Las cámaras de vigilancia del Albaicín, en 'stand by' 5 meses después de su aprobación

Al proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en el Albaicín no le ha sentado bien los vaivenes políticos en el Ayuntamiento de Granada. La Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio el visto bueno a la iniciativa -ideada por el PP en su etapa de gobierno con la idea de fortalecer la lucha 'antigrafiti'- el pasado mes de febrero, apenas dos meses antes de que el entonces alcalde, José Torres Hurtado, fuera detenido en el marco de la Operación Nazarí y se precipitara un cambio político en el Ayuntamiento que llevó a Paco Cuenca y al PSOE a la Alcaldía el 5 de mayo.

La tramitación burocrática primero -tras recibir la luz verde de febrero, el Ayuntamiento tenía que esperar hasta dos meses para poder licitar el servicio- y el cambio de Gobierno después, ha hecho que el proyecto de videovigilancia en el Albaicín lleve en 'stand by' cinco meses. De ahí que el grupo municipal del Partido Popular reclamara ayer al actual equipo de Gobierno que "agilice" la instalación de la seis cámaras, que vigilarán la Puerta de las Pesas, el entorno del Palacio de Dar-Al-Horra, el aljibe del Zenete, la Puerta de Elvira y Puerta Monaita.

La concejal popular María Francés recordó que se trata de un proyecto "muy peleado" y aseguró que el proyecto tiene todas las condiciones para salir adelante. "El visto bueno de la Justicia lo recibimos hace cinco meses, ya sabemos que las cámaras se pueden poner, la financiación estaba buscada y lo que hace falta ahora es saber el cuándo. Creemos que el equipo de Gobierno debe darse prisa porque es un proyecto con el que se protege una parte emblemática de la ciudad", indicó Francés, que aseguró que Protección Ciudadana estaba haciendo las gestiones con Contratación para poder adaptar las cámaras al contrato de videovigilancia dependiente de la Policía Local. Los populares urgieron el equipo de Gobierno a que ponga en marcha el proyecto, pero advirtieron que se trata de una iniciativa gestada durante el gobierno del PP.

El proyecto autorizado por la Comisión de Videovigilancia del TSJA se basa en cámaras con sensores que sólo graban cuando cambia la textura de un monumento o hay movimientos extraños, un sistema que permite compaginar la vigilancia antivandalismo con el derecho a la intimidad de los ciudadanos.