Las anomalías de los 8 expedientes que salieron del cajón

El caso Nazarí estalló el pasado mes de abril y la rutina de la gestión municipal cambió. Tanto que derivó en un relevo de gobierno. El voto favorable de Ciudadanos al socialista Paco Cuenca pocos días después dejó patente la nueva era en la Plaza del Carmen. Trece años de mandato popular con José Torres Hurtado al frente que se saldaron con ciertas sospechas sobre una decena de expedientes urbanísticos relacionados con la Casería de San Jerónimo, Pabellón Mulhacén o el Campus de la Salud, entre otros. Un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), al que ha tenido acceso este periódico, detalla las conclusiones que se derivan de cada uno de esos casos.

ISe trata de un plan parcial localizado en la Zona Norte de la capital -en el entorno de la carretera de Jun- en el que las obras de urbanización no se llegaron a acometer al completo. El referido informe a la hora de enumerar las irregularidades apunta lo siguiente: "Al no adecuarse el ritmo de las obras de urbanización del PP-N2 conforme a los intereses de Casería de San Jerónimo SL, por parte de los representantes de esta mercantil procedieron a iniciar una serie de actuaciones irregulares".

En primer lugar, se indica que el promotor José Julián Romero "actuaba a su conveniencia en la Junta de Compensación, en contra del resto de juntacompensantes la mayoría de las veces, y aún contraviniendo los Estatutos de la misma. En relación a la obra de desvío del Barranco de San Jerónimo, "se realizó invadiendo terrenos fuera del Plan PP-N2, y de propiedad de terceras personas, sin que con anterioridad se produjera la expropiación de tales terrenos por parte del Ayuntamiento". Además, la actuación indicada se hizo "cambiando el proyecto aprobado por la Confederación Hidrográfica, y sin esperar a que tal Confederación diera el visto bueno a las modificaciones, rellenando el antiguo cauce del barranco". Una medida, según el informe, que "habría provocado una situación de peligro". Sobre el expediente de San Jerónimo, la Udef también alude a cuestiones irregulares en la concesión de licencia de primera ocupación, en la presentación de avales para dicho permiso y la administración desleal de la Junta de Compensación por parte de la mercantil Casería de San Jerónimo SL. El perjuicio económico ascendería a 2,4 millones de euros.

II Se trata del expediente relacionado con el bloque que se levantó sobre la parcela de la ya desaparecida Escuela Progreso, donde a día de hoy se encuentra la sede provincial del PP y la del Colegio de Médicos, entre otras dependencias. El informe refleja que el promotor Roberto García Arrabal destinó parte de la Parcela 01 -para uso terciario- al desarrollo de viviendas residenciales. Para eso la sociedad Taler Real State SL planteó un uso complementario al uso terciario comercial de la parcela. El Ayuntamiento accedió a ello, según se interpreta del informe, con un 'traje a medida'. Así, desde la Plaza del Carmen concedieron mediante decreto, en junio de 2014, la aprobación de modificación de uso de los edificios "pasando a ser residencial de vivienda plurifamiliar".

expediente obispo

IIILa rebaja de una sanción urbanística para un edificio de la calle Obispo Hurtado en la que reside el ya ex alcalde, José Torres Hurtado, y la que fuera concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, despertó las sospechas de los grupos de la oposición. El informe de la Udef recoge que ambos "tienen participación como propietarios en el número" de la referida vía. Es más, el documento incide en que Torres Hurtado junto a su esposa y Nieto "serían partícipes de la promoción inmobiliaria". La suma de las participaciones adquiridas por todos ellos en la cesión de suelo por parte de las Siervas del Evangelio "ascenderían al 72,65%". Además, la investigación apunta a que en la fachada del edificio se podría haber incumplido de forma "flagrante" los parámetros fijados por el Plan Parcial Centro en cuanto "a altura mínima y determinados materiales empleados, existencia de cuerpos volados y saliente de los mismos". También se recoge que el técnico informante de la licencia de primera ocupación "habría realizado hasta tres informes", corrigiendo en cada uno de ellos el anterior para "modificar a la baja" el importe de la sanción a abonar por el promotor. Dicha pena debería haberse abonado antes de otorgar la licencia de primera ocupación, algo que según apunta la Udef "no se tiene conocimiento de que tal cantidad haya sido abonada". El posible perjuicio causado a la ciudad podría ser de 429.386 euros.

IVEn este caso se estudia lo ocurrido a tenor con la parcela ubicada en el Cerrillo de Maracena donde estaba prevista la construcción de un Palacio de Hielo y, a posteriori, un centro comercial. El informe apunta a que la liquidación y pago de la deuda pendiente derivada del proyecto de Parcelación del PP-T1 y los aprovechamientos municipales correspondientes, se pacta "mediante convenio en el que se recoge que se debe 8,3 millones de euros al Ayuntamiento". Una cuantía a abonar entre las mercantiles Comarex (3,9) y JJ Consulting (4,2). La liquidación de la deuda se realiza mediante la participación de un 14,5% en "proindiviso" en la parcela TER-1 del PP-1. A todo esto se realiza una valoración "irregular al alza" del valor de la parcela TER-1 del PP-1 y, por tanto, de la participación del 14,5% que le corresponde al Ayuntamiento. Mediante un Estudio de Detalle -instrumento de planeamiento inferior- se modifican las condiciones de parcela mínima vigentes en el ámbito del Plan Parcial -instrumentos de planeamiento superior-, "sin cumplir por tanto el procedimiento de tramitación legalmente establecido".

Por orden de la por entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, no interviene el director del área "por oponerse" a ese cambio. Cabe señalar que el informe incide en que el Ayuntamiento "no dio a conocer cierta información" que se relacionaría directamente con los hechos investigados judicialmente meses atrás y que afectarían al núcleo decisorio del sobreseimiento. El perjuicio económico causado a las arcas municipales sumaría los 8,3 millones de euros. Además, el Consistorio afronta en la actualidad el pago de 2,7 millones por diferentes justiprecios.

expediente mulhacén

VEl empresario Ramón Arenas denunció (diciembre de 2013) la invasión en una parcela de su propiedad para construir el Pabellón Mulhacén. Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Granada vendió por concurso público al empresario una parcela de equipamiento de uso docente en la calle Baltasar Mar, destinada a construir una guardería y por la que pagó 400.000 euros. Esta parcela linda con el recinto deportivo, que ocupó 300 metros cuadrados del terreno preparado para ser una guardería. El informe de la Udef indica "trato diferente" con distintos adjudicatarios.

En el caso de Aremat Formación SL -de Ramón Arenas- se le informa de "ciertos límites" a las posibilidades de modificación de los contratos públicos de concesiones administrativas que en el caso de la sociedad Fontdeis SL no se realiza. De ahí que el escrito señale que existe "una contradicción o arbitrariedad a la hora de informar y proponer resoluciones entre las peticiones o solicitudes de unos concesionarios u otros". El mismo documento refiere que las modificaciones aprobadas, a petición del concesionario, "solo obedecían a solicitudes interesadas del concesionario y no a intereses públicos".

expediente parkings

VILa construcción y explotación de algunos aparcamientos subterráneos de la capital también están dentro de la investigación abierta por la operación Nazarí. El informe de la Udef señala la relación directa de los empresarios José Julián Romero y Enrique Legerén con la sociedad SierraPark SL. En 2008 se produjo una "importante" ampliación de capital de un millón de euros en dicha sociedad por parte de los socios JJ Consulting SL e Inversiones Legerén SL. La sociedad SierraPark SL ha sido la adjudicataria para la explotación de cinco parkings en Granada y la sociedad Constructora de Obras El Partal SAU -de Legerén- la adjudicataria para la construcción de dichos aparcamientos.

El informe señala que estos dos promotores "tenían información no conocida por otros promotores (...) consiguiendo en el periodo que transcurren los hechos el monopolio de la construcción y explotación de aparcamientos públicos en Granada, prevaliéndose de su relación personal con Manuel Lorente". Además, apunta a que habría un "trato de favor" hacia Julián y Romero ya que según refiere "las adjudicaciones se habrían producido de forma irregular al incluir por parte de Lorente en los pliegos de condiciones el derecho de tanteo o de preferencia para SierraPark SL". La suma total de los concurso adjudicados "irregularmente" asciende a 12,3 millones de euros.

expediente registrador

VII El informe de la Udef desvela que Jesús Camy, titular del Registro de la Propiedad número 6 de Granada sito en la calle Tórtola (números 11 y 13), figura como titular de la propiedad de siete inmuebles en dicha dirección, uno de estos inmuebles corresponde con un local de 211 metros cuadrados donde se ubica el citado Registro de la Propiedad. En fuentes abiertas consta que Camy colabora con la Gerencia de Urbanismo de Granada "en el desarrollo y ejecución de diferentes Planes Parciales urbanísticos". En relación a este asunto, hay un escrito-denuncia del entonces Director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, dirigida a Nieto denunciando la existencia de "graves" irregularidades en relación a la ilegalidad de una entreplanta existente en el edificio. Nieto "desoye" las indicaciones de De la Rosa y aprueba en Comisión Ejecutiva la concesión de la licencia de legalización y primera ocupación.

expediente CAMPUS

VIII La sociedad Inversiones Área Sur SL perteneciente al grupo empresarial de la familia García Arrabal y en la que Roberto García Arrabal figura como director general, habría vendido dos inmuebles a la UGR en la zona del PTS para uso comunitario deportivo. En uno de los inmuebles se encuentra el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud que tendría como fin la enseñanza universitaria. Al cambio de uso hay que sumar el hecho de que "incumpliría la altura y número de plantas que dicta la normativa urbanística de aplicación". Desde Urbanismo se dio aparente legalidad al incumplimiento del citado edificio del IMUDS y de la futura construcción pretendida, una residencia universitaria.