La auditoría del Centro Lorca sitúa en 3,8 millones el 'agujero' económico

En la primera fase del escándalo que sacudió el Centro Lorca, cuando se descubrió el millonario pufo que dejó su construcción, se repetía como un mantra la palabra auditoría. Hasta tres inspecciones diferentes llegaron a anunciarse en su momento para esclarecer la actuación de la Fundación Lorca, que se encargó de la construcción del edificio de La Romanilla a través de una Oficina Técnica. Este periódico ha tenido acceso a los datos de la anunciada auditoría, que ayer se comunicó a todas las instituciones y que cifra en 3,8 millones de euros el agujero que dejó tras de sí Juan Tomás Martín, mano derecha durante más de una década de Laura García-Lorca y exsecretario de la Fundación que preside la sobrina del poeta. Si a este dinero se le suman los 4 millones de euros que la Fundación Lorca dejó de abonar a La Caixa por un préstamo para la construcción del edificio, el montante total del descuadre tejido por Juan Tomás Martín ascendería finalmente a 7,8 millones de euros.

Este dinero pendiente todavía de justificar, que desvela la auditoría realizada por una empresa independiente contratada por el Consorcio del Centro Lorca que integran Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación, coincide con el montante que reclaman desde hace más de un año la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, 2,3 y 1,5 millones respectivamente, aunque en el caso de la institución autonómica se añadieron 500.000 euros en concepto de intereses.

Tras el baile de cifras del último año en torno al dinero sin justificar de las subvenciones recibidas para construir el Centro Lorca, la auditoría rebaja en 1,2 millones la reclamación patrimonial estimada en 5 millones de euros que en su momento envió el Consorcio del Centro a la institución que custodia el legado del poeta, para cuyo traslado a Granada se construyó el edificio que sigue sin contar con los más de 5.000 documentos lorquianos.

Los trabajos de los auditores se han visto ralentizados porque Juan Tomás Martín se llevó gran parte de la documentación relativa a la construcción del edificio, aunque según desveló Laura García-Lorca, acabó por devolver estos papeles en varias cajas, un material con el que estaban intentando arrojar luz en las cuentas de la Fundación Lorca.

Además, las instituciones consorciadas se reunirán el próximo 2 de noviembre para iniciar el expediente de liquidación de la encomienda de gestión a la Fundación Lorca para la construcción del centro de La Romanilla, un paso administrativo encaminado a facilitar la llegada del legado a Granada. Este proceso se enmarca en el nuevo proceso de negociación que se abrió con la llegada de Paco Cuenca (PSOE) a la Alcaldía, que desde un primer momento apostó por la transparencia y el diálogo para que los más de 5.000 documentos lorquianos acaben finalmente en el cámara acorazada de La Romanilla.

Una vez que la auditoría ha fijado en 3,8 millones de euros el dinero sin justificar, se abre un proceso administrativo para que la Fundación pueda presentar alegaciones y justificar en última instancia parte de este dinero, aunque fuentes consultadas por este periódico señalan que la inspección ha sido "profunda y detallada". No habrá una reclamación a la Fundación hasta que no se cierre este proceso, pasado el cual se procederá a reclamar la deuda final. Es parte del proceso que, de manera paralela, lleva aparejada las conversaciones con Laura García-Lorca para negociar la presencia que la Fundación Lorca debe tener en el centro creado en La Romanilla, una vez que la institución que actualmente tiene su sede en la Residencia de Estudiantes quedara excluida de la toma de decisiones con los nuevos estatutos publicados el verano de 2015.

Paco Puentedura, portavoz de IU en el Ayuntamiento, subraya que la auditoría debe justificar la diferencia de 1,2 millones entre la reclamación patrimonial de 5 millones de euros a la Fundación Lorca por gastos sin justificar que se realizó el año pasado y los 3,8 millones que ha fijado la inspección. "Esta discrepancia debe dirimirse de forma transparente", apunta Puentedura, que subraya que estos datos "demuestran" que la gestión "ha dejado mucho que desear y que afecta al interés público". "La Fundación Lorca debe explicar dónde está este dinero y reponer estas cantidades trayendo el legado de Lorca a Granada bajo titularidad pública", concluye el edil de IU.

La reunión del Consorcio del Centro Lorca del próximo miércoles tendrá por primera vez datos exactos sobre el dinero que se 'extravió' durante la construcción del edificio entre 2007 y 2013.