Urbanismo proyecta un nuevo desalojo del Cerro de San Miguel

Se ayudará a las familias sin recursos a través de Derechos Sociales

En la zona se abrirá un parque

El último intento de desalojo fue en 2013. / María De La Cruz
L. Mingorance

24 de mayo 2017 - 02:41

GranaDa/El incendio ocurrido en una cueva del Sacromonte ha disparado las alarmas. Las administraciones deben poner fin a la ocupación ilegal de las cuevas ante el riesgo que supone tanto para los moradores como para los vecinos de entornos como el Cerro de San Miguel donde hay en torno medio centenar de viviendas excavadas sobre la tierra. Después de desarrollar un análisis exhaustivo de la zona, -de competencia municipal-, el equipo de gobierno se reunió ayer con los miembros de las tres asociaciones de vecinos Albaicín, Bajo Albaicín y Sacromonte para transmitirle sus planes para esta zona. Se va a poner en marcha un proyecto social con las familias sin recursos y se va a desalojar a quienes han ocupado las cuevas. El Ayuntamiento intentará así, otra vez, recuperar el espacio que le pertenece.

Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, la idea es desalojar las cuevas para desarrollar un gran parque en esta zona calificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como espacio de usos múltiples. El plan de actuación que se avecina estará coordinado con la Policía Local a través del área de Participación Ciudadana y con los servicios sociales de la mano del área de Derechos Sociales. Así se pretende buscar soluciones a las familias que residen en las cuevas y que sufren una emergencia habitacional.

Se le está usurpando el uso y disfrute de esta zona al resto de ciudadanos"Miguel Ángel FernándezConcejal de Urbanismo

En total, el entorno de las Cuevas de San Miguel cuenta con 54 cuevas donde se aglutinan dos perfiles de moradores. Por un lado, familias jóvenes con hijos en una situación de exclusión social que requieren una atención por parte de los Servicios Sociales. Por otro, un perfil de personas que deciden vivir al margen de la sociedad entre los cuales hay extranjeros, universitarios. "Se le está usurpando el uso y disfrute al resto de ciudadanos", destacó ayer Fernández Madrid quien detalló que solo seis de las cuevas tienen titular. Para el resto está previsto ejecutar un "desalojo ordenado".

Ante los intentos sin éxito del anterior equipo de gobierno para desalojar la zona, el área de Urbanismo plantea la captación de fondos (como Edussy) lo antes posible para que el proyecto de parque se comience a ejecutar momentos después al desalojo. Años atrás se han dado casos de intervenciones policiales que han caído en saco roto. A los pocos días de expulsar a los habitante éstos han vuelto a sacar la tierra de las cuevas para volver a habitar en San Miguel. Cabe destacar que cualquier actuación tendrá que contar con el visto de Cultura de la Junta que protegió el entorno. "Es un proceso largo porque hay que pedir autorización judicial, hablar con Cultura pues aquella zona tiene una reserva arqueológica pero vamos a empezar a caminar desde ya" destacó el edil que recuerda que los técnicos han tenido que reelaborar toda la información que no se actualizaba desde 2013, año en que se intentó el ultimo desalojo. La edil de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, garantizó ayer que se va a intervenir para atender los derechos más básicos de las familias, principalmente las que tienen menores.

Vamos Granada exige un plan "coordinado"

Vamos Granada instó ayer a realizar una intervención urgente y coordinada entre las distintas áreas del Ayuntamiento en las cuevas de San Miguel. Según manifestó la portavoz de la agrupación, Marta Gutiérrez, las cuevas son actualmente bien patrimonial del Ayuntamiento y se debe garantizar el uso público; para ello deben pasar a ser jurídicamente declaradas de dominio público, para que no puedan ser ni vendidas, ni alquiladas, ni cedidas. "Si se producen desalojos sin garantizar su uso o dominio público se va a repetir la situación como en otras ocasiones, las cuevas pueden volver a ser ocupadas y el proceso se repite". La edil Pilar Rivas, destacó que el Ayuntamiento debe dar respuesta a las demandas de los vecinos y establecer un calendario con plazos claros y una hoja de ruta de actuaciones para garantizar la participación de los interesados en la toma de decisiones.

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