La adaptación del Cubo a Ciudad de la Justicia será por fases: primero los tribunales de la Audiencia y los juzgados civiles

Justicia saca a licitación el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra por 2 millones de euros hasta 2028

"Limitaciones presupuestarias impiden por el momento acometer su completa adecuación", recoge el expediente

Los plazos de la Ciudad de la Justicia de Granada

Interior del edificio del Cubo.
Interior del edificio del Cubo. / Antonio L. Juárez / Photographerssports

Granada/La Consejería de Justicia ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra para la adecuación a sede judicial del edificio del Cubo de Granada. Un anuncio que supone el inicio de los trabajos de adecuación del inmueble para la futura Ciudad de la Justicia de Granada una vez que el 5 de diciembre pasado se firmó el contrato de compraventa con CaixaBank por 22,5 millones. Como anunció la Consejería, una vez que la Junta es titular del inmueble, se iban a agilizar los trabajos para cumplir con los plazos del Plan de Infraestructuras Judiciales. Y este es el primer contrato para ello, en el que se destinarán casi 2 millones de euros a la redacción del proyecto y dirección de obra. La duración del contrato es de 38 meses, por lo que una vez adjudicado se estiman 3 años para su conclusión total. Con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el importe de licitación sin IVA es de 1,6 millones y con IVA sube a los 2 millones de euros. Para pesentar las ofertas se ha puesto como fecha límite el próximo 12 de febrero.

Finalmente, según se detalla en los documentos de la licitación pública, se hará una reforma por fases con un primer alcance que será parcial. Según el pliego de prescripciones técnicas del contrato, consultado por este periódico, "limitaciones presupuestarias impiden por el momento acometer su completa adecuación, lo que exige, en el marco de una propuesta de actuación de adaptación global del edificio que habrá de alcanzar el desarrollo máximo de proyecto básico y constituye parte del objeto de este contrato, la redacción de un proyecto de ejecución de las obras de máxima prioridad que habrá de constituir una intervención parcial o fase 1 y cuya ámbito se delimitará de forma precisa durante la ejecución del contrato una vez la entidad adjudicataria haya ejecutado de conformidad el proyecto básico y obtenga el informe favorable". Es decir, el anteproyecto y proyecto básico deberán contemplar el proyecto global de intervención para su comleta adecuación pero el proyecto básico y de ejecución alcanzará la ejecución de las obras de adecuación del edificio de la primera ocupación . Así, la cuantificación de las necesidades a satisfacer en el proyecto de la fase I de adecuación se determinará una vez se disponga del proyecto básico de adecuación global del edificio. El límite de presupuesto para la ejecución de las obras recogidas en el contrato hace que el alcance de esta actuación parcial tenga como prioridad la delimitación del área del edificio objeto de la fase I, que será albergar los tribunales de la Audiencia Provincial y los juzgados unipersonales de las jurisdiccicones Civil y Contencioso-Administrativa conforme al nuevo modelo de juzgados.

Como explica el expediente, el objeto del contrato es el trabajo de redacción de proyecto y dirección facultativa de la obra del Cubo, donde se trasladarán gran parte de los órganos judiciales y fiscales con sede en Granada y los servicios de la Administración de Justicia. Un edificio con dos sótanos y siete plantas sobre rasante que suman una superficie construida de 36.525 metros cuadrados. La parcela tiene también espacios libres para aparcamiento y jardín.

Imagen de la firma el 5 de diciembre de 2024 del contrato de compraventa del edificio.
Imagen de la firma el 5 de diciembre de 2024 del contrato de compraventa del edificio. / Antonio L. Juárez / Photographerssports

El Servicio de Obras y Patrimonio de la Dirección General de Planificación estudió la viabilidad del inmueble para acoger la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial, los órganos de las Jurisdicciones Civil, de lo Contencioso-Administrativa y Social, así como los servicios de la Administración de Justicia Necesarios. También el Decanato, la Coordinación Provincial de LAJS, Mugeju, los colegios profesionales de abogados, procuradores, el servicio de orientación jurídica y el de mediación.También ubicará el archivo. Esto será el programa general de uso del edificio. Y para acoger todo esto hay que adecuar el edificio, hasta ahora de oficinas bancarias. Y además se pretende que se adapte tanto al programa funcional ahora diseñado "en una primera fase de ocupación racional del edificio como a todos los crecimientos futuros que experimente la planta judicial de Granada y que llevarán a que el edificio en un futuro albergue todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal", que irá en el edificio que se construirá en el solar anexo al Cubo.

Con todo, como se ha explicado por cuestión presupuestaria, "la voluntad del órgano de contratación es llevar a cabo una primera fase de ocupación con los órganos antes mencionados, por lo que el proyecto básico y de ejecución preceptivo para lanzar la licitación de las obras alcanzará solo esa primera adecuación del edificio, con una inversión más contenida".

Obras hasta 2028 en esta primera fase

Aunque el contrato no se divide por lotes, se detalla que el precio de la fase de redacción del proyecto será de 1 millón de euros y la dirección facultativa, de 632.011 de lo que se ha denominado primera fase, sin contar el IVA. El gasto del contrato se distribuirá en cuatro anualidades, desde 2025 hasta 2028.

La previsión es que el contrato pueda comenzar su ejecución alrededor de abril o mayo. Después, el calendario que se contempla es el siguiene, según el expediente: 2025 trabajos previos, anteproyecto y proyecto básico; 2026 proyeto básico y de ejecución, eestudio de seguridad y salud y un 5% de dirección de obra y ejecución de la misma; en 2027 se ejecutará un 60% de dirección de obra y en 2028 el 35% restante y las certificaciones finales.

El plazo de ejecución del contrato se divide en dos fases. La primera es la de redacción del proyecto y la segunda la de la dirección facultativa, que se iniciará con la firma del acta de replanteo y autorización del inicio de las obras. Así, se calcula según los plazos por meses desde el inicio del contrato que la fase de redacción del proyecto se prolongue durante ocho meses y la dirección facultativa llegue desde los 26 meses a los 38 de la liquidación final. "Dichos plazos parten de una estimación de periodo de obras de 18 meses, que se considera adecuada a la dimensión de las mismas", por lo que la obra en sí durará año y medio desde el arranque de los trabajos.

Criterios a valorar

Entre los criterios a valorar, punturá el mejor esquema de funcionamiento del conjunto y los espacios libres, la seguridad de accesos y la eficiencia en los recorridos. Tambien la idónea ubicación de las áreas funcionales y su futuro crecimiento dentro del edificio, la accesiblidad y diferenciación de las circulación. Se prestará especial atención a la funcionalidd de los recorridos y las relaciones entre espacios con mayor afluencia de público (salas de vistas o registro civil), los circuitos habituales para el personal interno trabajor y las específicas condiciones requeridas para la estancia y movimiento de detenidos.

También se valorará el interés arquitectónico de la propuesta así como la preservación y potenciación de los valores arquitectónicos y el carácter emblemático de un edificio que fue diseñado por el arquitecto Alberto Campo Baeza. Obtendrá también puntos la adaptación del conjunto al uso judicial con soluciones razonables y eficientes para la adaptación sucesiva del edificio desde una primera ocupación del mismo a una progresiva transformación que culmine en el proyecto global de adaptación del conjunto, por lo que se valorará también el impacto de obras futras sobre lo que ya funcione.

El Pliego de Prescripciones Técnicas, también analizado por este periódico, recoge que las necesidades el edificio tendrán que satisfacer el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, cuya entrada en vigor podría ser anterior al inicio de los trabajos de redacción del proyecto, lo que determinaría la inminencia de la implantación del nuevo modelo judicial, que introduce cambios profundos al convertir el modelo tradicional de juzgados unipersonales independientes, compuesto cada uno por un magistrado, un letrado de la administración y un número variable de gestores, tramitadores y auxiliadores, en un Tribunal de Instancia único, organizado por secciones correspondientes a los asuntos que trate, compuestas cada una de ellas por los magistrados, actuales titulares de los juzgados, letrados y un número determinado de funcionarios de los cuerpos de gestión y de tramitación procesal y administrativa. También la audiencia provincial se verá afectada por la nueva ley aunque con efectos menos notorios.

Se recoge que para las necesidades que no puedan abordarse en esta primera fase, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, se podrán progrmar en el futuro otras obras hasta culminar la adaptación del edificio.

Necesidades globales en el nuevo edificio por secciones

Las necesidades globales del edificio según sus servicios obligará a ubicar diferentes órganos judiciales. La Audiencia Provincial de Granada se ubicará íntegramente en el edificio, incluso su Presidencia y su unidad de tramitación, lo que exigirá la permanencia en sede de detenidos para su asistencia a las vistas orales y salas de vistas con requisitos específicos para ello, en particular la del jurado. En la actualidad, dispone de 3 secciones civil y 2 penales, con 19 magistrados, 5 letrados de la administración de Justicia, LAJS, uno por cada sección y 5 oficinas. La nueva ley sustituye las oficinas, antes independientes, por una nuica unidad de tramitación. Para la Audiencia Provincial se necesitarán: despacho del presidente, sala de juntas para unas 25 personas, antedespacho y sala de espera. Además, para el tribunal de la Audiencia harán falta despachos de magistrados, salas multiusos para deliberaciones, despacho de dirección de la UTRAM, de letrados de la administración de justicia, de la jefatura de equiopo de la UTRAM, la unidad de tramitación de la Audiencia Provincial y espacio para el auxilio judicial

El edificio del Cubo albergará también las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativo y Social del Partido Judicial de Granada, con carácter prioritario las dos primeras, que son las que se incluyen en la primera fase de reforma. El Tribunal de Instancia se organizará por secciones: Civil (se conformará a partir de los actuales 17 juzgados de Primera Instancia, los 3 de Primera Instancia-Familia y los 2 de lo Mercantil); Contencioso-Administrativa (a partir de los actuales 5 juzgados) y Social (se conformará a partir de los actuales 8 juzgados). Cada sección estará compuesta por los magistrados titulares de los actuales juzgados. Se ha estimado un crecimiento de las mismas. El Tribunal de Instancia de Granada dispondrá de las siguientes dependencias: salas multiusos, despachos de magistrados, salas de espera infantiles, dos despachos para equiios psicosociales.

La Unidad de Tramitación del Tribunal de Instancia (UTRAM) será la responsable de la ordenación del procedimiento y se organizará por áreas: Civil, Contencioso-Administrativa y Social se situarán en este edificio y la Penal no. Tendrá despacho de dirección y de letrados de las tres secciones, entre otros.

En cuanto a los servicios comunes procesales, han de preverse el General (SCPG) y el de Ejecución (SCPE). Ambos servicios son únicos para todos los tribunales, por lo que para esta sede conlleva una dotación fraccionada acorde a los tribunales que albergará. Tendrá dirección del servicio, las dependencias de la junta electoral provincial y de zona, salas de archivo, oficinas de tramitación, salas multiusos, equipo de averiguación patrimonial, etc.

En cuanto a la Fiscalía Provincial, precisa una ubicación específica como órgano diferenciado en cuanto a la sección especializada en asuntos de Familia, que deberá permanecer en el Cubo. Tendrá atención al público, despacho del fiscal coordinador, despachos de fiscales, oficina de la sección y zonas de auxilio.

El Registro Civil combinará antención en mostrador y en mesa y estará integrado por un área de atención al públio para trámites, sala de espera, despacho de letrado, oficina de tramitación y 14 puestos de trabajo. También tendrá salas de entrevistas, de auxilio judicial y archivo. Además, se preverán las necesarias para la celebración de bodas de unos 80 metros cuadrados y con salida directa al espacio libre exterior y una antesala de bodas para las esperas.

Salas de vistas, zona de detenidos, bodas y seguridad

Una característica del edificio es su tipología, con un patio central cubierto, espacios de trabajo en sus cuatro frentes y escalres en su cuatro ángulos, lo que a priori se estima buen punto de partida para la adecuación a su uso judicial. La planta jardín es susceptible de albergar las salas de vistas, lo que permite destinar el resto de las plantas del edificio a los órganos y servicios de la administración sin exigir una modificación profunda. Se hacen necesarias, según el proyecto, 21 salas de vistas: 11 de 60 metros cuadrados y 14 de 80, en las que no se prevé asistencia de detenidos; 3 de 80 metros cuadrados para vistas con detenidos y 1 para la celebración de juicios con jurado. Con sus dependencias anexas como antesalas, esperas de testigos y esperas de detenidos.

También habrá de dotar de área de detenidos para personas procedentes de un centro penitenciario y siempre bajo custodia policial, por lo que hay que extremar las condiciones de seguridad. Tendrá depósito de furgón policial, sala de cacheos, sala de retén, celdas, sala de ruedas de reconocimiento, sala de declaraciones y aseos. Tendrán conexión inmediata con las zonas donde tengan que ser trasladados para su asistencia a una vista oral.

En cuanto a la circulación y seguridad, la adaptación del edificio necesita distintos grados de accesibilidad: zonas abiertas, acceso controlado, acceso restringido y acceso prohibido, lo que requiere prevere circulaciones diferenciadas para personal y público e incluso exclusivas de determinados usuarios. Las áreas de circulación abiertas son la atención al público del SCPG, las salas de vistas, registro civil, servicio de mediación o servicio de orientación jurídica. Zonas de acceso controlado, a las que el público en general no tendrá acceso, serán, entre otras, despachos y oficinas de colegios profesionales y de la abogacía pública, salas multiusos, zonas de espera del SCPG y del SCPE. Las zonas de acceso restringido serán la totalidad de los lugares de trabajo a excepción de los de las zonas abiertas. Las zonas de acceso prohibido son las dependencias de seguridad y control de acceso al recinto o al edificio así como las dependencias de su personal, archivo de documentos y depósito de piezas de convicción, incluso archivos vivos de cualquier área.

El salón de actos mantendrá su configuración actual con 775 metros cuadrados y aforo para 384 localidades, manteniendo las mismas prestaciones.

Por último, habrá espacio para los colegios profesionales y la abogacía pública, decanato, coordinación provincial de secretarios judiciales, la mutualidad Mugeju, para traductores y peritos, locales sindicales, 3 salas de descanso, 3 salas de lactancia y vestuarios.

Actuación en la cubierta

Dentro de las actuaciones prioritarias a ejecutar deberá incluirse la solución a los graves problemas de estanqueidad de la cubierta del edificio (planta 7) y, en menor medida, a las filtraciones de la cubierta de la planta jardín. Según el documento, "tras las consultas urbanísticas realizadas, se descartan soluciones que pudieran plantear la cubrición de las zonas de la cubierta en las que se ubican instalaciones".

Al constituirse la cubierta como un elemento esencial de la envolvente del edificio, las soluciones que se propongan deberán contemplar la mejora del aislamiento térmico de la cubierta, cuantificando su indencia sobre la eficiencia energética del edificio.

El documento incluye también que de la consulta realizada por técnicos a Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, habría que realizar un cambio de uso del edificio a equipamiento comunitario S.I.PS. Servicios de las Administraciones Públicas, que se solicitaría con la licencia de obra.

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