La asesora y la psicóloga de Juana Rivas se niegan a declarar

Granada/La asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados y Teresa Sanz, que han atendido a Juana Rivas desde que se trasladó a España en el 2016, se han acogido a su derecho a no declarar pero han negado cooperar en la sustracción de los menores.

Las dos profesionales del Centro de la Mujer, citadas por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada como investigadas, se han acogido a su derecho a no declarar aludiendo al secreto profesional, según ha explicado Granados a preguntas de los periodistas.

La asesora jurídica de Juana Rivas, la mujer que el lunes entregó en la Guardia Civil a sus dos hijos de tres y 11 años para que se reencontraran con el padre, el italiano Francesco Arcuri, ha detallado que pese a no declarar sí han hecho constar que no han participado en la comisión de ningún delito.

Según Granados, las dos trabajadoras han expuesto a la juez "de manera rotunda y clarísima que jamás, jamás, en ningún caso, hemos inducido, apoyado o cooperado en la comisión de ningún delito, ni de sustracción de menores ni de nada".

Las dos profesionales estaban citadas a declarar por su presunta intervención como inductoras o partícipes necesarias en la sustracción de los hijos de Juana Rivas, que desde el lunes están con el padre.

Granados ha defendido que las dos han actuado, como funcionarias de un centro especializado en proteger a las víctimas de violencia, "de la mejor manera posible" y en el marco de sus competencias, y ha recalcado que durante este año y tres meses han actuado con Rivas igual que con las más de un centenar de usuarias anuales del centro.

La asesora ha reconocido que Juana Rivas y su entorno se han enfrentado estos días a "acontecimientos duros" y ha recalcado que esta vecina de Maracena ha acatado la decisión judicial al entregar a los menores, pese a que no ha sido atendida, según Granados, en el marco que le correspondía como víctima de maltrato.

"Vino huyendo de Italia para pedir protección y apoyo para ella y sus hijos como víctima", ha recordado Granados, que ha insistido en que el proceso está iniciado pero "no está terminado", ya que no existe una resolución judicial sobre su situación como víctima.

Rivas entregó el lunes a los dos menores con el padre, Francesco Arcuri, quien fue condenado en el 2009 por un delito de lesiones en el ámbito doméstico.

Granados ha recordado que este martes, en el seguimiento de sus funciones, el Centro de Información a la Mujer presentó en el Juzgado de Violencia contra la Mujer un escrito para pedir medidas de protección para los menores que ha dicho no poder detallar.

Ha explicado además que Juana Rivas está siendo apoyada estos días por personas de su entorno para pasar esta situación "que no es agradable", tras lo que ha recalcado que pese a "todas las dificultades", mantienen la confianza en que "tarde o temprano se haga justicia".

La asesora jurídica ha apuntado que este miércoles tendrán "una reunión muy importante" para definir todo lo que prevén hacer para velar por "los intereses de los dos niños y de la madre". Ha rehusado además explicar si Juana Rivas ha podido o no tener contacto con sus dos hijos o si los menores permanecen en Granada o se han desplazado con su padre a Italia.

Granados ha reiterado que aún no se ha investigado la denuncia por malos tratos que formalizó Rivas el 12 julio del 2016 y que después ratificó y amplió. "Seguimos defendiendo la protección para Juana y sus hijos en el marco de la legalidad y el tema de malos tratos que ha sufrido y han vivido sus hijos no ha sido analizado por un juez", ha asegurado Francisca Granados, que ha dicho que de haberse hecho "no nos encontraríamos aquí".

Este jueves declararán ante el mismo juzgado y también en calidad de investigados los familiares de Juana Rivas.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía han informado de que, tras la personación de las dos funcionarias del Centro de Información a la Mujer de Maracena (Granada), no prevén pedir ningún tipo de medida cautelar contra las investigadas.