¿Qué beneficios tendría para Granada la propuesta de gestión ferroviaria de la Junta de los trenes en Andalucía?

Granada/Lo que la Junta de Andalucía va a pedir al Gobierno en materia ferroviaria es una transferencia de las competencias, pero light. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunció el pasado jueves en Madrid que iban a exigir la gestión de los trenes de media distancia dentro de la comunidad con el fin de mejorar y ampliar frecuencias y servicios entre las capitales andaluzas, poniendo como ejemplo, los trenes Avant entre Granada y Málaga, aún sin fecha para el inicio de su funcionamiento. Un efecto que tendría, a primera vista, beneficios para la provincia, que puede volver a aspirar a recuperar servicios incluso por vía convencional que complementen a los ya existentes por Alta Velocidad, y en una vista más a futuro, incluso a crear líneas de Cercanías, según deslizan fuentes próximas a la Consejería. Pero que encierra también la posibilidad de cambiar incluso de operadora, y que no tenga que ser Renfe exclusivamente quien preste el servicio, sino alguna empresa privada como, por ejemplo, sucede desde hace pocos meses en Francia.

En concreto, Carazo matizó durante un desayuno informativo en Madrid que la petición al Gobierno central es gestionar de forma compartida la red de transporte ferroviario de pasajeros, no un traspaso como tal de las responsabilidades, que sirva "para mejorar la oferta de trenes existentes entre las capitales andaluzas con nuevos servicios y precios competitivos y optimizando las infraestructuras existentes". La idea no es nueva y forma parte del tira y afloja que en los últimos años mantiene el actual Gobierno andaluz con el central cuando el primero exige al segundo mejoras en las frecuencias ferroviarias que Renfe Operadora no realiza actualmente, un problema que que además se ha agravado con la pandemia, donde por ejemplo Granada no ha recuperado todas sus conexiones ferroviarias internas dentro de la comunidad como el cuarto Avant con Sevilla, establecer de una vez por todas la conexión directa con Málaga, además del cuarto tren con Almería.

Ese sería uno de los principales beneficios para los trenes de la provincia esta propuesta de la Junta: recuperar al menos los servicios internos y previstos antes del coronavirus. Pero es que además será una gran ocasión para cumplir con algunas de las medidas más añoradas y pedidas por las plataformas ferroviarias de la provincia en los últimos años, como la recuperación de los servicios de Media Distancia convencionales, que la Junta podría pedir recuperarlos para Granada para poder complementar la oferta que Renfe no desarrolla, y dotar de una alternativa asequible y vertebradora al eje ferroviario transversal andaluz, aún pendiente de desarrollarse. O también incluir la vuelta de los Media Distancia convencionales con Algeciras, también eliminados tras la apertura de la Alta Velocidad en 2019.

Obligaciones de Servicio Público

La Junta pretende ahora ser ella quien gestione la red de Media Distancia e Intercity y no Renfe. Un modelo que ya estuvo vigente en Andalucía entre los años 2003 y 2014, cuando gobernaba el PSOE, donde la comunidad sufragaba los gastos y Renfe ponía los servicios, un acuerdo que se rompió por el mal funcionamiento del mismo, según explican fuentes próximas a Fomento. Ahora se busca algo similar, pero incluso abierto a la competencia privada, algo que, de entrada, debe encontrar encaje normativo ya que todos los servicios ferroviarios de este tipo están sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP). Es decir, el Gobierno central sufraga los costes de los servicios necesarios para la vertebración de los territorios pero que económicamente son deficitarios, por lo que no son competitivos para las empresas. Se paga la compensación por las pérdidas económicas. Sucede tanto para el transporte por tren como por avión, como la ruta aérea Granada-Melilla.

La Junta quiere encontrar el apoyo del Gobierno en este sentido. Que el Estado siga financiando esas OSP pero que este dinero sea gestionado por la Junta, que abriría un concurso para, una vez autorizados los surcos (capacidad de la vía para un trayecto de tren) por parte de Adif, adjudicar el contrato a la empresa que se ajuste a las peticiones de servicios que Fomento considere prioritarios. "Podría hacerlo la Junta directamente, pero por lógica la idea es contratar un servicio de operación con un gestor privado (que pone personal y trenes y que tiene que estar homologado) que preste dichos servicios, bajo planificación y tutela de la Junta", explica una fuente próxima a Fomento.

"Del estado lo que esperamos es que nos autoricen y den capacidad en su infraestructura (surcos en su malla para incorporar nuestros servicios), y ya la Junta sacaría su concurso para la prestación de dichos servicios férreos Intercity y media distancia con un operador", añade la misma información, que insiste en que "queremos gestión completa, no para sustituir servicios Renfe sino para gestionar a través de operador privado".

Respuesta de Renfe

Ahí es donde habría en encajar el marco actual de prestación de Obligaciones de Servicio Público. Ya la propia Renfe salió el mismo jueves aclarando su postura ante la petición de la consejera Carazo, en la cual recordó que la propia comunidad, en este caso Andalucía, puede ampliar o crear una nueva oferta de servicios ferroviarios internos a través de un convenio en el que la administración autonómica define los trenes a disponer pero también "la aportación económica correspondiente", algo que la Junta pide al Gobierno central. Renfe recordó en un comunicado que Extremadura lleva años sufragando sus trenes internos.

Tanto en el Reglamento Europeo (1370) como en lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 3812015, se contemplan sujetas a obligaciones de servicio público las relaciones de servicios ferroviarios de viajeros, competencia de la Administración General del Estado, prestadas por Renfe Operadora en la red ferroviaria de interés general. Asimismo, tanto la normativa europea como la interna derivada de la misma, permiten que desde la propia comunidad autónoma se lleguen a acuerdos con el operador para implantar o aumentar la oferta de servicios. Por tanto, "desde su misión de planificación de movilidad intracomunitaria las comunidades autónomas pueden complementar los servicios ferroviarios que entiendan necesarios", añaden las mismas fuentes de Renfe a Europa Press.

Los servicios semanales que presta Renfe en Andalucía, según contrato establecido con la Administración General del Estado a través de la Orden de Servicio Público, son un total de 1.387 trenes, repartidos del siguiente modo: 184 Avant, 803 Media Distancia Convencional y 400 Cercanías. "Esta oferta de servicios está adecuada a las necesidades de movilidad existentes en la comunidad andaluza y se prestarán en su totalidad en Andalucía (100%) una vez se produzca la recuperación total de los servicios tras la crisis sanitaria". En Granada esos servicios directos en concreto son solo 42 Avant con Sevilla, 42 Media Distancia con Almería, y ningún Cercanías.

Este recordatorio de Renfe a la Junta viene a 'defender su territorio' frente a la intención de la administración autonómica de 'relegarla' de su cometido para beneficiar a un operador privado, algo que podría parecerse al modelo de gestión del Metro de Granada, por ejemplo, el cual es prestado por Avanza. "La liberalización del sector además nos sitúa y refuerza en ese camino", indican fuentes cercanas a la Consejería. Sin embargo, la liberalización ferroviaria en España ahora mismo sólo está abierta al tráfico de Mercancías y al de pasajeros en Alta Velocidad, donde ya desembarcó la francesa Ouigo hace año y medio y que espera a final de este año empezar a operar con la italiana Iryo.

El transporte ferroviario sujeto a OSP (Media Distancia y Cercanías) no lo está, aunque el Gobierno ya ha dado los primeros pasos para liberalizarlo pero que no estaría en vigor, al menos, hasta 2028. En Europa está empezando a liberalizarse este tipo de servicios. En Alemania el 1 de enero empezó la operación de la primera línea del S-Bahn de Berlín adjudicada mediante concurso público, y en septiembre la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul adjudicó a la empresa Transdev sus servicios por tren regionales.