La UDEF prevé acabar su investigación del caso Nazarí en 3 meses

Tribunales

La jueza Jiménez espera todos los informes para estudiar la división de la causa en piezas separadas, como pide la Fiscalía

La investigación, que se inició poco antes de la Operación Nazarí, va camino de los tres años. / G. H.

La investigación policial del caso Nazarí, la principal macrocausa de corrupción abierta en Granada y que provocó un cambio de gobierno en la ciudad, podría quedar zanjada en el primer trimestre del año próximo. Si se cumple esa previsión, el juzgado podría disponer entonces de casi toda la información necesaria para avanzar hacia nuevas etapas procesales, como la división en piezas separadas, susceptibles de llegar a juicio o ser archivadas de forma independiente. Se trata de un camino similar al que han seguido otros grandes casos conocidos como Gürtel o los ERE de Andalucía.

A punto de cumplirse 3 años desde el inicio de esta enorme investigación, que tiene al exalcalde José Torres Hurtado y a otros políticos y cargos municipales como principales imputados, la jueza ha pedido a la Policía y a los peritos de la Junta de Andalucía –encargados, de elaborar extensos y complejos informes– que le comuniquen sus previsiones para la finalización total de los trabajos de investigación.

La jueza María Ángeles Jiménez ha hecho esta nueva consulta (cada cierto tiempo suele interesarse por los trabajos en marcha) para poder estimar el tiempo de desarrollo de la instrucción conjunta del caso. Es previsible que, como ha solicitado la Fiscalía, la macrocausa se divida en piezas separadas para que cada parte tome un camino propio, que puede ser desde el archivo hasta la celebración de juicio, con acusados diferentes en cada caso. En el sumario hay una decena de operaciones urbanísticas distintas, pero la propuesta es dividirlas en seis piezas.

Antes de esa posible división en piezas, la magistrada necesita dar por terminada la fase de investigación general, que sería algo así como el armazón principal de una causa en la que se especula con la existencia de un nexo común, que sería la “trama” organizada de corrupción municipal para beneficiar a distintos promotores.

Torres Hurtado fue detenido en la Operación Nazarí y sigue como investigado. / g. H.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trabaja en este caso desde el principio, meses antes de llevar a cabo la espectacular Operación Nazarí (el 13 de abril de 2016), en la que se desplegaron cientos de agentes por la ciudad para practicar una quincena de detenciones (incluida la de Torres Hurtado, que entonces era alcalde) y decenas de registros en domicilios y despachos, como el propio Ayuntamiento de la capital.

Desde entonces, los agentes especializados han trabajado en el análisis de todo el material incautado en aquellos registros, que fueron decenas de cajas de documentación, además de ordenadores, discos duros, teléfonos y más material electrónico.

De forma periódica la Policía ha ido remitiendo al Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que lleva esta causa, informes parciales sobre lo encontrado en esos registros, además de otras cuestiones relacionadas con la investigación.

Aún faltan algunos de esos informes, aunque la UDEF ya le ha avanzado a la jueza Jiménez, que el trabajo que resta podría estar terminado antes de tres meses, “salvo circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar al normal desarrollo de los trabajos de análisis”.

La Policía ha recordado, en esa comunicación al Juzgado, que continúa analizando la documentación física e informática intervenida. Algunos de los informes que aún no han llegado al Juzgado son los del exalcalde Torres Hurtado o los del considerado miembro de la “cúpula” de la trama, el exgerente de UrbanismoManuel Lorente. Sobre este último, ya ha avanzado la Policía en informes anteriores algunos hallazgos, de los que destaca una agenda en la que habría anotado temas relacionados con las operaciones urbanísticas investigadas. Está por ver su contenido íntegro.

Queda pendiente la investigación financiera, y la de registros como los de Torres Hurtado y Lorente

Pero la Policía también trabaja en otra parte de la investigación aún pendiente, que es el análisis de la “información tributaria y financiera” de los investigados, unos datos que fueron reclamados hace tiempo a la Agencia Tributaria y a algunas entidades bancarias por parte de la propia jueza instructora, a propuesta de la Policía.

Otro aspecto de la investigación que aún está pendiente de quedar cerrado es el de los correos privados de la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto. El hallazgo en los registros de unos papeles con varios email impresos intercambiados entre ella y el promotor Roberto García Arrabal puso a los investigadores sobre la pista de la cuenta de correo privada de la exedil. Pero esto ha supuesto un camino casi tortuoso para la Policía y el Juzgado. Al estar alojada la cuenta en un servidor de Estados Unidos, fue necesario remitir varias comisiones rogatorias al Gobierno de ese país con el fin de autorizar la apertura judicial de esa correspondencia privada.

Finalmente este año han llegado algunos de esos correos autorizados por las autoridades estadounidenses, pero su contenido está siendo analizado por especialistas de la UDEF. El Juzgado está pendiente, por tanto, del envío de ese oficio policial que puede resultar clave en la investigación, a la luz del contenido de aquellos escasos mensajes intercambiados con el empresario granadino, en los que era evidente el trato familiar entre ambos.

Estas diligencias de investigación penal 301/2016 cumplirán en enero 3 años, de los cuales, los primeros 10 meses estuvieron declaradas secretas por la jueza Jiménez. También hubo después un período de tiempo en el que se abrió una pieza secreta, llamada la de Suiza. En ella el Juzgado trató de obtener información de aquel país sobre movimientos económicos de Torres Hurtado, pero en este apartado las autoridades helvéticas rechazaron su colaboración.

Una prórroga que puede ser vital

La causa fue declarada de especial complejidad desde su origen, una nominación que ha permitido a los investigadores mantener abierta la instrucción más allá del plazo habitual de 6 meses que marca la ley como límite genérico. La magistrada ha iniciado el trámite hace escasos días para la petición de una nueva prórroga de 18 meses, lo que no implica necesariamente que agote todo ese tiempo de instrucción, dado que se trata de un plazo estándar y de un mero trámite para poder continuar la investigación.

No obstante, otros casos recientes han demostrado que esa tramitación de la prórroga puede ser clave en caso de descuidar los plazos, como ha ocurrido en otras causas importantes. El llamado caso Colina Roja (la investigación sobre los contratos de la Alhambra) tendrá que finalizar la instrucción sin atender a gran parte del trabajo policial realizado porque la Audiencia ha declarado caducados los plazos, sin que se hubiera pedido la prórroga para seguir investigando en el tiempo oportuno.

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