Alvise, criptomonedas y la ruina de un emporio hostelero de Granada

Granada/A los posibles clientes que estos días entren al restaurante La Castellana, en Ángel Ganivet, les recibirá un cartel, en el que, aprovechando la típica pizarra para anunciar el menú, puede leerse: "Lamentamos no poder atenderle por falta de stock. Disculpen las molestias". Es el penúltimo coletazo de una trama que está afectado a toda España y de la que Granada no ha podido esquivar el golpe, se trata de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), cuyo fundador Álvaro Romillo, más conocido como CryptoSpain por su nombre en redes sociales, denunció a Alvise Pérez (líder del partido Se Acabó La Fiesta), haciendo acaparar todos los titulares de los medios de comunicación.

Al poco de conocerse esta noticia, que Romillo habría financiado ilegalmente la campaña del eurodiputado (que el 9J se convirtió en la cuarta fuerza de la provincia) con 100.000 euros, todos los ojos se pusieron sobre Madeira Invest, y a conocerse muchos de los detalles de esta trama, que extiende su sombra sobre varios negocios de Granada. Así, además, del ya mencionado La Castellana, también se incluiría entre los afectados los dos establecimientos de Negro Carbón y La Casual, así como el Hotel Colón.

A estos nombres podrían sumarse otros muchos que están empezando a salir, según asegura en declaraciones a este periódico Carlos Aránguez, responsable del bufete que interpuso la primera demanda contra MIC ante la Audiencia Nacional, aunque el legrado se escuda en el secreto de sumario y no añade más nombres a la estafa, prefiriendo guardar silencio.

A la espera de que se revelen los nombres de los demás afectados, los que se conocen hasta ahora en la provincia tienen una peculiaridad, apunta el abogado granadino, y es que todos eran "una explotación de determinados negocios", no eran propiedades como ocurre con otros casos, especialmente fuera de España (además de en nuestro país, hay afectados en Alemania, Francia o Portugal), se trataba de un alquiler.

Ante esta situación, tanto el bufete de Aránguez como el de Zaballos, en Madrid, el otro despacho que ha demandado a Romillo, han pedido la designación de un administrador judicial, con el objetivo de que "los beneficios que generen estos negocios no pasen al grupo de empresas, sino que se acumulen en una cuenta judicial para indemnizar a los trabajadores", explica el granadino.

De momento ambos bufetes han solicitado esta medida a la Audiencia Nacional, aunque aún no se ha puesto en marcha, pero no obstante desde Madrid confían en que esta medida se acate "cuanto antes" para evitar que el daño sea mayor, según confiesa Francisco Jiménez, miembro de Zaballos Abogados, a este periódico.

Por su parte, Aránguez se muestra tranquilo hasta la llegada de esa medida, asegurando que "hasta ahora no hemos detectado ninguna anomalía en las nóminas" de los negocios afectados en Granada, aunque puntualiza que eso se refiere exclusivamente a septiembre y que "octubre puede ya ser otra cosa".

Lo que sí se supo ayer martes, es que desde el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid (Diligencias Previas 2487/2024) se ha notificado a Aránguez un auto por el cual se acepta la denuncia colectiva por intrusismo profesional que interpuso contra contra Romillo. Según Aránguez, este hecho ayuda enormemente al procedimiento de recuperación de capital de nuestros patrocinados y a todos lo que siguieron los consejos de Álvaro Romillo. 

En todo el procedimiento, hay 53 empresas afectadas y 230 trabajadores, de los cuales medio centenar estarían repartidos por los distintos establecimientos en la capital. Al mismo tiempo, se calcula que hay más de 3.000 afectados y más de 600 millones de euros en supuestas pérdidas. 

Alvise, la cara y la cruz del caso

En el momento en que entró en la ecuación Luis Pérez Fernández, nombre real del eurodiputado, el caso tomó una nueva dimensión. No solo por la presunta estafa que se habría cometido por parte de Romillo, quien ya remitió dos escritos a la Fiscalía General del Estado en los que reconocía haber entregado 100.000 euros a Alvise y en el que ponía a disposición judicial su patrimonio, sino también por la visibilidad que dio al caso, especialmente por una persona con fuerte presencia mediática y en las redes.

De cualquier forma, la aparición de Alvise, que reconoció haber cobrado el dinero aunque está aforado, ha generado opiniones en cierta medida contradictorias entre los dos bufetes que capitanean este caso.

Por un lado, Aránguez afirma que la presión mediática derivada de la inclusión del político ha permitido agilizar todos los procedimientos y pone como el caso de Arbistar, en el que tardaron "siete meses en llegar a la Audiencia Nacional", mientras que en la de Madeira Invest el plazo se ha reducido hasta los cuatro días.

Por su parte, Zaballos emitió recientemente un comunicado en el que insistían en la necesidad de separar el caso de Madeira Invest del de Alvise, puntualizando que "pretender que el Supremo asuma el caso como un todo es condenar al fracaso a cualquier solución que se pretenda encontrar para todas las víctimas".

Al politizar el asunto, continúa el bufete madrileño, "se corre el riesgo de desviar el foco de los hechos concretos, lo que podría beneficiar a los responsables al diluir la gravedad de la estafa y retrasar las posibles compensaciones" a los afectados por Madeira Invest Club.

Los otros coletazos

La sombra de este caso es alargada y, además, de los afectados en Granada, es posible encontrar afectados en otras provincias.

Sin ir más lejos, Negro Carbón también aparecen entre las empresas vinculadas en Málaga, compartiendo espacio con el Festival de Música Selvatic y Málaga Fórum, nombre del recinto en el que tiene lugar el evento cultural. Todas, en estos momentos tienen un administrador único, según dio a conocer Málaga Hoy, Pedro Estanislao Bris García. Entre las empresas de que administra Bris García también está Elulegal, corazón del entramado necesario para MIC.

En una nota de prensa, a pesar de que el propio Romillo señala la propiedad de Selvatic Fest, la organización del festival niega cualquier "tipo de relación ni vínculo contractual con Madeira Invest Club". En la misma afirman ser un proyecto "cultural solvente y con perspectivas de futuro". En el pie de la misma aparece como colaborador el restaurante Negro Carbón, además de los patrocinadores, entre los que está la Junta de Andalucía.