La alcaldesa de Granada confía en la palabra de la Junta para ejecutar la segunda fase de la ciudad de la justicia

La no inclusión de la segunda fase para la futura ciudad de la Justicia de Granada en el Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) de la Junta hasta 2030 ha levantado las dudas sobre cómo se hará esa segunda fase y, sobre todo, cuándo. Máxime cuando el acuerdo con los operadores jurídicos alcanzado por la Junta para la compra del Cubo y albergar allí toda la jurisdicción civil, llevaba aparejado irremediablemente ese compromiso, en el que insistían los operadores jurídicos para dar por bueno el traslado de sedes judiciales a la zona Sur de la ciudad pero que por ahora no figura por escrito en ningún sitio.

En su última visita a Granada donde habló de sedes judiciales, el consejero de Justicia no quiso dar fechas precisamente para no entrar en el riesgo de incumplirlas aunque verbalmente garantizó la construcción del nuevo edificio en el solar municipal próximo como parte del acuerdo. Esta misma semana en otra visita al TSJA junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tampoco se ha habló de Granada. No hubo preguntas y se emplazó a una próxima visita a Granada. Y ya se conocía que el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 no dice ni una palabra de esa segunda fase, solo de la compra del Cubo. En ese acto solo habló de la ciudad de la justicia la alcaldesa y de la reivindicación histórica de Granada, que consideraba atendida.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, preguntada por este periódico este miércoles sobre las dudas de la segunda fase y el por qué no está en el PIJ, ha dicho que confía en la palabra de la Junta y en que se cumpla un acuerdo que se llegó con esas dos fases, aunque ha asegurado que no le corresponde a ella dar fechas ni plazos, sino confiar en ese acuerdo al que se ha referido expresamente en consejero hace unos meses en Granada y en el que participó Carazo en reuniones con todos los operadores.

"La planificación le corresponde a la Consejería. En las reuniones en las que yo he participado desde el primer momento con todos los operadores ha habido acuerdo y consenso respecto a la planificación, marcada en una primera fase en la ocupación del Cubo y en una segunda fase que se supone la construcción de un nuevo edificio en la parcela que cedió el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía para reagrupar y acabar con la dispersión judicial. Yo entiendo que los pasos están marcados, anunciados, previstos, planificados y desde luego acordados y consensuados con los operadores judiciales", asegura Carazo.

Para la alcaldesa, que no entiende que se generen dudas, "está todo acordado con quien corresponde, hablado, estudiado y planificado por parte de la Consejería de Justicia" pero no habla de plazos porque "no me corresponde darlos a mí". "Yo he ofrecido colaboración al máximo y ya trabajamos en cómo favorecer la mejora de la accesibilidad y la gestión del tráfico, ya que será un gran equipamiento".

Carazo reconoce que no se habló nunca de compatibilizar las dos fases sino que primero se hará la adaptación del Cubo y traslado y luego el proyecto del nuevo edificio. Para ese proyecto, habrá que terminar de solucionar las cuestiones urbanísticas para la cesión del suelo a la Consejería de Justicia y después empezar con el encargo del proyecto, que se lleva solo en la redacción casi dos años, por lo que estaríamos hablando de una segunda fase más a largo plazo y, sin duda después de ver el documento de planificación de las infraestructuras judiciales, después de 2030.