Granada acusa a la Junta de "chantaje" con la Zona de Gran Afluencia Turística

Los agentes afectados por la decisión de la Junta de declarar todo el municipio de Granada como Zona de Gran Afluencia Turística y por lo tanto ampliar el horario de apertura comercial a domingos y festivos durante cinco meses del año han hecho hoy una demostración de unidad y de rechazo rotundo a esta decisión, por lo que piden que la administración dé marcha atrás. En una comparecencia conjunta en el Ayuntamiento, el propio Consistorio, la Diputación, la Federación de Comercio, Facua y los sindicatos se han unido para denunciar esta decisión por los efectos que tendrá en el pequeño comercio, que no podrá afrontar estas nuevas condiciones de apertura.

Así, la capital, en consenso con estas partes, está ya preparando el recurso que presentará a la Junta esta misma semana para mostrar sus alegaciones y pedir que dé marcha atrás y que se siga manteniendo como ZGAT las de ahora (Alhambra y Albaicín) atendiendo a los datos del sector.

Y han ido un paso más respecto a otras comparecencias en las que se ha criticado la decisión de la Junta. El concejal de Comercio, Eduardo Castillo, ha hablado directamente de "chantaje" de la Junta. Así, mientras la administración ha defendido su decisión acusando al Ayuntamiento de falta de argumentación en su propuesta, Castillo ha dicho rotundo que "no es cierto". "Presentamos toda la documentación y contestamos al requerimiento de la Junta, que chantajeaba al Ayuntamiento con que o declarábamos el Centro o declaraba todo el municipio. Lo que es, es que no contestamos lo que ellos querían que contestásemos. No declaramos el Centro porque no queríamos caer en el chantaje al que nos estaba sometiendo la Junta", advierte Castillo, quien, no obstante, tiende la mano a la administración "para intentar buscar una solución, una salida a un varapalo del que sea difícil recuperarse".

Ahora, con todo el municipio declarado como ZGAT, habrá libertad para abrir los domingos de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre en toda la ciudad, lo que "tendrá consecuencias" para el pequeño comercio y afectará al "derecho al descanso de los trabajadores".

Ningún indicador justifica la decisión

Y desde la Federación de Comercio son contundentes. El secretario general de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, "ningún indicador hace que esta medida sea objeto de planteamiento ahora". La Federación lamenta que la Junta solo se base en el criterio de dónde están los hoteles en la ciudad para este cambio. "Nuestra propuesta era mantener las zonas actuales, Albaicín y Alhambra. También dimos los datos que lo justificaban. Hay que tener en cuenta la estancia mínima del turista en Granada que es de 1,8 días, en fin de semana. El día completo es el sábado, que abre todo, por lo que las compras están garantizadas el sábado. El domingo por la tarde está cerrado casi todo porque no hay demanda del turista".

Según Moreno, "la ciudad no demanda mayor apertura, con lo que el cambio lo único que consigue es trasladar el consumo de los municipios a la capital fomentando la despoblación de los territorios. La Junta no ha valorado nuestro datos de estancia mínima y de dónde pasa el tiempo el turista, que no es donde duerme sino donde visita, ha entrado solo en las plazas hoteleras", lamenta. "Tampoco valora el gasto medio, que es irrisorio. Somos la ciudad más barata de Europa en cuanto a turismo, por lo que no me vale que digas que el turista viene a comprar, a gastar dinero, salvo que quieras considerar como turista a una familia de Maracena que venga a comprar aquí, por ejemplo".

Además de intentar que la Junta dé marcha atrás en esta decisión, que todavía tiene que publicar en el BOJA, se va a actuar por otra vía, la del Ministerio. La Federación de Comercio ha pedido llevar a Pleno municipal una solicitud para pedir a la ministra modificar el decreto para declarar las zonas de gran afluencia turística y llevar el umbral de 100.000 a 500.000 habitantes porque "el consumo interno en esas ciudades sí soporta más apertura, pero en nuestra ciudad no se soporta". "Queremos crecer pero no a costa de empobrecer a los municipios. Ni la inflación, ni la confianza del consumidor, ni el ahorro energético ni la contaminación. No es el momento de afrontar este debate ahora".

Desde Facua defienden un modelo de comercio de cercanía y sostenible. "Nos interesa desde los consumidores tener en cuenta la declaración de emergencia climática porque es fundamental que se tomen medidas que controlen el incremento de uso de la energía y los horarios comerciales afectan. Los consumidores no podemos recibir mensajes contradictorios". Y piden estudiar el impacto de la medida en los barrios y retomar el diálogo social.

Los sindicatos han incidido en los efectos laborales de la medida en los trabajadores del pequeño comercio. Desde CCOO lamentan que se pase de abrir 10 festivos en 2019 a los 16 actuales y los 40 entre domingos y festivos que se permitirán a partir de abril. "Esto supone un ataque a la conciliación de las plantillas, no podrán descansar domingos o festivos". UGT también se muestra en desacuerdo porque generará una "competencia desleal beneficiando a grandes empresas y superficies en detrimento de quien crea trabajo que son las pymes. Fomentar el empleo solo se consigue no dejando que las grandes superficies hagan que la gente se aglomere allí. El empleo se genera en los cascos urbanos. Esta decisión abre la puerta a desregularizar el sector".

Ana Muñoz, en representación de la Diputación, ha dicho que "cuando tienes enfrente a todo el sector entero, dar marcha atrás y rectificar sería de sabios". "Algo imprescindible para fijar la población al territorio es tener servicios, entre ellos el comercio. Y esta medida es contraria a esa política. Genera un precedente de competencia desleal a todos los comercios de los municipios de la provincia. Quien va a poder aguantar esa presión en plantilla y horarios son las grandes superficies, que no es el modelo de comercio que queremos fomentar".

Si la Junta no da marcha atrás y no se consigue un cambio en el decreto, no se descarta ningún tipo de acción, incluida la judicial, aunque lo primero será agotar la vía administrativa.