La juez absuelve a Gerardo Sánchez y al empresario que lo denunció

El tortuoso camino judicial que han recorrido el que fuera alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, y un empresario, Rafael Aibar, que se cruzaron denuncias por injurias -en el caso del segundo, además, acusó al primero de negociación impropia a funcionario público- ha cumplido una estación de penitencia más. Tras unas accidentadas sesiones en el juicio oral, en las que Aibar llegó a ser advertido por la magistrada de que sus reiterados intentos por aplazar la vista podían constituir un fraude de ley, ahora una sentencia absuelve a los dos acusados de los delitos de los que se acusaban.

En concreto, y por partes, Aibar imputaba a Sánchez los delitos de injurias, calumnias y negociaciones prohibidas a funcionario público. La juez detalla que en "farragoso relato de los hechos" realizado por el abogado del empresario, se especifica que en una reunión de Sánchez con un representante de Los Verdes, el primero afirmó que Aibar "era un mafioso" y de haber "infiltrado espías" en la Junta. La sentencia defiende que no hay pruebas de lo afirmado por la acusación, como tampoco "queda acreditado" que Sánchez culpase a Aibar "de haber enviado fotos a su entonces mujer de una supuesta infidelidad con otra mujer y que le costó el divorcio de su esposa". La juez reprocha, además, que en el escrito de acusación Aibar intente incluir un delito de prevaricación "que fue expresamente excluido" de la causa, ya que fue archivado.

En cuanto a la negociación prohibida a funcionario, el empresario acusaba a Sánchez de actuar -en su etapa como delegado de Medio Ambiente de la Junta- contra una operación de venta de los terrenos que Aibar tenía en el Parque Natural de Castril y que, afirma, Sacyr tenía interés por comprar varias fincas por 21 millones. Argumenta Aibar que Sánchez se puso en contacto con el director general de Sacyr, algo que él mismo negó en su declaración. Para apoyar su versión, Aibar aporta como prueba el testimonio del que fuera su cuñado, algo que, según el fallo, "no prueba intervención alguna del entonces delegado en el negocio propuesto por Aibar con voluntad de frustrarlo".

Por su parte, Sánchez acusaba al empresario de injurias por haber hecho afirmaciones como que el es delegado "viajó dos semanas al Caribe (...) consumiendo botellas de ron de 300 euros (...) disfrutando en su estancia de la presencia de chicas muy jóvenes". También le acusaba de haber actuado "de mala fe" en la operación de venta en Castril y de tener "conexiones" con el promotor del Nevada, Tomás Olivo. Además, también le acusó públicamente de no haber justificado el gasto de nueve millones de euros de fondos europeos que se tenían que haber invertido en las fincas de su propiedad en el Parque Natural de Castril. En cuanto a la mala fe, la juez argumenta que es una "opinión personal" del acusado. El resto de afirmaciones, que la juez estima "ciertamente desafortunadas" no son constitutivas de delito. En este caso en concreto, porque la condición de cargo público de Gerardo Sánchez "le obliga a soportar mayores dosis de crítica que si tratase de un particular".