"Hay niños que han dejado de ir al colegio": Las PTIS mantienen la huelga en Granada y Educación alega que es un "conflicto laboral"

Sara Pérez atiende a 25 escolares en su cole. Violeta Pérez a otra quincena. Olga Rojas, a otro puñado de chiquillos. Todas ellas están en huelga desde el pasado día 21 de noviembre por las condiciones laborales en las que trabajan. La ristra de reclamaciones es extensa. Y también es notable la desazón que sienten por los niños a los que atienden en sus respectivos centros educativos. "Hay alumnos que no van al cole y otros que van porque van sus padres" a atenderles, a cambiarles el pañal, a darles de comer.

Ellas son PTIS, siglas de personal técnico de integración social. Su labor es "sentarnos con los alumnos para que pueda hacer el trabajo en el aula", ayudarles de forma individual a poder seguir el ritmo de la clase y que, así, puedan avanzar en el cole o en el instituto. Además, prestan apoyo emocional, van con ellos al aseo, les dan su medicación, les ayudan a comer, vigilan en los recreos, están en las aulas específicas... "Hacemos todo lo que ellos necesitan y nos adaptamos para que esos niños tengan derecho a la educación". Ellas son las que se ocupan de los escolares que tienen necesidades educativas, el eslabón más débil de la cadena. Les llevan y les traen por el colegio, les acompañan, les cambian el pañal, todo para que puedan ir al cole como los demás.

Estos menores, todos ellos con alguna discapacidad, son atendidos de forma individualizada durante la jornada lectiva por las PTIS. El colectivo, desde el pasado 21, está en huelga para reclamar que se subsanen las reclamaciones laborales que han planteado y que se mejoren sus condiciones. Este paro es secundado por aproximadamente un 75% de las 200 mujeres que trabajan para dos empresas privadas contratadas por la Junta. El paro afectaría, según su estimación, a unos 70 centros educativos de la provincia y a centenares de alumnos.

"Estos menores están viendo paralizada toda su educación", señala Violeta Pérez, que pertenece al comité de empresa. Habla en la puerta de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Dentro, la delegada, María José Martín, ciñe la situación a un "conflicto laboral". La delegada sostiene que son "muy sensibles" a lo que ocurre con las PTIS y poco más, ya que el asunto debe solventarse entre las trabajadoras y las empresas en los organismos mediadores en caso de conflicto laboral. Eso sí, asegura que si se demuestran incumplimientos de los contratos que vinculan a las dos empresas -Os Ventos y Al Alba- con la Junta, la Administración actuaría.

Caja de resistencia

Las PTIS en huelga han organizado una caja de resistencia. Cuentan con donaciones incluso de familias de los alumnos que atienden. "Un padre nos ha dado 500 euros". Venden papeletas y a través de una web de crowdfunding recaudan fondos.

"La que más horas tiene de contrato son 30", explican las PTIS concentradas en Gran Vía. Alegan ante los números de profesionales que esgrime la Junta que sí, efectivamente, ahora son más, pero tienen menos horas de contrato. "Algunas estamos diez horas", alegan para añadir que "cada vez los colegios tienen más necesidades". Las empresas adjudicatarias del servicio dan de baja en verano e incluso ahora plantean dar de alta a estas trabajadoras sólo las jornadas lectivas.

"Nos cambian de empresa cada dos por tres, con la angustia que eso supone". Estos cambios suponen que pierden antigüedad, entre otros derechos. "En once años que llevo trabajando jamás se ha cumplido el convenio", sostiene Violeta Pérez, miembro de CCOO.

"El PP se reunió con nosotras antes de las elecciones y nos dijo que iban a cambiar. No han hecho nada", critican estas trabajadoras, que señalan que hay compañeras que suman dos meses sin cobrar y otras a los que todavía se les adeuda septiembre. "Las condiciones empeoran cada vez más".

"El nivel de estrés que tenemos es muy grande", alegan sobre lo que supone la huelga, a la que han recurrido porque no ven otra salida pese a que apenas tienen capacidad de ahorro. "No lo vamos a consentir por nosotras y por los niños", aseguran sobre sus denuncias. En cuanto a los servicios mínimos, desde Educación no se ha indicado en qué porcentaje se ha fijado. Las trabajadoras señalan que en Al Alba estos servicios mínimos son del cien por cien y se han denunciado. Las trabajadoras de esta empresa adjudicataria sí van a trabajar hasta que se dirima la denuncia interpuesta.

Reivindicaciones

Piden a la Junta una mesa de coordinación con la Agencia Pública de Educación (APAE) y la Consejería para extinguir los contratos con las empresas adjudicatarias que no cumplan con los pliegos y el convenio. Además, reclaman revisar y rectificar los contratos que se han cambiado de indefinido parcial a fijo discontinuo; que se les hagan contratos a jornada completa, reivindicación a la que se suman los intérpretes de lengua de signos, para los que piden también mejoras; y la subrogación a la Junta, ya que parte de las PTIS están contratadas por la propia Administración mientras que otras, unas 200 en Granada, dependen de empresas adjudicatarias.

Protesta

Desde Fampa Alhambra, que aglutina a las asociaciones de familias de alumnado en Granada, se promueve una protesta en los centros educativos el próximo día 4 de diciembre. Piden a la comunidad educativa que lleven algo azul y rodear los propios colegios e institutos a primera hora, antes del inicio de la jornada lectiva.

En datos

En Granada, el curso pasado, había 18.487 alumnos con necesidades educativas, de los que 6.423 figuraban como alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). En cuanto a las PTIS, desde la Delegación se ha defendido en anteriores quejas por la carencia de medios que el número de estas trabajadoras ha crecido un 72% desde 2018. Ellas, por contra, alegan que ese crecimiento ha sido a costa de contratos cada vez más reducidos y precarios.