La capital limitará los pisos turísticos en el Albaicín y el Realejo

Los pisosturísticos traen de cabeza a las ciudades, sobre todo a las que ocupan los primeros lugares como destinos turísticos, entre ellas Granada. La proliferación de este tipo de pisos al margen de los tradicionalesnegocios hoteleros o apartamentos, tiene en pie de guerra al sector pero también a los vecinos por los inconvenientes que la creación de estos pisos tiene en las comunidades.

Incluso se está produciendo un ‘éxodo’ en las zonas más afectadas de las ciudades, con el riesgo de convertirse en centros turísticos sin vida de ciudad tomados por grandes empresas que logran comprar bloques enteros para hacerlos pisos turísticos.

Madrid ha sido la última en regular estas viviendas para poder ponerles coto y posibilitar la convivencia vecinal con la de los turistas que optan por este tipo de alojamientos. Y Granada, en a que el problema no es tan acuciante, también trabaja en ello.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad incluirálimitaciones para los pisos turísticos. Así lo ha confirmado hoy el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien ha asegurado que aunque Granada no está en el nivel de Madrid o Barcelona, donde la saturación de pisos turísticos sí se ha convertido en un problema, incluso de convivencia, se están “tomando medidas para no llegar” a esas situaciones de colapso.

“Ya les puedo decir que la actualización del Plan General que estamos llevando a cabo hay zonas como el Albaicín y el Realejo que la idea es calificarlas como que han llegado al límite de viviendas turísticas y controlar desde el PGOU que no sigan proliferando las viviendas turísticas”, ha explicado.

Así, la idea es que estas zonas, también se podría extendería a parte del Centro, tengan fijado ese límite de viviendas turísticas que ya han alcanzado y se declaren ‘libres’ de nuevas licencias.

Y todo esto estaría acompañado con un plan de revitalización, es decir, con el fomento de medidas para que la gente pueda vivir en el Centro y en el Albaicín aumentando su población, cada vez más mermada.

“Estamos en ese equilibro necesario en las zonas turísticas y queremos revitalizar con viviendas, con que viva gente en el Centro y en el Albaicín, limitando y controlando a través de la revisión del Plan General que puedan seguir aflorando viviendas turísticas”, ha incidido Cuenca.

Y mientras llegan las medidas de ‘contención’ más locales, también se cuentan con normativas de mayor rango para intentar regular este negocio que ha roto los esquemas del sector. Así, por ejemplo, en diciembre entró en vigor el nuevo Real Decreto-ley (21/2018, de 14 de diciembre) de medidas urgentes de vivienda y alquiler, que da más facilidades a las comunidades de vecinos para poner freno a las viviendas turísticas. Según esta norma, ya no es necesario un acuerdo unánime de los comuneros para modificar los estatutos con vistas a poner límites a los pisos turísticos. El cambio legal permite que una mayoría de 3/5 de los propietarios baste para ese acuerdo. Otra de las novedades de la reforma legal es que las viviendas turísticas se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se regulan como una actividad económica.

En lo que respecta a limitar los pisos turísticos en las comunidades de vecinos, el texto supone una reforma del régimen de propiedadhorizontal. La nueva legislación dará más instrumentos a las comunidades de vecinos para aprobar en sus estatutos limitaciones a las viviendas turísticas, lo que puede paliar en parte los problemas de convivencia que se dan en algunas zonas donde más proliferan este tipo de viviendas.

El sector hotelero es otro gran perjudicado, y en Granada más. Diferentes estudios han puesto de manifiesto las dificultades del sector y la ‘guerra’ de precios entre los alojamientos de cuatro y tres estrellas para hacer frente al auge de los pisos turísticos, el gran caballo de batalla de los hoteleros.

Eso hace que la rentabilidad hotelera baje. Ahora está en 46 euros por habitación, 20 euros menos que la media nacional en los destinos urbanos que es de 67,5 euros.

Un problema que afecta a todos y sobre el que la regulación no es nada fácil para poner coto a esta proliferación y no afectar al turismo –que da de comer a la ciudad– ni a los vecinos.