El abandono escolar, a la baja
Educación
Tras la crisis, cada vez son más los adolescentes granadinos que completan la formación hasta los 18 años
Los adolescentes granadinos son cada vez más conscientes de que una formación completa es imprescindible para una inserción laboral en un mercado de trabajo que ofrece pocas y malas oportunidades a los jóvenes. Esta conciencia ha calado durante la crisis, que hizo estragos, sobre todo, en el sector inmobiliario, el cual, décadas atrás, se había convertido en el refugio de todos los que fracasaban en los estudios o los abandonaban a edad temprana.
El último Informe del Menor elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz demuestra este cambio de tendencia, al que también han contribuido las políticas educativas puestas en marcha por la Consejería de Educación. En 2014, el porcentaje de alumnado granadino que abandonaba los estudios antes de cumplir la mayoría de edad era del 25,7%. En el último dato conocido, esta cifra se reduce al 23,2% (prácticamente uno de cada cuatro). Dos puntos y medio menos que supone una merma destacable y una mayor permanencia en el sistema público de enseñanza.
Por edad, se observa que los porcentajes de idoneidad sufren una drástica bajada a partir de los 14 años, en la segunda mitad de la ESO, cuando el alumno deja clara su voluntad de querer continuar en el sistema o abandonarlo. A esas alturas, permanecen en la provincia de Granada el 71,6% de los estudiantes, según el informe que recoge datos del curso 2015/2016. Esta tasa es superior a la media andaluza (69,6%), pero por debajo de la española (73,1%). Aún más acusado es el abandono a los 15 años, al final de la Secundaria, cuando se llega al 65,2% de permanencia (por encima del conjunto regional, en el 62,8%, pero por debajo del nacional, en el 67,5%).
Si este panorama se compara con el que se tenía en 2014, se comprueba que los últimos cursos de la Educación Secundaria han ganado alumnos y no precisamente porque la demografía haya aumentado (ha ocurrido lo contrario tras la debacle económica). En aquel entonces la tasa de idoneidad con 14 años era del 69,8% y con 15, del 64,4%.
En cuanto a la tasa bruta de población que se gradúa en ESO y Bachillerato, en 2014 el porcentaje de la primera era del 77% y el de la segunda (posobligatoria), del 57,3%. No se incluyó en esa tanda el grado medio de los ciclos formativos, que sí aparece en el último informe, donde el porcentaje en Secundaria sube muy moderadamente hasta el 77,5% y también el de Bachillerato (58,5%). Una mejora que se evidencia sobre todo en la etapa preuniversitaria, que las generaciones anteriores habían descartado por la facilidad de encontrar un empleo en actividades relacionadas con el pujante sector inmobiliario.
Pero el incremento más importante en las enseñanzas posobligatorias concierne a la FP, cuya demanda se ha disparado los últimos años, hasta el punto de que la oferta en bastantes ocasiones no responde al elevado número de peticiones. Aunque no se incluyen datos en 2014, lo cierto es que casi un 25% de la población granadina con edades comprendidas entre los 14 y 16 años estudia ya un grado medio de ciclos formativos.
Este auge obedece al perfil cada vez más técnico que pide el mercado laboral, donde estas titulaciones tienen más salida a corto plazo. De ahí que una de las modalidades por las que más ha apostado la Junta haya sido la FP Dual, en la que la mayor parte del currículo se desarrolla con prácticas empresariales. Ocho de cada diez alumnos que la estudian logran trabajo al poco tiempo. Buena parte de ellos en las compañías en las que se han formado.
En comparación con el resto de Andalucía, Granada se encuentra en la zona tibia con respecto a la tasa de abandono educativo (23,2). Se sitúa prácticamente a la par de la media autonómica (23,5%) y bastante alejada de las que registran los índices más elevados: Almería (40,3%) y Huelva (30,2%). En este caso, Almería ha seguido aumentando los porcentajes hasta casi duplicar la media andaluza. Cabe recordar el alto grado de población inmigrante que tiene esta provincia, familias en las que aún no ha calado la obligación de escolarizar a sus menores y de que éstos no dejen la enseñanza hasta, al menos, los 16 años.
A nivel regional, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, incide en que en la comunidad autónoma “los indicadores de resultados muestran un elevado porcentaje de abandono educativo temprano respecto al porcentaje de la media española (18,3%)”.
También destaca que las tasas de idoneidad por edad “son algo más bajas que la media de España”. Maeztu hace hincapié en los alumnos de 14 y 15 años, “en los que Andalucía muestra una tasa menor, es decir, hay menos estudiantes que se encuentran matriculados en el curso que le corresponde”. De igual modo, alerta de que la tasa bruta de graduados es también más baja en Andalucía que la media española, “especialmente en ESO y los ciclos formativos de grado medio”.
La queja de Loja que ejemplifica la falta de monitores de educación especial
El Informe del Menor de 2018 recopila también las denuncias más frecuentes en el ámbito educativo. La primera a la que se refiere el Alto Comisionado es la de “la ausencia o escasez” de profesionales técnicos de integración social (los antiguos monitores de educación especial) y de profesores de pedagogía terapéutica.
En este punto conviene recordar que un informe de la Cámara de Cuentas, dado a conocer en septiembre de 2018, revelaba que el gasto de la Junta de Andalucía por cada alumno de Educación Especial (es decir, aquéllos que presentan alguna discapacidad) se ha reducido un 18,15% desde 2012, en plena crisis económica. Así, si aquel año el gasto global en dicha atención ascendía a 4.576,74 euros, un cuatrienio después la cifra se redujo a 3.745,97 euros. Y todo ello en una época en la que el aumento presupuestario en educación fue del 15% frente a un incremento del alumnado que se acercó al 40%.
El informe de la Cámara de Cuentas, en el que ya se menciona la merma de monitores de educación especial, hace hincapié en la necesidad de que “haya mayores dotaciones presupuestarias para mantener la prestación del servicio en similares condiciones” y evitar situaciones en la que “las asociaciones de padres de alumnos con necesidades especiales destinen recursos propios para atender o complementar los recursos públicos.
“Como ejemplo señalamos la denuncia de una Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) por la falta de profesor de pedagogía terapéutica en un centro escolar del municipio de Loja. El problema surge porque al actualizarse el censo del colegio no aparecen todos los menores con necesidades educativas especiales y el horario de atención se ha visto disminuido, por lo que consideran que los menores no se encuentran correctamente atendidos”, apunta el informe.
Otras denuncias se refieren a las infraestructuras educativas. Según datos hechos públicos por la Consejería de Educación tras el cambio en el Gobierno andaluz, en la provincia de Granada hay más de 150 obras en centros educativos sin ejecutar. Los trabajos llevan pendientes desde 2016 y suponen un coste de 31millones de euros. Tales cifras se encuentran recogidas en el informe de evaluación elaborado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae). Las actuaciones pendientes engloban labores de distinta índole y envergadura. Desde la eliminación de barreras arquitectónicas a la sustitución de cubiertas.
Para que las obras no vuelvan a acumularse y se responda cuanto antes a las necesidades de la comunidad educativa, el departamento que dirige Javier Imbroda prevé activar un plan para abreviar la tramitación de las actuaciones. Actualmente este plazo oscila entre los seis y nueve meses. El objetivo es que se resuelva en una semana.
No podía faltar en este cómputo de denuncias las relacionadas con la denegación de plaza en el colegio elegido, especialmente en los concertados. Una dificultad que hace imposible la reagrupación de hermanos en el mismo centro. En estos casos, la Defensoría informa a los padres del procedimiento a seguir para que investiguen los supuestos fraudes cometidos durante el proceso de escolarización, que puede acabar con la pérdida de plaza por parte de los alumnos cuyos padres hayan engañado con datos falsos.
El consejero Imbroda ya anunció el pasado marzo que para el proceso de escolarización de 2020 se modificará el decreto que regula la admisión del alumnado, con el fin de facilitar la libre elección de colegio dentro de la oferta pública, uno de los principios básicos de la política educativa del nuevo Gobierno andaluz, conformado por PP y Ciudadanos. Entre los cambios a introducir se encuentra la reformulación de las áreas de influencia, el aumento de los tramos de la renta familiar para lograr mayor progresividad y mantener las listas de espera para conseguir plaza en un centro educativo hasta septiembre.
El problema de la conflictividad en las aulas y el acoso escolar también lo aborda el referido informe, en el que se incide que tales casos “siguen dándose en Andalucía, si bien hemos de destacar que, al igual que acontece con las quejas, el número de consultas sobre este problema ha descendido con respecto a otros años”. En ese sentido, el Alto Comisionado destaca que “la experiencia de los últimos años nos lleva a reconocer los significativos esfuerzos realizados por la Administración educativa en la adopción de medidas para prevenir y erradicar estos comportamientos”.