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Granada/Cada año las corporaciones locales, y por ende el Ayuntamiento de Granada, tienen que aprobar su Cuenta General correspondiente al año anterior y que está integrada por la cuenta del propio ayuntamiento y las de sus organismos autónomos. En el informe del titular de Contabilidad sobre la Cuenta General del Ayuntamiento de Granada a 31 de diciembre de 2023, emitido el pasado 17 de julio, recoge el estado de estas cuentas y advierte de nuevo de aspectos que afectan a la imagen de la contabilidad municipal. Lo curioso es que son casi los mismos que el año pasado, por lo que en un año poco se ha avanzado en este sentido.
Un expediente, además, que no se ha formado en el plazo establecido en la ley por dos motivos: el retraso en la formulación y remisión al servicio de Contabilidad de las cuentas anuales de las entidades dependientes y el retraso en la remisión d ela información relativa al coste de las actividades y a los indicadores de gestión.
El informe recoge de nuevo, como ya se advirtió el verano pasado, el problema con el inventario del Patrimonio Municipal Suelo de Granada, cuya rectificación anual aún no ha sido aprobada por el Pleno con datos de diciembre de 2023. Los últimos datos, de abril de 2024, indican otro año más que no coincide el importe de las construcciones porque "no se ha actualizado en el inventario las enajenaciones (ventas) de estos bienes realizadas al menos en 2023".
Lo mismo pasa con el patrimonio regular recogido en el Inventario General de Bienes y Derechos, también pendiente de aprobación de su rectificación anual sobre 2023. Con cifras de marzo de ese año se informa de que "no es posible llevar a cabo una contabilización de todo el patrimonio del Ayuntamiento" ni tampoco "un cálculo fiable del coste efectivo" según las normativas ni tampoco desarrollar una contabilidad analítica que muestre el verdadero coste real de los servicios y actividades que presta y reealiza la entidad.
Para solucionar esta situación, propone que el inventario se actualice y se potencie el Servicio de Patrimonio, llevando especial coordinación con Urbanismo, que tiene un inventario propio.
El informe de Contabilidad recoge también la situación de los saldos y se vuelve a insistir en lo mismo del año pasado: discrepancias entre los saldos de la contabilidad municipal respecto a las deudas de derecho público y el SIM, además de la existencia de "saldos pendientes de cobro de mucha antigüedad", por lo que pide iniciar los trámites para una "depuración" por prescripción u otras causas. Esto también se aplica a las deudas de derecho privado.
Respecto a los depósitos en conceptos no presupuestarios, habla de la existencia de algunos con una antigüedad mayor a 30 años, por lo que pide también su depuración por abandono u otras causas.
El informe advierte que "constan en la contabilidad municipal ingresos pendientes de aplicar por importe de 4.358.971 euros, por lo que es "obligatorio potenciar y mejorar el proceso de formalización d elos ingresos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores". En el informe de 2023 respecto a la Cuenta Anual de 2022 se informaba de este concepto en la cantidad de 4.663.095 euros, por lo que se ha reducido en unos 300.000 euros.
Tambien hace referencia a las "numerosas operaciones de ingresos rechazados" en la firma por la tesorera.
Vuelve a hacer incapié el área en la necesidad de reforzar los servicios informáticos que se encargan de la formalización de ingresos tanto en voluntaria como en ejecutiva.
El informe incluye también la operación vinculada con Emasagra de 4,4 millones que la entidad tiene pendiente de cobro con el Ayuntamiento. Un asunto del que ya se advirtió el año pasado y que este mes de mayo se encauzó por el equipo de Gobienro, como recoge el informe, con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de compensar esta cantidad a partir de 2025 con los dividendos que reparta la sociedad. Eso sobre los 3 millones por el consumo de agua de Inagra para limpiar las calles. Las otras facturas pendientes de pago por un importe de 781.776 euros por otros servicios de incluso hace más de 20 años, se pide que se analicen jurídicamente "la vigencia y exigibilidad de esas facturas".
También se repite la discrepancia entre los saldos en la cuenta anual de la Agencia Municipal Tributaria y los que muestra la contabilidad municipal en relación con las formalizaciones de ingresos, por lo que se pide la unificación de criterios y un esetudio de dichas diferencias.
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