Las contradicciones del caso Ágreda

Granada/En el caso judicial que investiga la cesión onerosa de la casa Ágreda a la organización AIDE, cuya reapertura acaba de ordenar la Audiencia Provincial, no hay un solo motivo, un desliz o un argumento que haya provocado la revocación de la decisión que tomó el juez el año pasado, cuando ordenó archivar el caso. La resolución del tribunal analiza punto por punto las justificaciones del instructor y echa por tierra la mayoría, introduciendo incluso nuevos elementos que deben ser investigados.

El auto judicial que cerró el caso en el que estaban imputados el exalcalde José Torres Hurtado, su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y otros funcionarios municipales y representantes de la organización privada, ponía de manifiesto que podrían haberse producido una serie de "irregularidades", que tachaba de "nimias", pero que no serían delictivas. La Fiscalía, aunque fue la impulsora inicial del caso, se sumó a estas consideraciones del juez.

El tribunal de la Sección Primera ha analizado algunas de esas supuestas disfunciones menores y ha concluido que no parecen serlo, que podrían apuntar al posible delito de prevaricación, por lo que hay que continuar investigando.

Pero es más, los magistrados añaden algunos elementos de sospecha, como el hecho de que la asociación compradora no hubiera justificado debidamente su capacidad legal para contratar con la administración. Los documentos presentados son traducciones del francés (la organización AIDE tiene su sede en Francia) y no los originales para poder ser cotejados. Alguno incluso data de 1998.

También se pronuncia el tribunal sobre la legitimación de las acusaciones populares, que son las que recurrieron el archivo y mantienen vivo el caso. La Audiencia sostiene que tienen legitimidad porque se trata de defender bienes colectivos. "Los delitos no perjudican solo al Ayuntamiento de Granada, como sostienen los investigados, sino al correcto funcionamiento de las administraciones públicas", sostiene en el auto.

No obstante, el tribunal provincial ha rechazado el recurso de Vamos Granada, por su falta de naturaleza jurídica como grupo municipal en el Ayuntamiento. Les insta a personarse bajo el nombre de una persona física concreta, si es que se plantean continuar en la causa.

Es el recurso de Ramón Arenas el que ha sido estimado parcialmente por la Audiencia y el que ha permitido que se ordene la reapertura de la investigación. La apelación también pedía repetir las declaraciones (incluida la de Torres Hurtado) por no haberse grabado con los medios técnicos actuales. Esta reclamación ha sido rechazada al entender la Audiencia que, aunque la ley establece la obligación de usar esos recursos, si no están disponibles se puede volver al método de las transcripciones. La Fiscalía recordó que en procedimientos paralelos (se refería al caso Serrallo) hubo problemas técnicos que destruyeron parte de la declaración de la misma investigada de este caso, que es Isabel Nieto.