Arturo Delgado: "La tasa de residuos creará inseguridad al ciudadano, al que se le obligará a recurrir"

Granada ha sido recientemente el escenario de la XXVI Congreso de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), en el que el 'plato estrella' fue la presentación de un avance del Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, en el que se proponen un centenar de medidas para la mejora integral en la gestión de los impuestos y las tasas locales. El presidente de la asociación, Arturo Delgado, quiere mantener la esperanza de que el legislador escuche las propuestas pero asegura que la experienca señala que no suele ser así.

Qué valoración hace del Congreso que se ha celebrado en Granada 

Es muy satisfactoria porque hemos notado la reacción positiva de los asistentes y de los medios de comuncación y por todos los temas que se han tratado, pero sobre todo con el avance del Libro Blanco y lo relativo al nuevo impuesto de basuras.

¿Cuando se publicará ese Libro Blanco y qué recoge?

Ahora hemos hecho un avance con una serie de medidas para entregar en el registro de Ministerio y seguramente a los Grupos parlamentarios en enero de de 2025. 

¿Y cómo ha sido recibido este avance? 

Muy bien. Ha sido un proceso de colaboración con todos los compañeros. También hemos contado con prestigiosos académicos externos. Se ha recibido bien porque tratamos una serie de problemas que con que se tomaran algunas medidas de las que proponemos y de las que se han propuesto a lo largo de los años por comisiones de expertos, realmente se resolverían problemas que dan lugar a mucho litigio, a mucho enfrentamiento entre contribuyentes y la Administración que son absolutamente innecesarios si se solventaran esos problemas como corregir la deficiente legislación, la falta de claridad de la norma... y, en definitiva, solucionar lo que llevamos décadas denunciando desde muy distintos sectores. 

La experiencia nos dice que el legislador se olvida de la tributación local"

¿Confía en que desde el Legislativo les hagan caso en sus propuestas?

Siempre decimos que tenemos la la ingenuidad de pensar que puede haber un un antes y un después tras la presentación del Libro Blanco. Es muy difícil porque la experiencia nos demuestra que se han hecho propuestas de reforma muy interesante y luego el legislador olvida la tributación local. Nos tienen, y no exagero, abandonados porque son conocedores de los problemas que tenemos, se les ha apuntado cómo resolverlo en muchas ocasiones y no lo han hecho. Siempre nos queda esa esperanza y dentro de nuestra ingenuidad pensamos que este Libro Blanco sí podría tener efecto. En todo caso, creo que es necesario crear ese estado de opinión y realizar esa presión porque no solucionar los problemas perjudica a la ciudadanía, a los ayuntamientos y diputaciones porque crea una inseguridad jurídica que realmente podía podía evitarse. 

Ante tanta posibilidad de litigios, ¿hay cierta indefensión en el contribuyente de la administración local? 

Realmente es que al ciudadano se le obliga a a recurrir. Por ejemplo, ahora con la polémica de la polémica tasa de residuos va a crear muchísima inseguridad en los distintos municipios porque se van a aprobar ordenanzas fiscales muy distintas porque la ley, en unas líneas de un párrafo de un artículo, pretende establecerlas sin más detalles, lo que va a crear una presión tremenda sobre los municipios, porque se trata una tasa que no tiene que ser deficitaria y que tiene que seguir el principio de que quien contamina paga, con lo difícil que es establecerlo individualmente. Por tanto, el ciudadano se encuentra indefenso, igual que sucedió con la plusvalía, que si no recurre luego los tribunales lo consideran actos firmes y no puede recuperar lo pagado. Es decir, crea una inseguridad al ciudadano, al que se le obliga estar recurriendo y crea una inseguridad muy grande a los municipios porque si los tribunales anulan las liquidaciones tienen que devolver con el daño que se causa a los a los presupuestos municipales. 

Respecto al impuesto de circulación, abogan por que la cantidad esté de acorde con el poder adquisitivo del ciudadano.

Una de las medidas que planteamos se basa en que ha quedado absolutamente desfasado el impuesto de circulación vinculado a unos elementos que el ciudadano desconoce totalmente como son los caballos fiscales del vehículo. Lo que se pretende es que, como todo impuesto, debe obedecer a una demostración de capacidad económica que tenga en cuenta otros elementos como puede serel valor y el importe del vehículo y no los caballos fiscales. De hecho, hay escasa diferencia por lo que se paga por un Ferrari y por un coche normalito. Por el principio de justicia tributaria debería tener más recorrido el principio de capacidad económica.

Esto podría suponer una contradicción con la idea de que el que más contamina más paga porque normalmente estos vehículos son los más viejos porque, en la mayoría de los casos, el dueño no puede cambiar de coche.

Los principios medioambientales por cuestiones de de normativa europea deben estar presentes. De lo que se trata es de establecer algún tipo de beneficio en función de la capacidad contaminante o no que puedan tener los vehículos.Pero no se trata de incrementar lo que debe abonar un ciudadanoporque su vehículo no disponga de una serie de medidas medioambientales

Otro tema conflictivo, según la ANIHPL, está la legalidad o no de la externalización de la inspección tributaria local.

Está aclarado, como siempre, por los tribunales y coyunturalmente. Es decir, legalmente no hay nada que contemple alguna medida para evitarlo. Han sido los tribunales los que últimamente tienden a corregirlo. Hay algunas sentencias muy recientes, como una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice claramente que supone una huida del Derecho Administrativo, la voladura de los derechos de los contribuyentes, etcétera. Por esto decimos que debe ser la ley la que la que deje clara la normativa y no dé espacios al litigio porque lo están resolviendo los tribunales. Lo que se pretende es que empresas privadas, como así sucede en algunos municipios y diputaciones, sustituyan enteramente la labor de los inspectores locales que lógicamente, pues debe ser una cuestión pública. Nadie se imagina trabajadores de una empresa inspeccionando los impuestos sobre la renta en nombre de la Agencia Estatal. Pues en el ámbito local se está permitiendo estos negocios que entendemos, y los tribunales lo están entendiendo últimamente así, que deben evitarse porque es una actuación fraudulenta.

O sea, que la ley no clarifica si la externalización en el ámbito de los impuestos locales está o no prohibido.

Exacto. Nosotros proponemos que haya medidas concretas que aseguren que se va a evitar esta situación. 

¿Hay alguna valoración de cuánto dejan de cobrar las administraciones locales por engaños o fraude?

No, es muy complicado tener esta información acumulada de los ayuntamientos y diputaciones, pues suelen dar pocos datos de lo que hacen anualmente.

El ciudadano en general, ¿es buen pagador de impuestos locales?

Nosotros nos movemos en el ámbito del que del que no cumple, pero realmente los ciudadanos cumplidores son muchísimos más. El ciudadano es muy complidor con carácter general. Es difícil establecer un porcentaje pero sería bastante alto. Incluso, un buen porcentaje de los que incumplen lo hacen por desconocimiento.

Entre tanta noticia de nuevas tasas e incrementos a pagar, ¿el ciudadano medio puede esperar que algunas bajen o desaparezcan?

Cada municipio y cada diputacióntiene su su política fiscal y hay ayuntamientos que están bajando impositivos o están estableciendo más modificaciones. En eso nosotros no entramos porque es una cuestión de política fiscal y cada municipio es soberano de valorarlo y establecerlo o no. Lo que nosotros pretendemos es que lo que esté establecido se cumpla.