La imputación del alcalde queda en manos de la Audiencia de Sevilla
Caso judicial contra Francisco Cuenca
Francisco Cuenca, candidato socialista para las municipales de mayo, tendrá que esperar el resultado de su apelación contra las últimas decisiones del juez de instrucción, que ha reactivado el caso contra él y otros responsables de la Junta.
El futuro judicial inmediato del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quedará ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. En los próximos meses, de gran trascendencia política por la proximidad de las elecciones municipales, el tribunal tendrá que decidir si se ha de mantener o archivar la imputación de tres delitos al regidor granadino, en el caso que investiga el juez de instrucción de Sevilla José Ignacio Vilaplana por la adjudicación de contratos para el control de cursos de formación de la Junta de Andalucía.
Un nuevo rechazo del titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a la petición de dejar al alcalde a un lado de esta causa, da paso a la intervención de la Audiencia Provincial, que ahora tendrá que pronunciarse sobre la apelación planteada por la defensa de Cuenca.
El juez Vilaplana dictó un auto este verano en el que rechazaba el sobreseimiento de la causa para Cuenca, a la vez que reactivaba la instrucción del caso con la orden de practicar nuevas diligencias y ampliar la lista de personas investigadas por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante los años en los que el alcalde granadino fue delegado de Innovación de la Junta de Andalucía. El actual alcalde está investigado por los posibles delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Sindicato Andaluz de Funcionario fue quien presentó la denuncia que provocó la apertura de diligencias penales en 2016.
Aquel auto del 16 de julio era especialmente duro para Francisco Cuenca, pues el juez aportaba un relato completo de los indicios criminales y supuestas ilegalidades cometidas por el regidor en la adjudicación de contratos a determinadas empresas. El recurso planteado por su defensa incide, según expone ahora el juez, en “los mismos argumentos que ya fueron valorados”, por lo que vuelve a rechazar el sobreseimiento y ordena elevar la apelación a la Audiencia para que decida en última instancia.
El último auto del juez, fechado el 12 de noviembre, y al que ha tenido acceso este periódico, incide también en un aspecto que podría no favorecer la posición del alcalde en su aspiración de ser apartado de la causa. El instructor recuerda que es la propia defensa de Cuenca la que ha propuesto recientemente (el 22 de octubre) la práctica de nuevas diligencias de investigación, lo que a juicio del juez es un reconocimiento “tácito” del investigado de que la instrucción no está aún completada y, por tanto, no sería el momento de atender una petición de sobreseimiento.
Las irregularidades en la contratación
El auto dictado por el juez en julio pasado rechaza el sobreseimiento del caso para Francisco Cuenca en base una serie de hechos o sospechas que quedaban expuestas en la resolución. El investigado, en calidad de delegado "habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de Formación Profesional para la Economía Social de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011 llevándose a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como memoria justificativa".
Éstos, estarían articulados como un contrato menor de servicios y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados; sin que conste como tal el contrato administrativo; concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva con el siguiente valor económico: 12.412 euros (IVA incluido) el contrato menor de 2010 y 12.000 el correspondiente a 2011. "Atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a empresas contratistas Eca Grupo Bureau Veritas y CRL Consultores y Asociados S.C.A. de forma injusta y arbitraria". Detentación que, "se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes oficiales posteriormente presentados ante la administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y atribuidas".
También la U. O. P. J. de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla pone de manifiesto irregularidades en el proceso de contratación del que cabe deducir la arbitrariedad y falta de justificación del mismo" y se observa un posible fraccionamiento del contrato con la finalidad de "disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o relativos al procedimiento de adjudicación".
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