Albayzín Habitable propone que las viviendas turísticas de Granada no superen el 10% del total de cada barrio

El problema del turismo en Granada vuelve al primer plano informativo después de que la asociación Albayzín Habitable haya interpuesto una serie de alegaciones a las modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que propone el Ayuntamiento de la capital, que para este colectivo suponen "una modificación menor" que no permiten "ni de lejos solucionar los múltiples problemas generados", según se recoge en el documento, al que ha tenido acceso este periódico y en el que se propone establecer un límite del 10% de las viviendas y apartamentos turístico sobre el total de viviendas familiares de cada barrio.

Para esta asociación, la innovación del PGOU que se propone desde Plaza del Carmen supone "una operación de maquillaje, un avance mínimo, un paso demasiado corto que no regula absolutamente nada de lo importante", a raíz de lo cual exigen al Ayuntamiento "tomar soluciones urgentes y valientes".

Estas soluciones pasarían, según la asociación, por seguir el modelo de Sevilla y Barcelona, que "pretenden limitar la densidad de alojamientos de uso turístico aplicando un porcentaje máximo de implantación respecto del número de viviendas familiares disponibles". En la ciudad andaluza se toma como referencia cada barrio, mientras que en la catalana se establece, según recoge el documento de alegaciones, cuatro zonas y a su vez la cuarta se subdivide en otras cuatro secciones.

A raíz de esto, la asociación propone implantar un límite por barrios que permita "equilibrar la distribución de este tipo de alojamientos a lo largo de los distintos barrios de Granada, contribuyendo a reducir la saturación de aquellos que ya superan ese porcentaje y facilitando que las nuevas licencias se distribuyan por toda la ciudad, siempre sin superar ese porcentaje máximo en cadabarrio".

La asociación exige al Ayuntamiento "trazar una línea protectora del uso residencial frente al turístico en todas sus formas", de lo contrario se propiciarán zonas tensionadas, "invadidas y depredadas por el turismo", pues sin límites claros, el turismo, que pese a todo Albayzín Habitable reconoce que genera riqueza, "no puede haber ni sostenibilidad ni verdadera protección del derecho a la vivienda".

Ya con anterioridad, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció su intención de realizar "distrito por distrito" el nuevo planteamiento urbanístico de la ciudad, con el objetivo de "hacer compatible el turismo con el día a día de nuestros vecinos", explicó la regidora popular.

También el Ayuntamiento anunció el encargo de un estudio a una empresa externa para analizar la realidad de los pisos turísticos en la ciudad y con base en eso poder declarar los barrios que estén saturados o incluso los "edificios y calles", como explicó Carazo en rueda de prensa antes del verano.

"Según los datos de este estudio, de su análisis, estableceremos límites proporcionales para limitar el uso de viviendas turísticas a nivel de edificios, perímetros, áreas, calles o barrios", dijo la alcaldesa, asegurando que estos dos trabajos, el del análisis del estudio y el de la innovación del PGOU, irán en paralelo.

Sobre este estudio, el escrito de Albayzín Habitable exige que, una vez el Consistorio lo tenga en su poder, le dé publicidad y que se convoque una reunión con las asociaciones y colectivos vecinales para analizar el resultado del mismo "y escuchar y debatir las propuestas concretas", las cuales se deberían incluir en la innovación del PGOU.

Otra de las medidas propuestas por la asociación es de la suspensión de nuevas licencias, una medida ya anunciada por el Ayuntamiento de la capital, "pero no refrendadas hasta la fecha por ningún texto legal vinculante", mientras se tramita la innovación del PGOU. La realidad, sentencia la asociación, "es que, en los meses transcurridos desde la entrada en vigor del Decreto 31/2024, y gracias a la publicidad que el Ayuntamiento ha dado a las futuras restricciones, Granada se enfrenta a un aluvión de nuevas viviendas turísticas".

En este sentido, en su texto de alegaciones, la asociación incide en que las modificaciones del PGOU se centran exclusivamente en el auge de las viviendas de uso turístico (VUT), y no en otras opciones, que según explican en el escrito, es el punto fundamental de las innovaciones, pero que a su juicio no es el principal problema de la turistificación en Granada. Así, citando el decreto que en junio limitaba los pisos turísticos, el escito recoge una serie de "efectos colaterales negativos", entre los que se encuentra a dificultad de acceso a la vivienda "debido al aumento de los precios de los alquileres", la gentrificación o una serie de problemas "medioambientales, territoriales y urbanísticos".

La asociación asegura en que la actuación exclusivamente sobre las VUT tendría "escasos efectos" en barrios como el Albaicín o el Sacromonte, pero también en Realejo y el Centro, "donde predominan las viviendas unifamiliares que cuentan con acceso separado", de ahí que se pida aprobar todo un conjunto de medidas que afecten a varios sectores socioeconómicos.

Más adelante, la asociación asegura que "no hay ni una sola medida nueva propia del Ayuntamiento" para regular las VUT ni los apartamentos turísticos, con la única excepción de la imposición de tener un acceso separado, lo cual "no se deriva de un cambio normativo", sino de la inclusión de este tipo de viviendas dentro de la figura de alojamiento turístico, algo que según asegura Albayzín Habitable en su escrito viene por mandato de la normativa autonómica. Este cambio no tendría ningún efecto en el barrio histórico, pues no queda protegido "en absoluto" frente a los grandes grupos inmobiliarios "que pueden seguir adquiriendo cármenes para convertirlos en apartamentos", denuncia el colectivo.

Por consiguiente, Albayzín Habitable concluye que las innovaciones del PGOU no son más que "una mera adaptación terminológica" y que no suponen un cambio real, de hecho acusa al Ayuntamiento de querer "apuntarse a los movimientos políticos" puestos en marcha en otras grandes capitales y acusa al equipo de Gobierno de falta de voluntad política para abordar el problema.

En resumen, han demandado la necesidad de una "revisión más comprometida y efectiva del PGOU e incluir medidas efectivas que favorezcan la distribución equilibrada del desarrollo turístico en toda la ciudad de forma que sea compatible con la calidad de vida y el derecho a la ciudad para los todos los habitantes de Granada".

Para la plataforma, el Ayuntamiento no tiene excusa "para no ir mucho más allá en la regulación urbanística de los alojamientos turísticos si de verdad quiere intentar mejorar los problemas diagnosticados por la excesiva turistificación".

Carazo apuesta por el diálogo

Carazo ha abogado este miércoles por abordar el debate para la articulación de una tasa turística desde el "diálogo" entre los ayuntamientos, en el marco de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, junto con la Junta de Andalucía y el sector, si bien ha precisado que a su parecer "debe ser en todo caso para todos los establecimientos turísticos, como ocurre ya en otras ciudades y en otras comunidades autónomas".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas después de que, este pasado agosto, el alcalde de Málaga, el también 'popular' Francisco de la Torre, enviara una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la que, entre otros asuntos, planteaba una tasa por pernoctación en viviendas turísticas y cuya recaudación se destinaría a subvencionar los alquileres de familias en situación de exclusión social.

 El asunto, según Carazo, se debe "abordar de forma conjunta" entre los ayuntamientos "porque hay diferentes intereses" y "cada ciudad es diferente" y puede "proponer el mecanismo, el procedimiento" o "la finalidad" de esta herramienta conforme a sus propios "objetivos", partiendo de la base de unos "acuerdos" en el marco de los cuales la alcaldesa de Granada entiende que la tasa "debe ser en todo caso para todos los establecimientos turísticos, tal y como ocurre ya en otras ciudades y en otras comunidades autónomas".

En este contexto ha mostrado su disposición a "tender la mano y a abordar este debate y a hacerlo también de la mano del sector", lo cual "es crucial" para que "esté presente y participe en todo ese trabajo".