Las asociaciones de discapacitados intelectuales claman contra la deuda de la Junta de Andalucía

La Administración Autonómica debe cerca de siete millones de euros a las distintas entidades

Feaps alerta del posible cierre de los centros de discapacitados.
Feaps alerta del posible cierre de los centros de discapacitados.
Pilar Constán / Granada

21 de julio 2012 - 01:00

La Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) convocó ayer una caravana que comenzó en la sede de Asprogrades, en la calle Jiménez Quiles y acabó en la Diputación. El motivo de la movilización eran los impagos por parte de la Junta, que están haciendo muy dificultosa la supervivencia de estos centros. "Hemos agotado los créditos, las acciones personales, la bondad y la paciencia", aseguró el gerente provincial de la asociación, Francisco Rodríguez

Según indicó Rodríguez, la Institución alega no tener suficiente liquidez para hacer frente a la deuda. "En primer lugar hubo una disminución del 5% y luego otro 5% a los centros educativos pero el resto es fruto de las dificultades económicas y ahora mismo deben unos siete millones de euros entre todas las entidades que estamos aquí representadas", aseguró.

El caso de Aprosmo Motril es también significativo, ya que como asegura Jorge Barbero, uno de los representantes del centro, llevan tres meses de atraso en los pagos. "A nosotros en concreto nos deben 1.226.000 euros", declaró Barbero.

Uno de los principales problemas que ponen de manifiesto estas entidades es que hasta el momento han conseguido seguir adelante porque han recibido ayudas, pero la situación se les presenta cada vez más cuesta arriba. "Lo grave ha llegado dentro de este año 2012 en el que la situación se ha hecho prácticamente insostenible", confesaron desde Aprosmo Motril.

El problema se está viendo reflejado en los pagos a los proveedores y en los pagos de la Seguridad Social a Hacienda. "Por ahora a los trabajadores no se les ha pagado la paga extra que debería de estar abonada desde junio", apuntó Barbero.

En estos centros trabajan 1.100 personas y se atienden a unas 4.000 personas que están viendo peligrar su puesto y su estancia en las entidades si la situación continúa como hasta ahora.

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