24 horas sin luz el Jueves Santo

Granada/Los vecinos del Distrito Norte de Granada hablan de “desesperación” ante la situación de desamparo por los continuos cortes de luz que padecen. Un problema que, lejos de vislumbrar alguna solución, va a más. Aunque denuncian sufrir los cortes a diario, y durante varias horas, el pasado Jueves Santo sufrieron una situación especialmente crítica. Pasadas las 13:30 experimentaron una caída del suministro eléctrico a la que, por las características especiales de los servicios durante los días festivos, no sabían el tiempo en el que tardarían en darle respuesta. Casi un día tuvieron que esperar, hasta las 11:30 del Viernes Santo, no recuperaron el servicio.

Así lo relata Rosa García, una de las vecinas más activas a la hora de denunciar la situación que atraviesan. “No sólo estuvimos casi 24 horas, es que al día siguiente se volvió a ir a las dos del mediodía y no volvimos a tener luz hasta las once de la noche”, cuenta la vecina de la calle Joaquín Corral Almagro.

García explica que los residentes de los bloques de pisos de esta calle de la zona Norte afrontan una dificultad añadida. “Resulta que el problema que tenemos es que nuestras instalaciones están en un jardín que es privado. Pero, si no hay luz, no funcionan los porteros automáticos y los vecinos no nos pueden abrir cuando llega la hora de arreglarlos”.

La vecina afirma que la situación afecta a siete bloques en Joaquín Corral Almagro, parcela 69. Tres o cuatro bloques en Joaquín Corral Almagro, parcela 68. “El problema no son los transformadores sino las instalaciones, que son antiquísimas. Aquí sigue viniendo gente nueva a vivir, se utilizan aparatos que antes no se empleaban, como vitrocerámicas o aparatos de aire acondicionado, y las instalaciones son las mismas. El año pasado salieron ardiendo y fue cuando las cambiaron al jardín”.

García habla de la "desesperación" vecinal ante un problema que se repite desde hace años sin vislumbrar solución. “Nos cortan la luz todos los días entre 3 y 4 horas. No puede haber todos los días averías a unas horas determinadas: una semana de dos a seis de la tarde; otra de cinco a diez... Incluso he tenido que comprarme una hornilla de gas porque cuando llego a casa del trabajo no sé si voy a poder cocinar”.

Y esta situación no sólo afecta dificulta la vida a los vecinos y al comerciantes del barrio, para algunos es prácticamente imposible vivir con estas interrupciones del suministro. “En frente tengo un vecino que vive con oxígeno y antes se iba al hospital cuando había cortes pero al final se ha tenido que comprar su propio generador para la máquina”, comenta García, quien señala que la situación afecta a enfermos, personas mayores, los estudiantes de los colegios de la zona... aunque todos están al día con sus facturas y tienen el mismo derecho que los vecinos del centro de la capital. “Yo he pagado 130 euros de luz en el último recibo y me tiro 4 o 5 horas diarias sin electricidad”.

El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, califica la situación de “insostenible”: “Es un problema muy grave y no se está haciendo nada. La única explicación que da Endesa son los enganches de los cultivos de marihuana, pero eso no es motivo para que le corten la luz a la gente que le paguen sus recibos”.

Para el Defensor del Ciudadano, el drama que afecta a las familias de la zona Norte es “una situación de emergencia social”. “Así lo he denunciado en muchas ocasiones, pero las autoridades no reaccionan”, subraya Martín, quien reconoce que “el problema es complejo, pero no irresoluble”. “Para eso están los poderes públicos, para solucionar los problemas de las personas. Endesa tiene un contrato, y si no pagas la luz te la cortan. Pero por ese mismo contrato están obligados a dar un servicio serio y estable, algo que el Distrito Norte de la capital no se cumple”.

Martín subraya que el problema no sólo va a menos sino que va a más, en frecuencia y en extensión geográfica pues “no sólo afecta a los vecinos de la zona Norte, a las barriadas de la Paz, Cartuja y Molino Nuevo, ahora también se sufren en Haza Grande”. “Se trata de una alerta social y sanitaria”, concluye Martín.