cuestión –y las posibles responsabilidades que se deriven del comportamiento supuestamente acosador del docente– vuelva a la Universidad, que nombrará instructor y abordará una nueva investigación, ésta de carácter interno, indicaron desde la UGR.

También señalaron que "destaca" que no se ha recibido notificación "formal" del archivo pero que, tras conocer la decisión, no hay cambios en la "postura original" de la Universidad.

En el caso del profesor denunciado en 2015 por parte de una alumna –que manifestó haber sido víctima de acoso sexual– la Fiscalía archivó el caso al no encontrar indicios de comportamiento delictivo. Se inició entonces otro trámite que finalizó con una resolución de la rectora, Pilar Aranda, en la que el docente fue sancionado con 90 días de suspensión de empleo y sueldo por “comportamiento inapropiado”. Tras aquella sanción interna, el profesor recurrió ante la justicia por no estar conforme.El caso está pendiente de sentencia.

Esa situación –en la que la UGR determinó que existía un comportamiento inapropiado de un docente hacia una alumna y la justicia zanjó con que no había caso– propició que la rectora solicitara públicamente una adaptación de la legislación”. “En nuestro protocolo, que es muy avanzado, a veces fallan aspectos porque chocamos con la legislación” vigente, aseveró a primeros del mes de abril. Al hilo de esta situación, aseguró que “exijo una adaptación de toda la legislación”.