Urbanismo vuelve a la carga contra la ocupación de las Cuevas de San Miguel en Granada

Granada/Las Cuevas de San MiguelCuevas de San Migue viven su particular día de la marmota. El asunto del desalojo de este tipo de vivienda tan particular en Granada vuelve a salir a la palestra. En el caso concreto de las grutas albaicineras, se trata de un tema que se arrastra en el tiempo desde 2006 y, de forma cíclica y recurrente, se repite con una periodicidad casi anual.

Las últimas noticias vienen de la mano del actual concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid. El edil recupera este proyecto que ya inició en su anterior mandato que terminó en 2019. Sin embargo, fue en abril y mayo de 2017 cuando se cuajó la primera intentona de desalojo con Francisco Cuenca como alcalde.

De hecho, las palabras ofrecidas ayer por Miguel Ángel Madrid son una copia punto por punto de las que ofreciera el 13 de mayo de 2017, cuando anunció su intención de actuar en el cerro de San Miguel. Ahora, el edil socialista retoma esta actuación, cuyo expediente de desalojo se vio caducado en febrero de este año por la inacción del anterior gobierno municipal de Ciudadanos y Partido Popular.

Resumiendo, se proyecta que las casas cuevas ilegales que hay en el cerro de San Miguel sean desalojadas por el Ayuntamiento de Granada para poder desarrollar lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y construir así una gran área de zona verde para el disfrute de los granadinos. Para ello, es necesario la redacción de un plan especial, dada la protección de la zona, cuyo proyecto ya está en vía de ser presentado esta semana.

De esta manera, serán desalojadas -o se intentará, dadas las circunstancias históricas- unas 53 cuevas y 70 moradores, según el último estudio que se realizó por este mismo concejal en 2017. De estas 53 casas cuevas, unas tres son de propiedad municipal y se van a emprender acciones para recuperarlas. Para el resto, se identificarán a aquellas donde residan menores, a los que se les dará una alternativa a través de los servicios sociales municipales, mientras que el resto serán simplemente desalojadas.

Pero esto no es nada que sea nuevo, como se viene diciendo. En los 15 años que tiene este problema de antigüedad, puede contarse una decena de grandes operaciones para evitar que haya moradores en las cuevas, entre desalojos y cerramientos. No obstante, el problema se perpetúa por lo cíclico del mismo.

Sintetizando por pasos, ante la ocupación de las casas cuevas ilegales, gran parte de ellas en situación de ruina -de ahí la urgencia de los desalojos, por la peligrosidad-, el Ayuntamiento actúa bajo orden judicial y la policía desaloja a los moradores. Previamente, estos se han debido identificar por los agentes de la ley para que desde el juzgado se pueda personalizar el desalojo. Esto supone un problema, dada la volatilidad de los moradores, puesto que la mayoría de las veces son otros los ocupantes que habitan las cuevas cuando llega el desalojo, debido a que pasa mucho tiempo desde la identificación de los individuos hasta que la orden judicial es ejecutable.

Llegado el caso de que la cueva se quede vacía, el Ayuntamiento ha procedido al tapiado de la misma, con el fin de que nadie pueda entrar. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía desautorizan y prohiben esta actuación por considerarla drástica y porque no cumple con las garantías de protección del entorno. El resultado es que las cuevas quedan otra vez expuestas y los moradores vuelven a habitarlas. Así, una y otra vez, desde 2006.

Con este contexto, Miguel Ángel Madrid informó ayer del “envío esta semana al área de contratación del proyecto para realizar un Plan Especial de Cuevas en el cerro de San Miguel con presupuesto de 47.987,39 euros”, cuyo “objetivo, además de dar cumplimiento a lo que establece el PGOU, pretende obtener suelo para desarrollar que en aquella zona haya un gran parque”.

Este Plan Especial contará con “un plazo de siete meses para que se desarrolle”, para lo que “vamos a encargar la contratación de un servicio técnico, que redactará en tres meses el diagnóstico de la zona, con un mes más para la prepuesta final”, según palabras del edil socialista, quien añadió que “el plazo se extiende hasta los siete meses porque la prepuesta final no podrá estar lista hasta que el borrador no se remita a Ordenación de Territorio y consejería de Cultura, además de que tiene que haber un informe medioambiental que es preceptivo”.

En cuanto a la situación de las cuevas Miguel Ángel Fernández señaló que “hemos reenviado a la asesoría jurídica para que se realicen las acciones necesarias para recuperar la Cuevas que sean de titularidad municipal, que son unas tres cuevas que hay que reclamar judicialmente”.