Vanessa Romero, de ‘casi’ alcaldesa de Maracena a escapar del maletero de su coche

Vanessa Romero Urbano (Maracena, 1977) llegó a la política activa con más de 40 años, era licenciada en Derecho y tenía una trayectoria laboral en recursos humanos. En 2019 entró en el gobierno de su Ayuntamiento, uno de los más importantes del Área Metropolitana de Granada, por la puerta grande, con una gran responsabilidad y cuota de poder. El entonces alcalde, Noel López -que ahora es secretario general del PSOE andaluz-, le encomendó la Concejalía de Urbanismo, la joya de la corona de cualquier localidad, o un regalo envenenado. Al año siguiente aumentó sus competencias y se puso también al frente de Presidencia. Llegó a tener en sus manos la Concejalía de Economía y de Desarrollo Local. Y como mujer fuerte de ese gobierno, tuvo la posibilidad de actuar y firmar como alcaldesa accidental durante las ausencias del regidor, muy entregado ya a su partido en Andalucía.

Entre ese escenario y el actual no ha pasado ni un año completo. La edil ha vivido uno de los sucesos más extraños que se hayan conocido en este país dentro del contexto político. El pasado 21 de febrero fue secuestrada a punta de pistola, amordazada y encerrada en el maletero de su propio coche, metido dentro de un garaje del que al final logró escapar por sus propios medios de forma casi milagrosa. Y todo esto, (presuntamente) a manos del que en ese momento era pareja de la actual alcaldesa de Maracena, Berta Linares. Para colmo, la víctima apuntó después ante la Guardia Civil posibles motivos políticos y corruptelas en su municipio. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí?

En Maracena se llegó a pensar que Romero, que tuvo la máxima confianza del alcalde Noel López, podría sucederle en el cargo, a pesar de no haber llegado a los últimos comicios en un puesto destacado de la lista. El actual número dos de Juan Espadas en el PSOE andaluz se mantuvo como alcalde todo lo que pudo hasta que resultó incompatible por haber sido elegido parlamentario andaluz en las elecciones autonómicas del 19 de junio (fue el cabeza de lista socialista por Granada). En julio de 2022 se despidió del Ayuntamiento de su pueblo, más en cuerpo que en alma, pero pasó el bastón de mando a la que fue número dos de su lista, Berta Linares.

Si hay un dato que nadie ha puesto en duda durante estos días de vorágine informativa tras el secuestro es que Vanessa Romero y Berta Linares eran agua y aceite. Además de coincidir todas las versiones, los datos hablan por sí mismos. En el mismo momento del relevo en la Alcaldía, Romero perdió sus competencias anteriores y pasó a ocupar un cargo que llamaron Maracena 2030. Ni una visita de obras juntas, ni una foto en redes sociales… Es como si Romero hubiera dejado de existir públicamente a partir de ese momento. El esposo de la concejal, que habló con este periódico el mismo día del secuestro, lo dijo muy claro: “La alcaldesa no la quería, estaba fuera de la lista”, en alusión a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El gobierno maracenero también admitió en un comunicado del pasado viernes que la situación política de Vanessa era ésta. El actual concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva declaraba en esa nota: "Entiendo el nerviosismo de Romero por no ir en las listas, pero no es excusa para poner en duda el trabajo de tantos años". El edil insinuaba a las claras que las denuncias de la edil retenida en su maletero podrían deberse al despecho político.

Hay varios asuntos urbanísticos del municipio que son, como poco, controvertidos y que ella conoce de primera mano porque algunos tienen su origen en convenios y concesiones administrativas firmadas años atrás, con Noel López como alcalde. El problema es que en los últimos tiempos todo eso se ha movido, con adendas, iniciativas e informes técnicos nuevos que Vanessa tenía en su poder y que según fuentes de la investigación llevaba en su propio coche el día del secuestro.

El motivo de que Romero transportara esa documentación (que pueden ser copias) es lo más espinoso de este asunto, porque la edil llevaba algunos meses hablando y asesorándose por medio de terceros para tomar una decisión sobre lo que sería más conveniente hacer con la información que tenía y lo que ella creía que podría ser de dudosa legalidad. Su entorno más cercano admite que estaba preocupada por la posible ilegalidad de algunos temas, pero no tenía claro el camino a seguir. Hasta el día del secuestro se había limitado a mover el avispero, pero de una forma que ella creía discreta. Estaba la opción de la Fiscalía, la de los medios de comunicación… Pero también pensaba que alguien con suficiente peso en su propio partido podría actuar antes de llegar a eso.

Ahora todo se ha precipitado, ya no hay vías intermedias, porque el secuestro de varias horas sufrido en su propio coche, con la incertidumbre de desconocer hasta dónde hubiera sido capaz de llegar su agresor si ella no escapa y él no es detenido, la animó a exponer a los investigadores todas sus sospechas y a dar detalles de cada papel y operación urbanística de los que ella tenía conocimiento y sospechas de posibles delitos. Su marido y su tía, también concejal de Maracena, lo han dicho públicamente: Vanessa antes tenía dudas sobre si denunciar, pero ahora ya no. La edil había llegado a aconsejar a personas del pueblo que tuvieran cuidado al hablar de esos asuntos.

Pese a estas sospechas claras que la concejal y su entorno tienen sobre las motivaciones del secuestro sufrido, son muy prudentes a la hora de repartir culpas. Que la alcaldesa y la edil caída en desgracia (políticamente) tuvieran diferencias, que algunas personas temieran lo que Romero pudiera decir -ya fuera cierto o no-, no significa necesariamente que el supuesto agresor actuara inducido. Pero sí pudo estar caldeado, como sospechan sus familiares.

Todo esto último es precisamente lo que los investigadores tienen que esclarecer, mediante el seguimiento minucioso del hombre que retuvo a la concejal o los datos de los registros de llamadas. Fuentes de la investigación explicaron a este periódico que el secuestrador utilizó el móvil en varias ocasiones durante esa mañana, incluso durante el trayecto en coche. El ya investigado por la presunta comisión de un delito de detención ilegal se ha acogido a su derecho a no declarar, ni ante la Guardia Civil, que lo mantuvo hasta el límite legal de las 72 horas, ni ante el juez de instrucción. Éste ordenó el viernes que ingresara en prisión sin fianza y que fuera examinado por el médico forense. El informe forma parte del secreto del sumario que la autoridad judicial ha ordenado para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Las dudas sobre la estabilidad psicológica del secuestrador surgieron por primera vez de la propia alcaldesa, que era su pareja hasta ese momento. El mismo día del suceso habló con algunos medios de comunicación hasta que optó por convocar a todos a una rueda de prensa a la mañana siguiente en el Ayuntamiento de Maracena. Acudió con la cara demacrada y entre continuos sollozos explicó que no tenía ni idea de las intenciones de su pareja, con quien la noche anterior había mantenido una vídeollamada. En esos momentos es cuando dijo que este hombre de 44 años, P. G., estaba siendo tratado por problemas psicológicos, aunque apuntó que en principio no iban más allá de un estado depresivo. Algo que de entrada no tiene relación directa con retener y amordazar a una persona, pero que abría la puerta a especular sobre la salud mental de su propia pareja.

La reacción de la alcaldesa

En aquella misma comparecencia, cuando aún no estaba claro que la víctima hubiera denunciado ningún tipo de supuestas corruptelas en el Ayuntamiento, Berta Linares prefirió adelantarse a las especulaciones y dijo que en el Ayuntamiento no había asuntos que pudieran ser susceptibles de una denuncia de corrupción, ni se habían tomado decisiones en contra de los técnicos.

Al día siguiente, el jueves, la Policía Judicial de la Guardia Civil ordenó al Ayuntamiento de Maracena la salvaguarda de todos los documentos que tienen que ver con las áreas de Urbanismo y Contratación, así como la Secretaría y la Intervención. Una petición extraña, porque en cualquier institución pública se da por sentado que los expedientes no se destruyen. La petición no hizo más que avivar las especulaciones sobre la gestión municipal y política, al darse por sentado que la investigación había puesto su punto de mira en determinados documentos municipales. La clave está en los papeles, quizás los originales de esos mismos que Vanessa Romero tenía en su poder. La reacción inmediata de la alcaldesa de Maracena fue ordenar el viernes que se trasladen a la Fiscalía los documentos municipales. ¿Pero cuáles? ¿Todos? ¿O es que ya están señalados los expedientes conflictivos?

Todo esto ocurre a tres meses de las elecciones municipales, en las que Berta Linares, por el momento, es la candidata del PSOE para repetir en la Alcaldía de Maracena. Los grupos de la oposición piden explicaciones y el próximo miércoles habrá pleno extraordinario sobre los últimos acontecimientos. En el orden del día habrá un solo punto: secuestro de una concejal.