Avances para desbloquear la parcela de la ciudad deportiva Granada 92 y darle uso residencial

Granada/Desde hace más de dos décadas en la zona Norte de Granada, aunque perteneciente al distrito Beiro, se espera una solución urbanística a la instalación conocida como Ciudad Deportiva Granada 92, un mamotreto de construcción a medio hacer que en los últimos tiempos está abandonada y es objeto de entradas ilegales. Esta estructura se comenzó a levantar en 2001 y se quedó paralizada al año siguiente por ir contra la legalidad urbanística, ya que los entonces propietarios (José Julián Romero y Carlos Marsá) pretendían combinar el uso deportivo con el comercial y de aparcamiento. La parcela y su construcción ha sido objeto de una maraña de pleitos judiciales y hasta el Ayuntamiento de la ciudad llegó a amagar con la venta forzosa en 2005. El objetivo del equipo de gobierno del PP actual es desbloquear este proyecto para darle una solución a esta zona, con quejas reiterdas de los vecinos. Según sus responsables, hoy está más cerca de desbloquearse para poder rehabilitar la parcela y darle vida para construir allí residencias de estudiantes o geriátricas, algo que permite la actual normativa urbanística, aunque el proceso no es fácil y se están produciendo algunos vaivenes en la tramitación.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha desestimado el recurso de reposición relativo a la denegación del proyecto y aprobación inicial del Estudio de Ordenación para cambio de uso en Avenida de Pulianas y calles San Rómulo, San Fernando y Tete Monteliú, esa zona conocida como Granada 92. Esto podría parecer un paso atrás, pero la realidad es otra. Según ha informado el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, este recurso interpuesto por la empresa promotora (Klarium) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2023, “busca conseguir el cambio del actual uso de esta zona, uso deportivo, a uso residencial singular”, es decir, “convertir este espacio en lugar habilitado para la construcción de residencias de estudiantes o geriátricas”.

Según informa, “esta misma semana el promotor, que buscaba una innovación urbanística en la zona, ha presentado ante el Ayuntamiento un nuevo documento corrigiendo las deficiencias detectadas por el equipo técnico municipal y que dio lugar a la denegación de la Aprobación Inicial por Junta de Gobierno Local en mayo de 2023”. Este documento está siendo revisado por él área de Planeamiento, al mismo tiempo que se ha remitido a Medio Ambiente para su pronunciamiento respecto a la Ley Andaluza Medioambiental, (GICA) con la idea aprobarlo inicialmente a la mayor brevedad posible y desbloquear una zona de la ciudad que lleva más de 15 años sin posibilidad de desarrollo.

El estudio de ordenación para cambio de uso se aprobó inicialmente después de 15 años sin uso en la parcela deportiva, aunque en realidad la obra (de zona comercial y aparcamientos) lleva paralizada desde hace 23 años. En 2020 se solicitó la innovación de una parcela deportiva con uso también comercial y aparcamiento. En 2021 se hizo informe de evaluación ambiental y en 2022, ya con la nueva ley LISTA, se hizo un nuevo estudio y se pasa a uso residencial especialmente para estudiantes o geriátrico. "Esta junta de gobierno lo que se desestima es el recurso interpuesto por Klarium, la promotora, porque no se han subsanado las deficiencias. Lo que puede parecer un paso atrás es un paso previo para poder analizar el nuevo estudio, la nueva propuesta, ya corregida y presentada en Urbanismo, un nuevo estudio de ordenación por la promotora corrigiendo esas deficiencias y promoviendo el cambio de uso deportivo a residencial para estudiantes o geriátrico. Ahora esa nueva propuesta está revisada y se ha presentado a la Junta para el perceptivo informe. Por tanto es un nuevo paso para desbloquear una parcela abandonada, creando problemas en el vecindario y que paso a paso estamos intentando desbloquear con el nuevo uso que en principio se pide".

“Una vez más, la gestión y agilidad que este equipo de gobierno está imprimiendo a través del área de Urbanismo, nos ayuda a desbloquear proyectos, paso a paso, para seguir construyendo el modelo de ciudad que queremos para Granada”, ha argumentado Saavedra.

El portavoz ha recordado que la aprobación de este Estudio de Ordenación fue denegada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2023, toda vez que el ámbito del documento “no recogía la totalidad de la parcela urbanística definida por el PERI Almanjáyar; no incluía las cesiones obligatorias requeridas conforme a la totalidad del ámbito; ni constaba la conformidad de los titulares de derechos e interesados concurrentes”, ha explicado el portavoz.

Al hilo, Jorge Saavedra ha expuesto que “contra este acuerdo se han presentado el 11 de agosto de 2023 y el 16 de noviembre de 2023 Recursos potestativos de reposición, ampliados el 1 de marzo de 2024 por parte de la promotora”. No obstante, estos recursos son los que se desestiman por la Junta de Gobierno Local, ya que no se han subsanado los motivos de la denegación; pero en el propio acuerdo se hacen una serie de aclaraciones a tener en cuenta en el nuevo Estudio de Ordenación que debe presentarse.

El equipo de gobierno confía en el desbloqueo urbanístico de este parcela que tiene un total de 36.235 metros cuadrados, una auténtica barrera en mitad de la ciudad, en una zona que en los últimos años se ha desarrollado con la apertura al lado de la actual sede central de la Junta de Andalucía.

En el origen de este proyecto estaban los dos empresarios granadinos José Julián Romero y Carlos Marsá, que entonces estaban al frente del Granada 74 y el CB Granada. La pelea y separación de ambos socios llevó a que esta construcción se quedara inmersa en una pelea judicial en la que el Ayuntamiento era parte porque había firmado un convenio urbanístico en el año 2000 para obtener compensaciones que no recibió. En 2005, el entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, llegó a ordenar la venta forzosa de la instalación, que se recogió en el BOP; pero el procedimiento se paró en el último momento, con una sociedad radicada en Almería que estaba en trámites de compra a los antiguos propietarios.

Pina, los inversores croatas y el "copón bendito"

Otro episodio curioso respecto a esta parcela fue cuando se conoció el negocio que el expresidente del Granada CF Enrique Pina tenía pensado hacer allí. Durante los días en los que estuvo pinchado su teléfono por la Policía (investigado por el caso Líbero de la Audiencia Nacional) la Policía pudo conocer su proyecto para desarrollar un complejo deportivo, con un hotel y 600 aparcamientos en la antigua Ciudad Deportiva Granada 92.

Los intereses de Pina en esta instalación venían de la operación de venta del equipo Ciudad de Murcia a Marsá, quien con esa plaza en segunda división puso en funcionamiento el Granada 74 SAD. Del pago de aquella operación arrastra el murciano una deuda que él cifra en 10 millones de euros, aunque habría sido transferida a una sociedad, Exclusive Sport, que era la propietaria de esos terrenos y en proceso de liquidación concursal. En sus conversaciones telefónicas, Pina expone a sus colaboradores un plan que va más allá de recuperar esos 10 millones de euros y que pasaría por intervenir en el proyecto a través de los inversiones croatas que conoce y de los que hablaba constantemente en casi todos los negocios en los que participaba.

Pina le decía por teléfono a uno de sus colaboradores que esta operación puede ser el "copón bendito". Que tenía, por un lado, a una cadena de gimnasios de Almería que estaría interesada en el alquiler. Y por otra parte, a los inversores croatas. Ellos serían los que comprarían el terreno y la instalación.

Ordenanzas de Rehabilitación y Movilidad

En Junta de Gobierno Local se ha aprobado también el proceso de participación ciudadana para la modificación de la Ordenanza Municipal de Rehabilitación y de la Ordenanza General de Movilidad. Ambas ordenanzas se publicarán en la plataforma Granada Decide por un plazo de 30 días para la presentación de sugerencias, propuestas y opiniones por parte de la ciudadanía.

En cuanto a la Ordenanza de Movilidad, se da inicio del proceso participativo que va a recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía sobre la implantación de la Zona De Bajas Emisiones (ZBE) y también sobre las posibles mejoras de las ordenanzas relacionadas con la movilidad. “Para la implantación de esta ZBE es necesaria la regulación de los controles de acceso a través de las ordenanzas municipales, lo que, a priori, iba a tener un impacto directo en cuatro de las ordenanzas actuales”, ha reseñado Saavedra, quien ha añadido que “dada la desactualización de algunas otras ordenanzas relacionadas con la movilidad y la necesidad de coherencia entre los diferentes textos, se ha decidido realizar un único texto que refunda toda la normativa municipal en el ámbito".

Así, las ordenanzas que se están revisando en este ejercicio, son la Ordenanza reguladora del servicio de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo auto-taxis en el municipio de Granada; la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público derivada del servicio de instalación y explotación del aparcamiento vigilado en los terrenos actualmente utilizados para la instalación del Ferial durante las Fiestas del Corpus; la Ordenanza municipal de circulación de peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal; Ordenanza Municipal Reguladora del Paso de Vehículos a Inmuebles; Ordenanza municipal reguladora de los derechos y obligaciones de las personas usuarias del transporte público urbano de Granada; Ordenanza reguladora de las zonas de acceso restringido y carriles de circulación especialmente protegidos de la ciudad de Granada; la Ordenanza Reguladora de Vías de Estacionamiento Limitado; Ordenanza municipal reguladora del transporte público de escolares en la ciudad de Granada; Ordenanza municipal reguladora del transporte público de escolares en la ciudad de Granada; Ordenanza Reguladora de la placa identificativa de ciclomotores y vehículos asimilados; Ordenanza General de Circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad de Granada; Ordenanza Reguladora del Aparcamiento Público del Centro de Actividades Comunitarias del Albaycín; Ordenanza Reguladora de Carga y Descarga; y la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se Realizan en la Vía Pública.

“Lo que hoy aprobamos en la Junta de Gobierno”, ha indicado Jorge Saavedra, “es la consulta a través de Granada Decide de la opiniones y sugerencias de los granadinos sobre la integración en una sola norma reglamentaria del conjunto de normas municipales reguladoras de los distintos aspectos de movilidad urbana, acabando con la dispersión actual, armonizando todos los textos objeto de unificación y eliminando posibles contradicciones entre ellos”. Además, esta consulta “pretende recoger propuestas de la ciudadanía para una mejor regulación, en su caso alternativas a la refundición e ideas innovadoras en materia de Zonas de Bajas Emisiones y Parkings Públicos”.

En paralelo, se han tenido sesiones informativas y de recopilación de información con la Confederación Granadina de Empresarios con representantes de diferentes sectores. Se ha pedido participación a los municipios del área metropolitana a través del Consorcio de Transporte, cuyo comité ejecutivo incluye a todos estos ayuntamientos además de la junta de Andalucía y la diputación provincial.

Igualmente, se han visitado y se van a seguir visitando centros educativos para informar y recoger información, se han tenido numerosas reuniones con la Universidad de Granada y se ha participado en foros informativos de cómo se va a implantar la ZBE. Se ha informado a los propietarios de parkings en una reunión específica para ello y también se la presentado al Consejo Social de la Ciudad que actualmente está estudiando la propuesta.

Por otra parte, está la Ordenanza de Rehabilitación, la cual se incluye para la aprobación del PGOM y el desarrollo de la Granada del futuro, sigue el mismo proceso participativo, de manera que los granadinos puedan hacer sus alegaciones al respecto. El objetivo principal de esta modificación se fija en “la recuperación de población en nuestra ciudad, dando facilidades para la recuperación y rehabilitación de los edificios de nuestra ciudad, especialmente en la zona centro, donde existe cada vez más despoblación y donde aquellas personas que llegan a nuestra ciudad para desempeñar un empleo suelen buscar quedarse”.