Los cortes de luz en Granada, en manos de la ONU

La ONU está analizando "los problemas" sociales y económicos derivados de los cortes de luz en la zona norte de Granada, con base en un informe que le ha hecho llegar a tal efecto el Defensor de la Ciudadanía de esta ciudad andaluza, Manuel Martín, que espera que "en brevedad" pueda emitir una declaración sobre este asunto, que se agrava en los meses de invierno.

Así lo ha indicado Manuel Martín, en una entrevista con Canal Sur Radio, en relación con la intervención de la ONU, que "tiene el tema en sus manos". "Allí se está dejando morir a un barrio", ha lamentado el Defensor, quien ha advertido de la cercanía entre la "muerte social" y la "física".

Son unas gestiones que se realizan de manera telemática pues la visita del relator que en un principio se anunció no será posible de momento por la situación de pandemia por coronavirus, según detalló el Defensor hace un tiempo.

Tras solicitar el alcalde de Granada, Luis Salvador, a la Subdelegación del Gobierno este pasado lunes la convocatoria "urgente" de la Mesa por la Zona Norte ante las nuevas interrupciones del servicio energético que se han venido produciendo en los últimos días en el distrito granadino, el Defensor ha pedido a las instituciones que pasen del diagnóstico a actuarse "en consecuencia".

Es "una situación de emergencia humanitaria gravísima" con vecinos que pagan la electricidad sin luz "hasta 24 horas seguidas", a quienes hay que dar soluciones de forma "inmediata", ha señalado Martín, que ha lamentado la situación que vivieron en este sentido 13 bloques completos este pasado lunes.

En una carta abierta publicada este pasado domingo, el Defensor de la Ciudadanía de Granada cursó un "llamamiento urgente" a las instituciones, los agentes sociales y la opinión pública ante las nuevas interrupciones en el suministro energético en el distrito Norte, coincidiendo con las bajas temperaturas.

Frente a ello, reclama "actuar a corto y medio plazo y de manera integral, algo que corresponde de lleno al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía", defendiendo que solucionar este problema "no es una utopía".