El PSOE aparta al exalcalde de Granada Torres Hurtado de la acusación en la primera pieza del caso Nazarí

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado y muchos de los acusados que acaban de ser juzgados por el caso Serrallo, esperan ahora la paulatina tramitación judicial de la gran macrocausa de supuesta corrupción municipal en la que están siendo investigados: el caso Nazarí. En la primera pieza separada que se desprende de estas diligencias, conocida como Expediente Registrador, el que fue regidor durante 13 años acaba de recibir una buena noticia, al quedar apartado de las acusaciones formuladas por el PSOE, que es parte en el proceso.

El partido político, personado como acusación popular en el caso Nazarí, sí ha pedido enjuiciar a la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto, a otro alto cargo municipal y al registrador de la propiedad investigado en este asunto. Para todos ellos reclaman penas que suman los 4 años de prisión, 14 de inhabilitación y una multa de más de 10.000 euros, además de los costes de la demolición y la reposición de la legalidad urbanística.

Así aparece en el escrito de acusación que acaba de remitir el letrado de los socialistas al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que es relativo a la única pieza separada de la macrocausa que ya ha superado la fase de investigación, camino de un posible juicio oral, como reclama esta parte.

La jueza María Ángeles Jiménez Muñoz dictó un auto en diciembre de 2019 en el que consideraba que había suficientes indicios delictivos para procesar a siete personas por media docena de delitos, incluido el de asociación ilícita u organización criminal. Los señalados eran el exalcalde, Nieto, el registrador que promovió una obra presuntamente ilegal y otros cuatro técnicos y altos cargos municipales.

La acusación popular representada por los socialistas ha reducido a tres la lista de presuntos culpables que a su juicio han de sentarse en el banquillo de los acusados. "Aún cuando en los expedientes municipales tramitados al efecto intervinieran personas concretas y técnicos municipales, solo resultan determinantes y alcanzan relevancia penal las intervenciones del propio solicitante de las licencias (el registrador), de la concejal y del subdirector de Edificación y Gestión (en el momento de los hechos) y autor del informe que enruta toda la actuación municipal", expone el escrito enviado al juzgado el 1 de julio.

Esta pieza separada del caso Nazarí se sustenta en una actuación urbanística llevada a cabo en la sede del Registro de la Propiedad número 6 de Granada, ubicado en la calle Tórtola. Según estableció la jueza de instrucción en su auto, los informes periciales y los testimonios acreditarían que esa obra era contraria a la legalidad. Las acusaciones sostienen también que el asunto tiene relevancia penal porque se habría producido un trato de favor por parte de los responsables municipales al registrador que pidió permiso para hacer esa intervención en su local.

En su escrito, el PSOE sostiene que el registrador e Isabel Nieto tenían "previa relación de carácter personal (el esposo de la exedil es también registrador) y profesional". Según su relato de hechos, el promotor de la obra "contactó al efecto con la entonces concejal a los efectos de que hiciera cuanto en su mano estuviera para obtener finalmente licencia que le permitirá ocupar esta parte de patio interior situada en entre planta, como así finalmente ocurrió".

Los delitos que esta acusación popular imputa a los tres acusados son: contra la ordenación del territorio, prevaricación común (o alternativamente prevaricación urbanística) y tráfico de influencias. Los socialistas no incluyen entre los posibles tipos penales otros que fueron señalados en el auto judicial de transformación en procedimiento abreviado, como el de asociación ilícita o el de malversación de caudales públicos.