Vecinos y asociaciones de la zona Norte demandan a Endesa por los cortes de luz

Doce vecinos y varias asociaciones de la zona Norte de la capital han presentado el pasado 15 de mayo una demanda contra la compañía eléctrica Endesa por los cortes de luz que llevan afectando años a esta zona de la ciudad dificultando su vida diaria y condicionando su actividad.

Los denunciantes, entre los que están la Asociación Gitana Anaquerando, la Fundación Lestonnac-Montaigne, la Parroquia de La Paz y Sagrada Familia, así como la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, demandan la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que viven o trabajan en el barrio por los reiterados cortes de luz, que no han encontrado solución. Así, insisten en que afecta al derecho a la vida, a la salud y a la igualdad.

La demanda se ha interpuesto tanto contra Endesa como contra quienes pudieran aparecer a lo largo del procedimiento como responsables o corresponsables de la situación.

En una nota de prensa, las personas y entidades que han presentado la demanda confían en que "sea la justicia la que ponga fin a esta vulneración de derechos", pues consideran que es evidente la clara responsabilidad de Endesa en los problemas eléctricos, "que han provocado gravísimos daños a miles de personas que cumplen con las obligaciones del contrato de suministro".

En la demanda piden que se aumente la potencia de suministro existente "hasta garantizar que se pueda atender la carga necesaria para funcionar plenamente". Además, también exigen "que se garantice de inmediato a todos los demandantes el uso y disfrute de sus derechos "y a disponer de servicio eléctrico sin interrupciones". Por último, solicitan la indemnización a los demandantes por los daños y perjuicios producidos, incluyendo el daño moral.

Además, se ha solicitado con carácter urgente una serie de medidas cautelares al Juzgado sobre el que recaiga el procedimiento. En primer lugar, "la instalación en todos los domicilios que estén habitados por personas cuya vida depende de la no interrupción del suministro, y cuya identificación realicen los centros de salud, de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)", un tipo de dispositivo que durante un apagón eléctrico puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a los dispositivos que tenga conectados.

En segundo lugar piden "la instalación inmediata y urgente en el Distrito Norte de grupos electrógenos en los centros escolares, de servicios sociales y sanitarios (públicos y privados) que aseguran la continuidad ininterrumpida del servicio en sus dependencias".

Los demandantes confían en que las peticiones sean aceptadas y se exija a Endesa que adopte, en primer lugar, las medidas cautelares y con posterioridad, cuantas medidas estructurales sean necesarias para acabar "de una vez con todas con esta situación que impide el desarrollo de una vida digna y en igualdad de oportunidades al resto de ciudadanía".

Por último, solicitan "a quienes representan a la ciudad y a los agentes públicos y privados su apoyo más enérgico y concreto ante el grave problema que padecen desde hace años".

Esta denuncia judicial se suma a las demandas ante Consumo e Industria que presentó hace unos meses el Ayuntamiento de Granada para exigir soluciones a la situación y reclamar daños y perjuicios a la compañía eléctrica.

Endesa dice que por mucho que refuercen las redes, no soportan el "continuo sabotaje" de los enganches ilegales

Desde Endesa han asegurado que no se pronunciarán sobre la demanda hasta que no la reciban y la analicen sus servicios jurídicos, pero hablan sobre la situación en la zona Norte y aseguran que son "conscientes de lo que supone la falta imprevista de suministro para los ciudadanos que viven en esta zona", por lo que se "solidarizan con todos los clientes que sufren las consecuencias de los enganches ilegales, principalmente los originados por el cultivo de marihuana". Así, dicen que buscan "continuas alternativas para intentar garantizar la calidad del servicio eléctrico, más allá de las inversiones millonarias realizadas en nuestras instalaciones (más de 5,5 millones de euros en los últimos 3 años) y para garantizar también la seguridad de las personas y de las instalaciones, ya que los enganches ilegales ponen en serio riesgo de electrocución e incendio a las personas que conviven con ellos". Con esta finalidad, Endesa ha aplicado la tecnología más vanguardista, pionera a nivel nacional, para poder garantizar el suministro y, sobre todo, la seguridad de las personas, a través detectores/sensores de potencia en las redes que permiten prever cuándo las infraestructuras eléctricas se ven saturadas por exceso de demanda. Sin embargo, todas las actuaciones llevadas a cabo por Endesa en la mejora de su infraestructura, lamentan, "no están teniendo el resultado esperado, ya que por mucho que se refuercen las redes, estas no son capaces de soportar el continuo sabotaje de los enganches ilegales (es igual que si a una tubería de agua nueva, con mucho más caudal del demandado, se le hacen continuos agujeros hasta que finalmente se acaba partiendo)". "Por ello, desde Endesa entendemos que para solucionar el conflicto de esta zona hay que atajar la causa que lo origina mediante medidas de mayor calado social y en colaboración de todas las partes implicadas", dicen desde la compañía. En este sentido, Endesa, está llevando a cabo una doble vía de actuación que está teniendo resultados muy positivos en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con las administraciones competentes: Por un lado aumentar las intervenciones policiales para la detección del fraude eléctrico y por otro, una vez se llevan a cabo las actuaciones para detección de fraude eléctrico, es muy importante trabajar con las asociaciones de vecinos en el fomento de la regularización de los suministros eléctricos. Un ejemplo muy ilustrativo de ello es la labor que Endesa, junto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está llevando a cabo con los vecinos de Molino Nuevo interesados en regularizar su suministro eléctrico para facilitar la tramitación y contratación del servicio. Así, desde una intervención policial llevada a cabo el 25 de enero de este año, unos 122 vecinos de Molino Nuevo han realizado la remodelación de las centralizaciones de contadores de sus bloques de viviendas para adecuarlas a la normativa electrotécnica vigente y posibilitar la contratación del suministro eléctrico.