El acusado del robo de la talla de Santa Margarita asegura que la compró legalmente por 10.000 euros

Granada/La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha celebrado este martes la primera de las dos sesiones del juicio contra el acusado de apoderarse en 2018 de una talla de Santa Margarita de Cortona, valorada en 400.000 euros, y que se encontraba en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Realejo. Durante la sesión de hoy, el acusado principal ha asegurado que compró legalmente la talla por 10.000 euros, un dinero que pagó al contado a las propias monjas, de ahí que no exista ningún documento que atestigüe dicha transacción porque ellas "no quisieron", así como tampoco firmó el escrito que las religiosas le entregaron exponiendo que le cedían la santa, junto a otras piezas, para su restauración.

El principal acusado, para el que Fiscalía solicita cinco años de prisión por un delito de apropiación indebida, ha negado en todo momento ser un restaurador, asegurando que su profesión es la de compraventa de antigüedades y que se interesó por la talla de Santa Margarita (además de otras de San Agustín) al saber que el convento se estaba cerrando y que "querían vender cosas", ha expresado durante el juicio. "Vine aquí, me gustó y la compré y luego ya me enteré de que era buena", ha relatado a preguntas de la fiscal.

La versión contraria la han mantenido las dos monjas que han testificado también este martes, a través de videoconferencia dada su condición de clausura. La primera en tomar la palabra ha sido la comisaria pontificia, encargada de supervisar las labores de cierre del convento del Realejo, asegurando que "nosotras nunca hemos vendido" ninguna obra, y que lo sí se hizo fue realizar un "presupuesto para la restauración" de varias piezas, entre ellas la de Santa Margarita, que fue entregada en un primer momento al principal acusado con este fin.

Sin embargo, tras un tiempo, las monjas reclamaron de nuevo las figuras al acusado, que recibieron de su parte una falsificación y no la pieza original. No fue hasta tiempo después, según han testificado esta mañana las monjas, cuando a raíz de la información aparecida en los medios de comunicación comprobaron que la talla que tenían en su poder era falsa, por lo que no denunciaron en su momento el robo, lo que sirvió para que el Ministerio de Cultura concediese el permiso para su salida del país.

Los agentes de la Policía Nacional que investigaron la causa, y que también han testificado hoy a través de videoconferencia, han explicado, frente al testimonio de los procesados, que de la talla barroca existía una copia "de no muy buena calidad" que tenían las monjas clarisas.

Ante esta situación, otra de las religiosas que ha testificado este martes ha tratado de defenderse, asegurando que "en el convento nadie sabía de arte", al tiempo que ha precisado que la figura se encontraba expuesta en la Iglesia y que las religiosas, por su condición de clausura, permanecían en el coro, por lo que tampoco podían apreciar en detalle la obra para comprobar si era realmente una falsificación.

Durante sus declaraciones, ambas monjas han reconocido proceder de Estepa (Sevilla) y haberse trasladado a Granada para gestionar el cierre del convento, que tuvo lugar en 2018 tras la muerte de la abadesa. Ante esta situación, ambas han coincidido en que no conocían en detalle la situación que atravesaba el edificio de calle Molinos, al tiempo que no conocían al comprador (o tasador) que finalmente se llevó la pieza, y que accedieron a ello "porque las monjas insistieron".

A preguntas de por qué se permitió que el acusado se llevase la talla, en teoría para restauración, sin firmar ningún tipo de documento, la comisaria pontifica ha asegurado que "en aquel convento lo hacían así, se llevaban la imagen y hacían la restauración". Por su parte, la otra monja ha asegurado que "por lo visto allí había mucha facilidad" para entregar las obras para su restauración "aunque en mi convento no ocurre así". En referencia al papel que demuestre la compra o el presupuesto para restauración, esta monja ha asegurado que "la impresora estaba rota", de ahí que "no quede copia en el convento".

De cualquier forma, fue en el año 2019, cuando SOS Alhambra denunció que la talla de Santa Margarita de Cortona atribuida a José de Mora se encontraba a subasta en Nueva York a través de una galería madrileña, especializada en antigüedades y cuyo propietario también está acusado de un delito de recepción por el que se enfrenta a tres años de cárcel y que ha sido citado hoy para declarar.

Durante su declaración, el dueño ha relatado que compró la imagen al otro acusado por 90.000 euros (la mitad en efectivo y la otra mitad con un coche de segunda mano, ha precisado), pero ha negado en todo momento que supiera que venía de un convento o que existiera un origen ilícito que impidiera comerciar con ella, explicando que a raíz de las distintas desamortizaciones que ha vivido España gran parte de la imaginería religiosa está en manos privadas.

Ha explicado también que la obra, "que no constaba como robada", obtuvo el permiso de Cultura para ser exportada, de ahí que la ofreciera en la feria neoyorquina, aunque finalmente no llegó a Estados Unidos y fue entregada a los agentes.

Sin embargo, hay rastro de su intento de venta anterior en otros países. La propia galería, con la que contactó este periódico cuando el asunto salió a la luz, admitió que se puso a la venta en Maastricht (Países Bajos) en el mes de marzo por 350.000 euros, la misma cantidad con la que posteriormente se ofertó en la feria de Nueva York. 

Preguntado sobre esto, el responsable de la galería, que también ha asegurado que se enteró del problema cuando la Policía contactó con él, ha explicado en la sede de la Audiencia de Granada que fijó un precio inferior al real por la pieza ante la duda de poder o no exportarla para su venta, ya que este tipo de obras requieren de un permiso especial del Ministerio de Cultura.

En otro orden de cosas, el primer comprador ha explicado que, pasado un tiempo de la compraventa de la talla, las monjas le pidieron que devolviera las piezas y trató de hacerlo, por lo que pidió al galerista de Madrid que le devolviese la imagen de Santa Margarita, para lo que le transfirió 45.000 euros y este, a cambio, entregó la escultura religiosa.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que el principal acusado sea condenado al pago de una multa de 9.900 euros y pide otra de 8.100 para el propietario de la galería de arte, según consta en el escrito de conclusiones provisionales. El juicio está previsto que quede visto para sentencia el miércoles, tras celebrarse la segunda sesión.