La alcaldesa de Granada garantiza que darán seguridad jurídica a la zona de bajas emisiones para que no ocurra lo de Madrid

Granada/El Ayuntamiento de Madrid se llevó este martes un revés judicial al conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia madrileño (TSJM) contra las zonas de bajas emisiones de la capital, que quedaban anuladas tras tres años en funcionamiento. Una situación que lleva al resto de municipios obligados a implantarlas a revisar protocolos y tomar medidas para no terminar también en los tribunales. En el caso de Madrid, fue una denuncia de Vox la que ha llevado a su anulación al no contar para su implantación con un estudio económico que anticipara los efectos de la medida.

En Granada, el Ayuntamiento de la capital va a poner en pruebas la zona de bajas emisiones este octubre y hay tranquilidad al respecto. La propia alcaldesa, Marifrán Carazo, preguntada sobre si Granada cuenta con ese informe económico y cómo van los trámites, ha acarlado que siempre ha apostado por dar "seguridad jurídica a su implantación", de ahí que al llegar a la Alcaldía encargaran estudios e informes sobre los que sustentar sus medidas "al no encontrarnos ninguna medición. Partíamos de cero".

"Siempre he mantenido que la seguridad jurídica es fundamental. No pueden ser medidas caprichosas. Nosotros lo que hemos hecho es encargar ese estudio para poder justificar esas decisiones y evitar el resultado que ha ocurrido en Madrid, que viene de largo, de la época de la alcaldesa Carmena", que después Martínez Almeida mantuvo. "Dotarnos de seguridad jurídica es lo más importante y una clara planficiación".

"También teníamos que modificar hasta 14 ordenanzas y unificarlas en una de Movilidad para dar seguridad también al residente y al granadino. En ese camino estamos para tomar decisiones en base al estudio y a la planificación. Yo creo que así es como se deben hacer las cosas y ese camino hemos tomado", ha dicho la alcaldesa.

Carazo espera que la zona de bajas emisiones de Granada "no tenga esas consecuencias porque estamos poniendo toda la vigilancia en ello", aunque ha reconocido que son "planteamientos que en algún momento pueden acabar en un juzgado y retrasar la implantación de todas esas medidas, por tanto agilidad pero a la vez paso a paso para poderlo hacer con seguridad jurídica para todos, para el Ayuntamiento y el ciudadano".

La zona de bajas emisiones de Granada se pondrá en marcha en pruebas en octubre y entrará en vigor definitivamente en abril de 2025. En un principio, con el gobierno anterior de PP-Cs y después con el PSOE se pensó centrarla en la 'almendra central' de la ciudad pero con la llegada de Carazo se replanteó el proyecto y se decidió que afectara a toda la ciudad con el límite de la Circunvalación y la Ronda Sur pero solo para los vehículos de fuera (no registrados en Granada capital) y solo para los más contaminantes, es decir, los que no tienen etiqueta (más de 20 años): los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores a 2006.

En la fase en pruebas no habrá consecuencias para los conductores y será un periodo de información y advertencia hasta abril, cuando ya entrará de forma definitiva y sí se multará a los vehículos que circulen sin cumplir la medida.

Vox Granada: "Llevamos advirtiendo desde el anterior mandato"

El Grupo Municipal de Vox ha advertido tras la sentencia de Madrid que ellos vienen denunciando desde el anterior mandato que "el Ayuntamiento de Granada carece de un informe de impacto socioeconómico para conocer cómo afectará a los granadinos esta restricción a la movilidad".

Según la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, explica que la sentencia del TSJM especifica que "no se tuvieron en cuenta importantes consecuencias en el terreno de la economía de un importante sector de la población, el de menos capacidad económica, el más vulnerable frente a las medidas restrictivas; ni la incidencia en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado”, algo en lo que "desde nuestro grupo municipal hemos insistido una y otra vez, la falta de un informe que analice las consecuencias de esta imposición que restringe la libertad de movimiento de los granadinos", ha declarado

La portavoz asegura que van a "seguir defendiendo con uñas y dientes a los granadinos, especialmente a las familias más vulnerables y a los trabajadores, de los delirios climáticos que les complican la existencia y les criminalizan por el simple hecho de moverse en su coche de toda la vida”, ha insistido Sánchez. En Vox “defendemos a todas las familias, todos los vecinos con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, todos los autónomos y propietarios y empleados de empresas o pymes, que se pueden ver afectados por una Zona de Bajas Emisiones a la que Vox siempre se ha opuesto: frente a las imposiciones de los gobiernos del PP y del PSOE que quieren restringir el uso del coche en nuestra ciudad, nosotros defendemos el derecho de los granadinos usar sus vehículos libremente", ha señalado la portavoz de Vox.