La acusación popular pide más de dos años de cárcel para la excúpula de Urbanismo en la pieza San Jerónimo

Granada/La acusación popular ha solicitado penas de más de dos años de prisión para la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) y otros tres excargos de su departamento por supuestas irregularidades en la concesión de la licencia de primera ocupación del residencial 'Ciudad de la luz', compuesto por 300 viviendas, garajes y trasteros.

El asunto se investiga en la pieza separada del 'caso Nazarí' conocida como expediente San Jerónimo, la única que queda en tramitación de esta causa junto a la del expediente Mulhacén.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas acusa de prevaricación --activa y/u omisiva-- y de prevaricación urbanística a Isabel Nieto; al director técnico de Obras en el momento de los hechos, Manuel Lorente, al exdirector de Licencias, E.M.H. y a un arquitecto jefe del Servicio de Obras por aquel entonces.

Para Isabel Nieto solicita concretamente dos años y cuatro meses de prisión, y más de 30 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; mientras que para los otros tres acusados pide dos años y medio de prisión y aproximadamente 25 años de inhabilitación, según se precisa en el escrito, que adelanta 'El Independiente de Granada'.

También la Fiscalía ha mantenido su acusación en esta pieza después de que la Audiencia de Granada anulara el auto que en julio de 2023 ya procesó a la excúpula de Urbanismo por este asunto. El tribunal limitó los hechos constitutivos de delito a la recepción/ocupación parcial de la urbanización y dejó fuera otros como el de cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para los cuatro acusados por presuntamente vulnerar la legalidad urbanística para la concesión en 2012 de la licencia de primera ocupación para este conjunto residencial de dos edificios situado en la calle Pedro Machuca. Ello para supuestamente beneficiar a un promotor.

Mantiene la fiscal que la licencia se dio "aduciendo razones de interés público inexistentes" y "a pesar de no estar finalizadas las obras de urbanización como era preceptivo legalmente". Afirma que los acusados actuaron en contra de los criterios establecidos en anteriores informes técnicos y sin el "preceptivo informe jurídico". Tampoco contaban supuestamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo referido al desvío del Barranco San Jerónimo, "contraviniendo" con ello "de forma muy grave la legalidad".

También advierte en su escrito la fiscal de la "multitud de problemas" que sufren actualmente los vecinos por el "estancamiento" de la urbanización de este plan parcial.