Los trece altos cargos que decidieron sobre la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial a la que optaba Granada

Elección de la AESIA

La comisión fue la encargada de elaborar el informe que se elevó al Consejo de Ministros y que recomendaba la elección de Coruña

Granada, candidata de excelencia que se quedó a las puertas de la AESIA

Nadia Calviño y la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, junto al edificio que alojará la Agencia, el palacio de La Terraza. / Lavandeira Jr / Efe
R. G. / A. A.

13 de diciembre 2022 - 05:00

Trece altos cargos de distintos ministerios, con un perfil técnico, pero a la vez muy ligados a sus respectivos ministros, fueron los encargados de tomar una de las decisiones de mayor relevancia para Granada en los últimos años. El pasado 22 de marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto que determinaba cómo sería el procedimiento para determinar dónde se ubicarán las futuras sedes físicas de los nuevos organismos estatales. Entre ellos estaba la la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), a la que optaba esta ciudad y que finalmente ha ido a parar a Coruña.

El Real Decreto establecía que la decisión sobre dónde se ubicarán estos organismos dependería de una comisión consultiva, que se constituyó el pasado 6 de abril. Según la información facilitada a través de un comunicado por el Ministerio de Política Territorial,este órgano debe asesorar al Gobierno en la determinación de las nuevas sedes de la Administración General del Estado debe asesorar al Gobierno, "sin incremento del gasto, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los distintos departamentos ministeriales que la integran".

Según esa misma información del Ministerio, la comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Junto a ella, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, que ejerce de vicepresidente; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvaréz, vocal permanente; y el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, que ejerce de secretario de la comisión creada.

Además, están en este ente Andrés Valverde, director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; Gemma del Rey, subsecretaria de Trabajo y Economía Social. Esta representante del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz, es ingeniera superior en Informática y funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

Ambas ministras, las gallegas Calviño y Díaz, han sido las más efusivas en estos días en sus redes sociales a la hora de felicitar a la candidatura ganadora de Coruña. Calviño ha visitado también la ciudad y el edificio de la futura sede, para dar la enhorabuena en persona a la alcaldesa Inés Rey.

Completan la comisión Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Hilda Jiménez, directora general del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Juan Tejedor, director general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública; y Clara Mapelli, directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Por último, también figuran en el listado Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Rafael Oñate, director del Gabinete del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Gabriel Castañares, director

general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

Este organismo asesor se debe reunir al menos una vez al año "y siempre que haya que determinar la sede física de una entidad pública". Es el encargado de elaborar un informe sobre los requisitos que se deben tener en cuenta para la elección de la sede, realiza un dictamen con el análisis de las posibles ciudades que pueden albergar ese organismo público y, finalmente, elabora un informe anual que se lleva al Consejo de Ministros. "Los criterios de la comisión para la determinación de las sedes reforzarán las políticas del Gobierno en distintas áreas, especialmente ante el reto demográfico", especifica el Ministerio de Política Territorial.

En el caso de la AESIA, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el 7 de noviembre, la Comisión consultiva solicitó a los Ministerios de adscripción un informe que debían emitir en el plazo de 10 días. Concluido ese tiempo, la Comisión debía elaborar un dictamen para analizar las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podría tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan los criterios establecidos por la Comisión. Al final, esto no ocurrió o solo se tuvo en cuenta a las concurrentes.

El destino de la Agencia de Inteligencia Artificial se decidió el pasado 5 de diciembre. La reunión de esa Comisión se celebró en la misma mañana, justo antes del Consejo de Ministros. Todo ello, por tanto, en un tiempo muy reducido de pocas horas y de forma inesperada, porque sólo estaba prevista ese día la decisión sobre la Agencia Espacial Europea (que irá a Sevilla) y no la AESIA, cuyo dictamen en principio se iba a demorar hasta final de año.

La Agencia, que finalmente se ha concedido a Coruña, comenzará a operar en junio de 2023 y nace con la idea de contar con 40 funcionarios. La Comisión tuvo que estudiar las candidaturas de 16 ciudades o municipios españoles, aunque, según lo publicado días después en BOE, solo tres de ellas llegaron a ser finalistas, Granada, Alicante y A Coruña. Las tres tenían puntuación suficiente para ser consideradas candidatas excelentes. La elección final se ha justificado en el Boletín de un modo cualitativo, pero no cuantitativo, con la publicación de los puntos obtenidos en cada apartado ni la suma total obtenida. En Granada, todas las instituciones y demás implicados en la candidatura exigen al Gobierno que haga públicos los datos concretos y se facilite el acta completa de la comisión.

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