"Los alquileres se seguirán pagando aunque se hunda la economía"
Huelga de alquileres
Los sindicatos de inquilinos han convocado una huelga contra el abono de la renta ante el estado de la alarma
Granada/El coronavirus se ha convertido en un auténtico efecto dominó. Lo que comenzó como una epidemia asiática, ha terminado por poner en jaque a medio mundo; y lo que empezó como un tema sanitario, finalmente ha derribado los pilares de Occidente. La obligación del confinamiento ha provocado el cierre de locales y de empresas vía ERTE, lo que a su vez ha llevado a que muchas familias se vean en dificultades para hacer frente a todos los gastos.
En la encrucijada entre pagar el alquiler o llenar la nevera, muchas personas han optado por la segunda opción, sumándose a la huelga de alquileres que a nivel nacional están poniendo en marcha distintas asociaciones y que en Granada tiene su reflejo en el sindicato de inquilinas e inquilinos, Casa de Paso.
Desde esta organización explican que lo que se busca con esta acción es "visibilizar la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas familias" durante el estado de alarma. Una situación que no es nueva ya que gran parte del parque de viviendas granadino está destinado a pisos turísticos u hoteles, lo que ha llevado a un aumento del precio en el metro cuadrado disponible.
Entre los que han preferido llenar la nevera se encuentra Ángel Lopera. Técnico de sonido de profesión, este granadino se vio sin trabajo semanas antes del inicio del estado de alarma y ve muy complicado que su sector pueda regresar pronto a la normalidad. "Como yo no soy el responsable de mi falta de ingresos, me sumo a esta huelga para presionar al Gobierno y que meta mano en este tema", afirma este joven, que sostiene que igual que el Ejecutivo se hace cargo de los ERTE, debería ser quien pague los alquileres.
Cargas familiares
Pese a todo, este joven se considera afortunado por no tener cargas y poder subsistir con el poco dinero que le queda. "Yo puedo comer solo arroz, pero a un niño pequeño necesitas darle buena comida", explica para referirse a otros 'manifestantes' que se han sumado a la huelga de alquileres y que tienen hijos, como es el caso de Sara Bauzas, que además de su estómago tiene que llenar el de sus dos hijos, de tres y cinco años.
Como Lopera, esta madre pertenece a uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica, el de los hoteles. El 20 de marzo terminó su trabajo como responsable de planta en un hotel y desde aquel día no ha recibido ningún tipo de ingreso en su cuenta, ya que, como ella misma explica, aún no se ha tramitado su ERTE.
La situación de Bauzas es más dramática si cabe por el hecho de que su conexión con la capital nazarí es casi nula, pues llegó aquí huyendo de su ciudad natal para ingresar en un programa de protección a víctimas de violencia de género y, por su seguridad, no puede mantener contacto con nadie de su familia. Bauzas abandonó el programa cuando consiguió trabajo y empezó a valerse por sí misma, por este motivo, afirma rotundamente que no pide "ningún regalo", sino una ayuda "hasta que me den lo que es mío", en referencia al dinero del ERTE de abril.
A Bauzas se le quiebra la voz cuando se le pregunta por las consecuencias que el impago pueda tener legalmente. "Tengo muchísimo miedo, sobre todo por los niños", responde. "Tengo miedo de que nos desahucien y vayamos a la calle. Mi hijo mayor tiene cinco años y a entiende ciertas cosas y no sabría cómo explicarles que estamos nos quedamos en la calle", continúa entre sollozos.
Ella entró en contacto con la Casa de Paso tratando de conocer los detalles de las medidas puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, unas medidas que el propio sindicato califica de "totalmente te insuficientes". Desde su punto de vista, el mensaje que está lanzando el Ejecutivo con su gestión inmobiliaria es bastante claro y lo resumen en una frase que también resume el sentimiento de muchos de los que han secundado la huelga: los alquileres se seguirán pagadora aunque la economía se derrumbe".
Una rebelión sin base jurídica
El abogado Jaime Tejerizo contesta, sin saberlo, a Ángel Lopera al afirmar del error que, a su juicio, supone ver sin más al Estado como un garante universal de todos los pagos de los ciudadanos que hayan visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de la pandemia. Para él, esta huelga puede tener sentido desde un “punto de vista moral”, pero “no tiene base legal”, ya que no existe ningún tipo de regulación jurídica que la avale. El letrado esgrime el principio general del derecho conocido como Pacta sunt servanda, que traduce como “los contratos hay que cumplirlos”, por lo que considera que, ante la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler, los inquilinos deberían adherirse a las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo (prórroga de los contratos que expiren durante el estado de alarma, prohibir los desahucios en los próximos meses, incluso moratorias en el pago de los alquileres o préstamos ICO a interés 0). Desde su despacho, que en los últimos días está recibiendo numerosas llamadas de clientes preguntado por este tema, advierte de que, una vez vuelva la normalidad, podrán llegar numerosas demandas por impagos, por lo que la solución podría ser peor que el problema en sí. Como último recurso, Tejerizo vuelve al latín y recomienda que si realmente se han producido cambios esenciales con motivo de esta pandemia, debería acudirse a la vía judicial aplicando la cláusula Rebus sic stantibus, que permitiría modificar un contrato de arrendamiento alegando que las cosas han cambiado desde que se firmó por causas imprevisibles e inevitables. No considera en definitiva prudente aconsejar a nadie a iniciar un impago generalizado de sus deudas sin advertir de las consecuencias jurídicas que ello pueda conllevar, sin previamente intentar valerse de las ayudas que, con mayor o menor acierto, se han instrumentalizado.
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