Diez meses, diez acciones distintas y ninguna definitiva en materia de inmigración

Granada/La falta de espacio para la acogida de inmigrantes. La suelta de estas personas en la estación de autobuses de Granada. Las denuncias por las malas condiciones en las que se encontraba el CATE de Motril. La habilitación de pabellones municipales o el barco que tuvo que atracar una noche en el Puerto para evitar que los inmigrantes quedaran a la intemperie. El intento de adecuar el pabellón militar EVA-9, el rechazo a esta medida desde Motril y su paralización. La falta de efectivos para prestar atención a los inmigrantes y el "refuerzo policial" puesto en marcha desde Subdelegación del Gobierno. Las tiendas de campaña instaladas en el Puerto para asumir las funciones de CATE. Las deficiencias denunciadas por los agentes que prestan servicio en este campamento y las diversas inundaciones -la última, ayer- de la instalación. La llegada del Open Arms a Motril para establecer allí su base y su marcha unas semanas después ante la falta de acuerdo con Salvamento Marítimo para practicar rescates. A lo que se suma la polémica en torno a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una inversión de 3 millones para acometer las obras de "un CIE" en el EVA-9 y su posterior "paralización" y matización por parte de la Subdelegación del Gobierno sobre esta medida. Si hubiese que resumir lo ocurrido en materia de inmigración en lo que va de año, este podría ser, grosso modo, un ejemplo de ello.

Diez meses, cerca de 8.000 inmigrantes rescatados en la Costa granadina -algunos de ellos sin vida tras haberla perdido en el mar-, y diez acciones que han marcado la actualidad de la provincia respecto a una crisis humanitaria que sigue evidenciando la falta de previsión institucional y que ahora suma un capítulo más: Motril tendrá su segundo nuevo Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en menos de un año.

El Ministerio del Interior va a instalar "en los próximos días" los módulos prefabricados que sustituirán a las tiendas de campaña que desde agosto habían sido habilitadas en el Puerto motrileño para la acogida de inmigrantes. Otra "medida de urgencia" a falta de un proyecto definitivo para dar respuesta a una situación que desde hace una década no ha dejado de intensificarse.

En cuanto al segundo nuevo CATE, aún no se ha hecho pública la capacidad que tendrá, ni cuantos módulos serán, ni sus características. Tampoco la fecha exacta en la que se instalará -todo apunta a que, salvo que finalmente todo se agilice, será la semana que viene al haber sido festivo este jueves-. Ni siquiera el lugar exacto de su ubicación.

Si bien, según ha podido saber Granada Hoy, la localización será la explanada en la que actualmente se encuentran las tiendas de campaña y que, pese a que se habrían barajado otros lugares, estaría confirmada desde hace dos semanas, fecha en la que el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció públicamente que se iba a llevar a cabo. Una decisión que no ha caído en gracia entre los efectivos que trabajan en el CATE.

Con esta medida se pondría fin, al menos en principio, a las diversas inundaciones dentro de las tiendas cada vez que hay lluvias o temporal, como ha vuelto a ocurrir durante las últimas horas. Tanto el miércoles como ayer hubo que achicar agua ya que las lluvias de estos días han provocado una nueva situación de emergencia: la zona donde alojan a los inmigrantes estaba totalmente anegada.

Pero pese al anuncio de la instalación de los módulos, ahora la mayor incógnita radica en si la zona también será adecuada -es decir, si se revestirá o se elevará el terreno de algún modo, ya que ese lugar está marcado como "inundable", como ha sido certificado una vez más en las últimas horas-, o si habrá un cambio de última hora y se escogerá otro lugar para ello. De hecho, esta es una de las exigencias que piden desde el Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), pues pese a que celebran esta medida, advierten que la superficie debe también de acondicionarse. Tal y como indican, si el exterior se inunda en días de lluvia o temporal, como viene ocurriendo, su trabajo "también se ve afectado pues, además de acompañar a los inmigrantes entre los módulos, tienen que trasladarse de uno a otro para prestar servicio y cruzar una zona anegada".

Del mismo modo, esperan que se solventen otras carencias como la actual ausencia de calefacción o aire -en principio los módulos estarían equipados con aparatos de este tipo-, o la mejora de la conexión a internet para así "agilizar los trámites de identificación de inmigrantes". En este sentido, mantienen su reivindicación de la necesidad de más dotación de personal o que se amplíe el plazo de identificación.

Actualmente, son 72 horas las que marca la ley para esta labor, si bien, desde el SUP entienden que esta norma se estableció en una época en la que "no había el volumen que hay ahora de inmigración, ni tampoco esta falta de personal".

Asimismo, solicitan que se establezca "un plan anual para crear un gabinete de crisis compuesto por las instituciones, las ONG, Salvamento Marítimo, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para mantener reuniones periódicas y establecer un marco de actuación".

Además, la instalación de estos módulos permitirá que se puedan efectuar los trabajos para remodelar el viejo CATE, del que incluso el Defensor del Pueblo denunció su mal estado.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron a este diario que se realizará una evaluación para conocer en profundidad el estado de la infraestructura y se elaborará un informe técnico en el que se detallarán tanto la situación en la que se encuentra el edificio, como las necesidades con las que se cuenta en la demarcación.