La cronología del conflicto político por la atención a 13 inmigrantes entre Granada, Motril y la Subdelegación del Gobierno

Granada/Noche del domingo 24 de mayo. Se cumplen las 72 horas de detención que marca la ley para retener a un total de 65 inmigrantes que el jueves fueron trasladados hasta el Puerto de Motril tras ser rescatados en patera. Desde el viernes, la Subdelegación del Gobierno en Granada está en contacto con la Secretaría de Estado de Inmigraciones para que las ONG con las que coopera el Gobierno puedan hacerse cargo de ellos una vez salgan del CATE, pero hay un problema: 17 se quedan sin sitio al que ir y sin nadie que se haga cargo de ellos.

Desde Motril toman la decisión de trasladarlos hasta Granada capital y dejarlos frente al Palacio de los Müller, sede de la Subdelegación, una situación que ha provocado una bronca política en la provincia que ha enfrentado a Motril con la Subdelegación de Gobierno y Granada capital, pero también un conflicto social: el abandono de personas que, de no ser por la respuesta del Ayuntamiento de Granada, habrían pasado la noche en la calle y que ahora, tras más de 12 horas retenidos, ya han sido reubicados a través de Cruz Roja y la Fundación Cruz Blanca. La inmigración baja en la provincia, pero la respuesta institucional ha quedado en evidencia.

Desde que se declaró el estado de alarma a consecuencia del coronavirus, la inmigración a través del Mediterráneo había cesado en la provincia de Granada. Tal es así que, según los datos a los que ha tenido acceso Granada Hoy, el mes de marzo de este año se cerró con 118 inmigrantes trasladados hasta la Costa de Granada, siendo la última patera interceptada -anterior a la del pasado jueves- el 14 de marzo, cuando un total de 60 subsaharianos fueron rescatados y llevados hasta el Puerto de Motril. La cifra, a priori, apenas dista mucho de la que se registró durante el mismo periodo del año anterior -marzo de 2019 se cerró con 127-, sin embargo, el total de inmigrantes llegados entre enero y abril de un año y otro sí que ha variado de forma notoria.

La inmigración cae a la mitad

Durante los cuatro primeros meses del año han llegado hasta la Costa de Granada un total de 543 inmigrantes, una cifra que en 2019 fue más del doble: entre enero y abril llegaron 1.173, siendo entonces el mes de enero, con 622, el periodo que más pateras fueron rescatadas en aguas granadinas. Si embargo, el aumento de control de los flujos migratorios que comenzó a apreciarse a finales del pasado año, provocó que la cifra haya ido a menos, algo en lo que además ha contribuido también el coronavirus. Así, en enero de este año fueron 134 personas las rescatadas a bordo de seis pateras; en febrero, 291 en diez embarcaciones; en marzo, 118 en cuatro pateras; mientras que en abril el contador se quedó a cero.

Con la llegada de la desescalada, a la par que del buen tiempo, las pateras han vuelto a tratar de cruzar el Mediterráneo hasta la Costa granadina, como ocurrió el pasado jueves con los 65 inmigrantes trasladados al Puerto de Motril. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido otros años, el país se encuentra en una excepcional situación derivada de la crisis del Covid-19, la cual ha dejado en evidencia la respuesta y cooperación institucional a la inmigración en Granada.

Inmigrantes 'sin sitio'

Una vez transcurridas las 72 horas de detención, 48 de los 65 inmigrantes ya tenían hueco en las ONG que cooperan con el Gobierno para realojar a los inmigrantes. Sin embargo, había 17 personas que, según la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, "no fueron recogidas". Ante ello, según la subdelegada, la tarde del domingo, "como en otras ocasiones, directamente la comisaría de Policía de Motril se pone en contacto con el Ayuntamiento y a mí me transmiten que iban a hacerse cargo desde Motril una ONG y que Cruz Roja colaboraría en el traslado".

Sin embargo, horas más tarde, López Calahorro, que según aseguró había acordado "que durante esa noche se le atendería y hoy [por este lunes] hablaríamos para ver si una ONG podía hacerse cargo" con la propia alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, recibió una llamada que decía que los inmigrantes serían trasladados a Granada: "A las diez y pico de la noche me llama la concejala para decirme que los mandaban a Granada y los iban a dejar en la puerta de Subdelegación".

Del Palacio de los Müller a la Plaza del Carmen

Antes de la medianoche, un autobús fletado desde Motril dejó a los inmigrantes a las puertas del Palacio de los Müller, sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada, momento en el que la Asociación Pro Derechos Humanos se trasladó hasta allí para tratar de ayudarles. Junto a ellos se desplazó la concejal de Podemos-IU, Elisa Cabrerizo, que comenzó a activar al Ayuntamiento de Granada con el fin de buscar una solución para que los inmigrantes no pasaran la noche a la intemperie.

Ya eran pasadas las doce de la noche, no había respuesta por parte de las instituciones y los inmigrantes se trasladaron a la Plaza del Carmen, mientras Cabrerizo trataba de contactar con el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, o el de Seguridad Ciudadana, César Díaz. Hubo suerte con el segundo.

Díaz comenzó a hacer las gestiones pertinentes, pero tampoco consigue respuesta, así que trató de mediar para que estas personas fuesen alojadas en el Palacio de Deportes, habilitado durante el estado de alarma para los sintecho de la capital, pero la respuesta es negativa: desde la instalación se asegura que no se puede acoger a más gente.

Apenas unos minutos después, el concejal de Derechos Sociales también se activa y junto a César Díaz, tratan de buscar una solución. No pueden ir al Palacio de Deportes por el riesgo de Covid-19, pese a que, según aseguraron a este diario, a estas personas se les practicaron las PCR cuando llegaron al CATE de Motril y su resultado fue negativo, por lo que hay que seguir buscando opciones. César Díaz logra desbloquear una: el Paquillo Fernández.

Una noche en el Paquillo Fernández

El Pabellón Paquillo Fernández, que antes del Palacio de Deportes, fue el habilitado para acoger a los sintecho durante los primeros días de estado de alarma fue finalmente el lugar donde, tras ser escoltados a pie por la Policía Local desde la Plaza del Carmen, estos inmigrantes pudieron pasar la noche.

Junto a ellos estuvo Natalia García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Granada (APDH), que explicó a este diario que se trata de "13 inmigrantes, en ningún momento ha habido 17", que han pasado la noche en "colchonetas o el suelo, tras conseguir algo de agua y papel higiénico".

Sin comida hasta mediodía

Desde que llegaron a Granada la noche anterior, estas 13 personas estaban sin probar comida. Tan solo unas galletas que, prácticamente de forma clandestina, habían logrado pasar al interior del pabellón habían tratado de alimentarlos, de alguna forma. Así hasta media mañana, cuando un cargamento de alimentos llegó hasta las instalaciones.

Cruce de reproches políticos

Ante lo ocurrido, la subdelegada del Gobierno en Granada no tardó en cargar contra el Ayuntamiento de Motril. Tras tildar de "sorpresa" la decisión que le trasladaron la noche del domingo desde el Consistorio motrileño de enviar los inmigrantes a la capital, López Calahorro insistió en que "existe un acuerdo de colaboración y cooperación" en materia de inmigración para dar respuesta ante situaciones excepcionales. Y es que, según defendió la subdelegada, Motril tendría que haber buscado un lugar para que pasaran la noche y así "hoy seguiríamos trabajando" en la reubicación de dichas personas.

Ultimátum de la capital

Pese a que desde Subdelegación se agradeció la respuesta por parte del Ayuntamiento de Granada, el alcalde, Luis Salvador, no dudó en cargar sobre la gestión del Gobierno ante esta situación. Según el regidor, la Subdelegación ha estado "de brazos cruzados" y ha "traspasado" el problema al Ayuntamiento de Granada, ante lo que dió un ultimátum con un plazo máximo para que buscase una solución: las ocho de la tarde.

Piden el cese de López Calahorro

Dadas las circunstancias, desde el PP de Granada han pedido el cese de la subdelegada del Gobierno ante su "incapacidad para establecer un protocolo eficaz de acogida de inmigrantes acorde a la actual situación sanitaria". El diputado por Granada, Carlos Rojas, tildó de "falta de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias" la actuación de López Calahorro. Y es que hace una semana, el popular ya pidió que "se anticipase para garantizar que la posible acogida de inmigrantes se efectúe con todas las garantías, tanto para ellos mismos como para los agentes y colectivos que prestan ayuda humanitaria".

Rojas insistió en que habían solicitado a la Subdelegación que "ante una posible llegada de inmigrantes como venimos registrando en esta época del año, los protocolos de actuación estuviesen correctamente establecidos", poniendo el acento en la necesidad de "contar con EPIS, test y material sanitario suficiente, saber en qué instalaciones estaba prevista su acogida y qué protocolos o medidas sanitarias había previsto el mando único para ello". Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas habría puesto de manifiesto que se ha hecho "caso omiso y no había puesto en marcha protocolo alguno", a pesar de la "grave situación en la que nos encontramos".

Subdelegación se defiende: el protocolo funciona

Lo ocurrido ha propiciado que desde Subdelegación se asegure que "existe un protocolo que funciona bien, pero debido a las actuales circunstancias todo es más complejo y pueden producirse situaciones imprevistas que se resuelven con voluntad, trabajo y la necesaria cooperación institucional".

Reubicados este lunes tarde

Según aseguraron a este diario, la Policía se trasladó hasta el pabellón para custodiar que nadie saliese ya que la "libertad está restringida", algo derivado de las normas del estado de alarma -Granada, al encontrarse aún en Fase 1, sigue sin tener libertad horaria de movimiento para la población-, mientras se esperaba que pudieran ser recolocados en alguna ONG a lo largo de la tarde. "Se está trabajando hoy desde primera hora para poder recolocarlos y a ver si podemos reubicarlos", aseguró la mañana de este lunes la subdelegada del Gobierno.

Algo que finalmente llegó al filo de las cinco de la tarde. La Fundación Cruz Blanca se hizo cargo de dos de los 13 inmigrantes, que fueron trasladados hasta el Arahal, mientras que Cruz Roja hizo lo propio con los otros 11, a los que previsiblemente trasladaría a centros de Madrid o Barcelona.

De este modo, se ha puesto fin a una situación que ha puesto en evidencia la respuesta institucional y la planificación. "A esta situación había que haber llegado hace 24 horas. Con una planificación adecuada, hubieran ido ayer al recurso en el que finalmente van a acabar", aseguraron desde APDH en Granada. La situación de desamparo, aunque con un día de retraso, por fin ha terminado para estos 13 inmigrantes.