El caso del antiguo Victoria acaba en acuerdo tras 14 años de conflicto

El caso del desahucio presuntamente irregular del antiguo Hotel Victoria ya tiene desenlace juicial. Casi tres lustros ha habido que esperar para que el procedimiento, que incluso se extravió durante su bagaje judicial y tuvo que ser reconstruido, haya llegado a un juicio que quedó visto para sentencia el mismo día en que dio comienzo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada. Según informaron fuentes del caso a este diario, el pasado lunes, la Fiscalía y la defensa de los dos principales encausados llegaron a un acuerdo, en virtud del cual se impondrán seis meses de prisión al antiguo dueño del céntrico negocio y su socio, Eduardo S. y Fernando E., como autores de un solo delito: estafa procesal.

La extraordinaria tardanza en la tramitación de esta causa penal ha sido aplicada como "una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas", según las referidas fuentes, que precisaron que contra el resto de acusados el Ministerio Público retiró los cargos por no apreciar finalmente que su conducta haya sido delictiva. Cabe recordar en este punto que este proceso se seguía también por un posible delito contra los derechos de los trabajadores y otro de insolvencia punible, que al final han sido descartados.

El caso quedó así visto para sentencia después de una primera y única sesión en la que ocurrió una última vicisitud que sumar a la larga lista de contratiempos que ha marcado la historia de este expediente judicial. El asunto se inició en 1997 a raíz de la querella que presentó el ya fallecido Arturo Varela, que era director del establecimiento en la época en la que ocurrieron los hechos que desencadenaron el proceso y que ejercía la acusación particular. Tras su muerte, a principios de 2009, dos de sus hijos decidieron continuar su lucha judicial, pero un defecto en su personación -por lo visto falta algún documento crucial para acreditar su condición de herederos- les ha impedido continuarla.

Debido a este último incidente, la única acusación en el caso era la pública -la Fiscalía- por lo que no hubo otra parte acusadora que se opusiera al acuerdo antes referido y, por tanto, el caso quedó visto para sentencia "sin que fuera necesaria la práctica de la prueba prevista".

Fue a finales de los 90 cuando Arturo Varela, ex director del hotel (hoy explotado por la cadena NH, que nada tiene que ver con este asunto), decidió denunciar en los tribunales el desahucio presuntamente "irregular" de la empresa que lo explotaba antaño, Rumorti. El edificio era propiedad de una empresa del principal acusado, Eduardo S.P., y lo explotaba como hotel y cafetería esa empresa, Rumorti, en la que el ex director del hotel tenía acciones.

La Fiscalía formuló su acusación provisional en 2001, esto es, hace más de una década. En su escrito de conclusiones provisionales sostenía que la empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, veía en aquel negocio varios inconvenientes, como que carecía de "atractivo industrial" y era "un lastre importante" para cualquier inversor, tanto por contar con una "abultada plantilla con notable antigüedad", como porque la empresa explotadora estaba endeudada con Hacienda y la Seguridad Social. "Para colmo", añadía el fiscal, la propiedad recibía una renta anticuada debido a un contrato "muy rígido" que dificultaba su extinción. Ante esta situación, los acusados buscaron una salida, y "la mejor y más barata solución" es que fuera la Justicia quien se encargase de limpiar de trabas el negocio.

La empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, era del acusado Eduardo S.P. y logró absorber, mediante una empresa interpuesta (Inversiones Herza), a la arrendataria (Rumorti), que era "un molesto inconveniente en las operaciones mercantiles" que se pretendían. Al final, se consiguió el desahucio y la resolución del contrato con Rumorti y "el lanzamiento de sus ocupantes con extinción de los contratos de trabajo existentes".

Además de Eduardo S.P. y Fernando E., que no entrarán en prisión por carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años, estaban encausadas otras personas de la empresa Herza, que al ser retirada la acusación que existía contra ellas serán absueltas en la sentencia que se dicte. Las deudas que tenía el Victoria con el fisco y con la Seguridad Socia fueron saldadas hace tiempo. Eduardo S.P. se enfrentraba incialmente a nueve años de cárcel. Los demás, a siete.

1997