Citan como investigados a dos concejales de Baza por presunto acoso a una trabajadora municipal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Baza ha abierto diligencias contra dos concejales del Ayuntamiento bastetano acusados por una funcionaria de un delito contra la integridad moral.

El auto del juzgado instructor, al que ha tenido acceso Efe, ha citado a declarar en calidad de investigados a los responsables de Agricultura y Personal del Ayuntamiento de Baza, administración denunciada como responsable civil subsidiario.

La denunciante comenzó en agosto de 2022 a trabajar como funcionaria interina por concurso oposición en el puesto de peón de recogida de animales, puesto por el que se encargaba de ese fin, de mantener las instalaciones de la perrera y abrir y cerrar el mercado de ganado, entre otras obligaciones.

Según la denuncia, el "sobreesfuerzo" por la falta de personal en el puesto le generó estrés y la trabajadora solicitó la baja, lo que aprovecharía el Ayuntamiento para convocar esa plaza que ocupaba como interina.

La trabajadora fue la única que aprobó el examen de los cuatro candidatos y pasó así a formar parte como funcionaria de carrera en enero de 2024, fecha en la que se agravó su situación laboral con un aumento de las tareas a realizar.

"Ataques"

Según su denuncia, los concejales de Personal y Agricultura mantuvieron "ataques" y presiones contra la trabajadora, como reproches a su trabajo, que provocaron en ella una situación por la que el médico le recetó un tratamiento y la derivó a Salud Mental.

Durante el tiempo que estuvo de baja, recibió llamadas en las que le comunicaban su obligación de incorporarse al trabajo pese a un mal estado de salud, por lo que empleó sus días libres y sus vacaciones en espera de una mejoría que no llegó.

La trabajadora ha denunciado que continuaron las llamadas y presiones, por lo que se incorporó a su puesto con un informe que decía que no debía trabajar con animales, pese a lo que el Ayuntamiento la envió a la perrera al entender que se correspondía con su plaza laboral.

Poco después de su vuelta al trabajo, el Ayuntamiento le abrió un expediente al interpretar que no cumplía con todas sus tareas, lo que empeoró la salud de la funcionaria, que denunció que el objetivo de los dos concejales era echarla de su puesto.

El juzgado instructor ha incoado diligencias por un posible delito contra la integridad moral cometido por autoridad y ha citado a declarar como investigados a los dos concejales el próximo 22 de mayo.