La asociación Redune ve "rasgos sectarios" en el clan de los Romanones

La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (Redune) solicitó ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que investiga el caso Romanones, su personación en la causa como acusación popular, al apreciar posibles "rasgos sectarios" en el grupo de sacerdotes imputados por los presuntos abusos sexuales a menores.

En declaraciones a este diario, el abogado de Redune, Jorge Luis Sánchez Medina, informó que ayer por la mañana formalizó la petición de personación en el órgano que dirige el juez Antonio Moreno, que ahora deberá decidir si acepta o no que sea parte en el proceso.

El letrado explicó que solicitó, mediante la interposición de una querella, que Redune sea parte, así como que se amplíen las diligencias para investigar si ha podido cometerse también un delito de asociación ilícita. Entiende que de lo publicado hasta la fecha por los medios de comunicación sobre la declaración del primer denunciante, bautizado con el nombre ficticio de 'Daniel', se aprecian "rasgos típicos de las sectas".

El letrado se refirió así a "la intensificación de emociones positivas y negativas" que habría sufrido la víctima por el supuesto comportamiento que mantuvieron los principales imputados con él mientras convivió con ellos en la casa parroquial.

Felaciones, exhibición de películas pornográficas, masajes y hasta un intento de penetración anal son las conductas atribuidas por el denunciante algunos de los integrantes del grupo de religiosos. El número de imputados en la causa asciende ya a doce personas, entre las que hay diez curas y dos seglares, según recogía el auto dictado por el magistrado instructor para acordar el levantamiento del secreto de sumario la semana pasada.

En un principio, y a falta de lo que se determine durante la instrucción, el juez apreció indicios de distintos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (abusos sexuales, agresión sexual y exhibicionismo) y requirió a las partes personadas para que en un plazo de diez días hábiles informasen sobre la posible pescripción de algunos o todos los ilícitos. El magistrado hacía esta petición a tenor del tiempo transcurrido desde que supuestamente ocurrió todo (entre 2004 y 2007) hasta la primera denuncia.

En el caso hay dos denunciantes, 'Daniel', que ahora tiene 25 años y trabaja como profesor fuera de Granada, y otro joven que también fue monaguillo en la iglesia Juan María de Vianney del Zaidín, cuyo párroco es el principal imputado, el padre Román, del que toma su nombre el grupo de religiosos.

El padre Román, que tuvo que pagar 10.000 euros de fianza para no entrar en prisión, fue apartado de sus funciones sacerdotales, así como los otros dos religiosos que también fueron detenidos a finales de noviembre, que quedaron en libertad con cargos. Estos imputados, Manuel M. y Francisco C., así como el profesor de Religión que fue arrestado junto a ellos, Sergio Q. han proclamado su inocencia a través de sus abogados.

El caso de 'Daniel' llegó a los juzgados en forma de denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada y dio origen a una causa que ha estado casi tres meses secreta y que ocupa ya más de 1.600 folios. El hecho de que el Papa Francisco llamara por teléfono al primer denunciante tras leer una carta sobre su supuesto calvario, hizo que el asunto tuviera un eco internacional.

En el proceso ya existe una acusación popular. Se trata de la ejercida por Prodeni (Asociación Pro Derechos del Niño), cuyo presidente nacional es Juan Pedro Oliver, quien solicitó en su día también la personación mediante querella. Asimismo, existe una acusación particular: la ejercida por 'Daniel', cuyo comportamiento durante su declaración -así como los de los principales imputados- está siendo analizado por el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional.

Por el momento, el fiscal del caso Francisco Hernández, avanzó hace unos días que la mayoría de los delitos habría prescrito, pero no los abusos más graves. Por su parte, el abogado de 'Daniel', Jorge Aguilera, opinó igualmente que los delitos más graves no habrían prescrito.