Cierra La Castellana, uno de los negocios de Granada vinculado a la trama que financió a Alvise

La semana pasada, a los posibles clientes que entrasen en el restuarante La Castellana, les recibía un cartel en el que se leía: "Lamentamos no poder atenderle por falta de stock. Disculpen las molestias". Ahora, siete días después lo que recibe a los clientes es una persiana bajada, después de que la Inspección de Trabajo dé la baja de oficio a los empleados de este local, uno de los afectados por la supuesta estafa piramidal de la red empresarial que financió al eurodiputado Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SAF).

El restaurante de Ángel Ganivet, que abrió sus puertas hace tres décadas, es solo uno de los que, en Granada, se encuentran afectados por esta trama. En la lista, se encontrarían otros negocios conocidos como los dos establecimientos de Negro Carbón y La Casual, así como el Hotel Colón. A ellos se sumarían otros afectado que están empezando a salir, según aseguraba hace unos días en declaraciones a este periódico Carlos Aránguez, responsable del bufete que interpuso la primera demanda contra Madeira Invest Club (MIC) ante la Audiencia Nacional, aunque el letrado se escuda en el secreto de sumario y no añade más nombres a la estafa, prefiriendo guardar silencio.

Al mismo tiempo, el cierre del restaurante granadino puede ser una llamada de atención para los otros negocios afectados fuera de la provincia. Sin ir más lejos, el nombre de Negro Carbón también aparece entre las empresas vinculadas en Málaga, compartiendo espacio con el Festival de Música Selvatic y Málaga Fórum, nombre del recinto en el que tiene lugar el evento cultural. Todas, en estos momentos tienen un administrador único, según dio a conocer Málaga Hoy, Pedro Estanislao Bris García.

A la espera de saber la suerte que corren los trabajadores y negocios del resto de la provincia, tanto el bufete de Aránguez como el de Zaballos, en Madrid, el otro despacho que ha demandado a Romillo, han pedido la designación de un administrador judicial, con el objetivo de que "los beneficios que generen estos negocios no pasen al grupo de empresas, sino que se acumulen en una cuenta judicial para indemnizar a los trabajadores", explica el granadino.

De momento ambos bufetes han solicitado esta medida a la Audiencia Nacional, aunque aún no se ha puesto en marcha, pero no obstante desde Madrid confían en que esta medida se acate "cuanto antes" para evitar que el daño sea mayor, según confiesa Francisco Jiménez, miembro de Zaballos Abogados, a este periódico.