Carlos Aránguez: "Hay que promover una nueva cultura judicial para los ciberdelitos"

Granada/Estás en casa y de pronto recibes un WhatsApp de tu hija diciendo que ha perdido el móvil y necesita urgentemente dinero. Es un caso clásico del timo del hijo en apuros, pero que el abogado Carlos Aránguez pone como ejemplo de cómo funciona la suplantación digital, un caso de ciberdelincuencia al alza en Granada del que la Fiscalía andaluza acaba de alertar en su última memoria anual. Para el letrado, antes de este mensaje hay un trabajo previo, que comienza, como también destaca el ministerio público, con la instalación de un software malicioso en el dispositivo, que permite espiar todos los movimientos de la futura víctima hasta que hacen un perfil que permite saber cuándo será más fácil asestar el golpe.

Aránguez, quien a través de su despacho ha puesto en marcha varias plataformas de afectados contra ciberdelitos, es consciente del aumento que este tipo de criminalidad ha tenido en los últimos años, especialmente a raíz del confinamiento, cuando empezaron a instalarse los programas de acceso remoto, a los que también señala la Fiscalía en su memoria, con "un fin loable" insiste el abogado, pero que con el tiempo han ido utilizándose para otros fines.

La Fiscalía, en su repaso a la cibercriminalidad en la comunidad autónoma, apunta también a una arista más del problema de los programas de acceso remoto, el fraude relacionado con la gestión de criptoactivos, algo en lo que también coincide el abogado granadino, quien nuevamente vuelve a poner a 2020, con el confinamiento, como el punto de partida de esta nueva modalidad delictiva o, al menos, de su popularización.

En aquella época, rememora Aránguez, se dieron cita tres factores: "la angustia patrimonial y existencial" de no saber qué va a pasar, el "aumento del uso de redes sociales" y, con él, un cambio "en la forma de relacionarnos con los demás". Todo esto propició un caldo de cultivo ideal para el aumento de unos delitos que siguen aún imparable casi un lustro después.

Esa situación, prosigue el abogado, también provocó que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como, barriendo para casa, el poder judicial, se encontrase ante un problema frente al que no tenían armas ni conocimientos para defenderse, y pone como ejemplo el intento del juez Pedraz de cerrar Telegram en España. "En algunos operadores jurídicos, no en todos, hay cierto desconocimiento de cómo operan estas nuevas tecnologías", explica Aránguez, quien ante esta situación insiste en "promover una nueva cultura de la justicia" que tenga en cuenta las nuevas vertientes 2.0.

El abogado granadino reconoce que la lucha contra esta forma de criminalidad es complicada, debido en parte al carácter internacional de muchos de ellos, pero no imposible. Volviendo de cierta forma al trabajo previo que tiene el timo del hijo en apuros, Aránguez explica que si bien un juez no puede bloquear una wallet (un monedero digital para almacenar criptoactivos) sí que puede rastrear su movimiento hasta localizar a su propietario y esperar para poder intervenir el dinero. En un intento de hacerlo comprensible, el letrado explica que la blockchain es una "caja fuerte con el techo de cristal, puedes ver cómo se mueve el dinero, pero no tocarlo".

El trabajo a realizar, de hecho, no es muy diferente al que se hace en la actualidad con otros delitos más "convencionales" y Aránguez explica que es algo similar a cuando un policía, o un detective, vigila a un sospechoso y hace un seguimiento de él hasta que consigue la información necesaria. En el caso de las criptomonedas, si bien no se puede actuar contra ese monedero digital sí puede hacerse cuando se produzca el cambio a dinero 'real' (sean euros, dólares, yenes, ...), por lo que se hace imprescindible ese seguimiento previo.

Mayor protección

Pese a la imagen sombría que arroja la memoria de la Fiscalía, a la que se suma el balance de Interior que alerta del aumento de la cibreciminalidad en la provincia, Aránguez insiste en lanzar un mensaje de calma: "España es un país muy seguro y pese a todo tenemos mayor protección frente a ciberdelitos que otros países", explica, al tiempo que incide en la necesidad de reforzar la "cultura de la protección".

"¿A que tú nunca dejarías el coche abierto en un parking?", pregunta para responderse a sí mismo con un rotundo "no". Para el abogado, al igual que la justicia tiene falta de formación para afrontar estos problemas, los ciudadanos de a pie también necesitan concienciarse sobre la necesidad de reforzar su protección en los entornos digitales, de ahí que mande un mensaje similar, realzando la importancia de imponer la cultura de la protección digital entre la ciudadanía.

Aránguez asegura que es estúpido renegar de las ventajas que suponen las nuevas tecnologías, de ahí que recalque la idea de protección frente al alarmismo que existe entre parte de la sociedad, especialmente entre la población de mayor edad. "Vivir de espaldas a las tecnologías es como decir que cuando nos movíamos a pie era mejor que ahora que usamos vehículos a motor", sentencia el letrado en el enésimo intento de simplificar el problema.

Un crimen con dos siglos de antiguedad

Pese a la novedad que puede suponer las estafas vinculadas a las criptomonedas, Aránguez explica, a modo de anécdota, que en realidad este crimen hunde sus raíces en el siglo XIX y en un nombre ilustre además, el de Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra, una de las grandes figuras del Romanticismo español.

Ante una situación complicada (entre otros motivos por el suicidio de su padre y el abandono por parte de su marido) esta mujer tuvo que salir adelante por sí misma y puso en marcha la Caja de Imposiciones, una especie de banco fantasma en el que prometía un 30% de rendimiento mensual a cada inversor, un dinero que salía del dinero de los nuevos inversores y así sucesivamente. Este sistema, que posteriormente derivaría en el conocido esquema Ponzi, rememora Aránguez, es el que ahora siguen utilizando gran parte de los criminales, con la novedad de que se usa el bitcoin como moneda.