El alcalde de Armilla se enfrenta a un año de cárcel por los vertidos en el PTS

La Fiscalía de Granada ha solicitado un año de prisión, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial para la profesión u oficio por seis meses para el alcalde de Armilla, el socialista Gerardo Sánchez, por un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales relacionado con los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS).

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público interesa la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal, en una causa que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que el pasado mes de septiembre rechazó sobreseer el procedimiento.

La fiscal de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, recuerda que la construcción y urbanización del Plan Parcial Campus de la Salud de Armilla se desarrolló en tres fases o etapas, correspondiendo al Ayuntamiento de Armilla la urbanización de la fase tercera. En esta tercera fase, se establecía que el saneamiento estaría constituido por dos redes independientes: La denominada "red aliviadero" que recogería las aguas negras y pluviales de toda la zona aguas arriba; y la denominada "red norte" que sanearía las parcelas situadas aguas abajo.

Así, por parte de Sánchez, alcalde de Armilla desde 2007 hasta junio de 2011 -y actualmente, tras prosperar una moción de censura contra el PP- se solicitó en fecha 19 de noviembre de 2008 para las obras de urbanización de la tercera fase de ese Plan Parcial, una subvención "urgente" con objeto de hacer frente a los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y pluviales dado que a pesar de estar ejecutadas un 40 por ciento de las obras de urbanización de uso residencial, los vertidos existentes se realizaban a acequias y además las aguas pluviales provenientes de las dos primeras fases no tenían salida canalizada hasta el colector de la margen derecha del río Monachil.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) concedió la subvención solicitada mediante resolución de 18 de febrero de 2009 cuyo fin era la financiación de los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y vertidos en los trabajos de urbanización de la tercera fase respecto de la edificaciones de uso residencial.

Concedida la subvención, el importe de la misma se destinó a las obras de urbanización, saneamiento, y abastecimiento de agua potable, "a excepción de dos tramos de colector que permitieran la conexión de la red de saneamiento norte y red aliviadero con el colector de la red general de Granada, EDAR Sur".

Las razones de no finalizar el proyecto, según admite la Fiscalía, "fueron de carácter técnico y suponían un incremento del presupuesto inicialmente previsto", "razones ajenas", al Ayuntamiento de Armilla y al alcalde, lo que hizo constar la agencia IDEA.

Las obras necesarias para la finalización de la red de saneamiento y evitar los vertidos consistían en la conexión del saneamiento general del Campus de la Salud que se encuentra en la puerta de Fermasa. Para ello era preciso cambiar el punto de conexión a la red general inicialmente previsto, pero al finalizar las obras "la empresa constructora dejó una tubería cortada a la espera de conectar con el colector de Emasagra".

Ya el 28 de marzo de 2011 el alcalde procesado "autorizó la conexión de la red inacabada a la acequia Arabuleila para desaguar la red en evitación de que pudiera entrar en carga", con "desconocimiento grave" de las normas de precaución y cuidado que le eran exigibles en atención al cargo que desempeñaba, y tomando una decisión "sin las autorizaciones legalmente exigibles".

Según la fiscal, "no se realizó por el Consistorio solicitud al Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de autorización de vertido a la acequia Arabuleila", si bien ese "vertido no podría ser autorizado por cuanto que la acequia no constituye un elemento del dominio público hidráulico". "En cualquier caso y si se hubiera obtenido la autorización, la utilización para riego implicaría la correspondiente autorización de reutilización de aguas depuradas", aclara.

Así, aunque en agosto de 2011 un técnico de Servicio Andaluz de Salud no detectó vertido alguno, en enero de 2012 agentes del Seprona, comprobaron la existencia de caudal de vertido de agua residual procedente de vertido directo de la red de saneamiento a la acequia Arabuleila y procedieron a la toma de muestras.