Dos décadas de caso Marchelo: Archivo para el exalcalde de Alhendín por problemas de salud a sus 94 años

El caso Marchelo, de presunta corrupción urbanística en el municipio de Alhendín, está cercano a cumplir dos décadas de proceso judicial, por lo que hace tiempo que se convirtió en uno de los casos más dilatados de la justicia española. La instrucción llevada a cabo en Santa Fe se eternizó y alcanzó los 17 años, pero la Audiencia Provincial ya lo tiene para su enjuiciamiento desde 2023. La primera consecuencia de toda esta tardanza en impartir justicia ha llegado con el archivo del caso para uno de sus principales acusados, el ex alcalde de la localidad, José Guerrero Romero (PP), que ya ha cumplido 94 años y, según ha alegado su defensa, tiene problemas de salud de carácter cognitivo que le impidien asistir al juicio oral.

El exregidor, considerado por el instructor como uno de los cerebros de la presunta trama, tuvo que dimitir en 2007 al poco tiempo de estallar la operación Marchelo. Desde entonces lleva 18 años a la espera de una solución judicial. El acusado se enfrentaba a una petición del Ministerio Fiscal de 15 años de cárcel por cohecho y otros delitos, pero ahora la causa queda archivada para él. La decisión de los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia no es definitiva y se obliga a su defensa a remitir informes sobre su estado de salud cada seis meses. Queda apartado "hasta tanto el acusado recobre la salud", pero a tratarse de un proceso cognitivo relativo a su avanzada edad, en la práctica, la decisión es casi definitiva.

Esta resolución se produce cuando la Audiencia Provincial encara por fin lo que se supone será la fase final de este caso eternizado en el tiempo. La Audiencia Provincial da tres días de plazo para llegar a acuerdos de conformidad para los 15 acusados que se mantienen en la causa tras los 19 años de proceso. Son políticos, técnicos y empresarios, que participaron en las operaciones urbanísticas bajo sospecha en los primeros años de la década del 2000, la época del gran despegue inmobiliario. Las fechas señaladas en la providencia son 18, 19 y 20 de febrero. El único de esos quince que no estará será el ex alcalde, tras la decisión adoptada por los magistrados en un auto fechado el 10 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico.

Cada uno de los días señalados se destinará a tratar una de las tres piezas en las que la propia Audiencia ha dividido el caso para tratar de agilizar su enjuiciamiento o resolución mediante acuerdos de conformidad. La división de la macrocausa en tres partes fue una decisión adoptada el año pasado, cuando los magistrados optaron por separa el caso en los tres bloques fácticos que se contienen en el escrito de acusación remitido por la Fiscalía.

La primera pieza se refiere a la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía de Alhendín; la segunda a las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalendín y la tercera pieza a la edificación de la Urbanización Novosur. 

Aquel auto, fechado a finales de julio, no fue recurrido por las partes, de modo que la decisión de la Audiencia de formar piezas separadas fue firme y ahora se empiezan a ver las consecuencias. Se intenta llegar a acuerdos de conformidad y se va a citar a los diferentes acusados a las tres sesiones señaladas.

La propia Sección Primera de la Audiencia Provincial rechazó en 2021 la petición de varios de los investigados de dividir la causa en piezas separadas por entender que, en aquel momento del procedimiento, que estaba ya muy avanzado, ello "provocaría un importante e inaceptable retraso en su tramitación".

El objetivo entonces fue evitar "mayores dilaciones" en una causa cuyos hechos se remontan a los primeros años del 2000. El tribunal sostenía que esto permitirá "centrar en cada uno de los casos con mucha mayor precisión los términos del debate plenario y su posterior resolución", además de las "indudables ventajas de orden práctico y funcional" que conllevará para todas las partes y profesionales implicados.

Lo que la Audiencia no ha podido evitar es que los más de 19 años transcurridos hayan provocado que uno de los principales acusados ya no tenga las condiciones físicas para ser enjuiciado. Aquella mediática Operación Marchelo, en la que hubo detenciones y se practicaron registros y escuchas telefónicas durante meses, provocó el vuelco en la Alcaldía de la localidad, que ahora, dos décadas después está en manos de Francisco Rodríguez (PP), sobrino del acusado. En todo este tiempo la justicia no ha sido capaz de resolver el caso, con plazos eternos en los múltiples recursos que iban a la Audiencia, parones y cambios del juez instructor.

Peticiones de cárcel

La Fiscalía solicitaba para el exalcalde del PP en Alhendín 15 años de cárcel; y para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, 26 años de prisión. Entre los acusados hay otros políticos, técnicos y promotores por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida.

Por su parte, el Abogado del Estado acusa por las actuaciones sobre el antiguo cauce del arroyo de la Calera en el marco de una de las operaciones urbanísticas que han sido investigadas en esta macrocausa.

A lo largo de los 17 años de instrucción, la causa cambió de manos varias veces y con al menos 3 jueces diferentes. También se han dado intentos de cerrar la instrucción. El 21 de octubre de 2009, el titular de ese Juzgado de Santa Fe dictó el auto de continuación del proceso como procedimiento abreviado (lo que supone pasar a una fase previa al juicio oral). Pero la resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (acusación popular) ante la Audiencia Provincial, que tardó casi tres años en resolver y ordenar dar marcha atrás y practicar otras diligencias de investigación propuestas por las partes. Los magistrados reprocharon al juez de Santa Fe que pasara "a otra fase distinta del proceso que supone el fin de la actividad instructora, pese a no encontrarse todavía completada la instrucción ni suficientemente investigados los hechos sobre este extremo". Llegaron a decir en el auto que la celeridad del juez "no resultaba admisible". Pero el tiempo y los hechos han evidenciado que la culpa de toda esta tardanza no se puede imputar a un solo juez.