Vamos Granada exige a PP y Cs garantías de la regeneración prometida

Vamos Granada exige que las direcciones en Cetursa y en la Alhambra se realicen mediante un proceso selectivo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la función pública, “para que la gestión de nuestros recursos y patrimonio la hagan las personas más preparadas”.

Marta Gutiérrez ha puesto de manifiesto que estos puestos no pueden seguir siendo el botín que se reparten los partidos, ni los “refugios” personales con que pagar favores o lealtades”. La formación responde así al hecho de que de los 165 nombramientos efectuados por PP y Cs en sus tres primeros consejos de gobierno, 26 tuvieron relación con la Junta en puestos de gestión técnica o política así que muchos de los elegidos por la coalición que criticaba la designación a dedo del PSOE, aproximadamente un 16%, ocuparon en la administración andaluza algún cargo o puesto de responsabilidad durante gobiernos socialistas y “todo apunta a que la intención del PP es mantener estas prácticas también en Granada, ya ha lanzado el nombre de Ignacio Pipó para colocarlo al frente de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada”.

La formación señala que el último responsable de la gestión ruinosa de la Universiada, un evento que supuso una inversión de más de 20 millones de euros para 4.000 visitas, ha ido pasando de nombramiento en nombramiento a dedo.

El más notorio, un puesto de dirección en Gegsa, la empresa municipal de eventos sobre cuya gestión se acumulan informes que señalan graves irregularidades. Entre ellas, el propio puesto que ocupa Pipó, que fue creado a medida por Torres Hurtado y para el que fue contratado como personal fijo sin pasar por el debido proceso selectivo.

Un informe de 2017 del Director General de Personal del Ayuntamiento desgrana las múltiples irregularidades en la creación y nombramiento de este y otros contratos en Gegsa, y determina que son nulos de pleno derecho, asegura Vamos Granada.

La candidata Araceli Torres, experta en derecho laboral, señala que el Ayuntamiento debería haber iniciado de oficio la nulidad de los contratos. “Ha pasado más de un año desde que el informe evidenciase estas irregularidades. Sin embargo, el concejal de personal del gobierno de Cuenca, Baldomero Oliver, no sólo ha mantenido esta situación irregular, sino que recientemente el consejo de administración de la empresa municipal ha permitido que Pipó, que estaba en situación de servicios especiales, se reincorpore a un puesto que debe ser declarado nulo. De nuevo nos encontramos con esa connivencia entre PP y PSOE en las irregularidades y falta de transparencia en las contrataciones”, dice.