Las declaraciones en vídeo, el nuevo conflicto que afecta al caso Serrallo

Granada/La incorporación de las nuevas tecnologías al sistema judicial ya está provocando en Granada un conflicto enconado entre fiscales, jueces y letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios). El problema ha aterrizado de lleno en el ya de por sí complejo caso Serrallo. La Fiscalía, como está haciendo en otros asuntos, ha pedido que se transcriban al papel todas las horas de grabaciones en vídeo de las declaraciones de acusados y testigos que han pasado por la sede judicial desde que comenzó la instrucción del caso, hace 4 años. El Juzgado se niega.

Esta petición, que ya ha dado lugar a la formulación de un recurso por parte de la Fiscalía en el caso Serrallo, ya ha provocado enfrentamientos previos entre los responsables de los juzgados y tribunales de esta provincia. Un juez de instrucción de la capital ha llegado a decir en uno de sus escritos, al respecto de esta polémica, que "algunos nostálgicos no dudan en clamar por la vuelta a la máquina de escribir, al papel de calco e, incluso, a la pluma y el tintero". Se refería con ello a los fiscales y jueces que piden la transcripción al papel de los vídeos de las declaraciones.

El letrado de la administración de justicia que es responsable de este asunto en el Juzgado de Instrucción 2 (el que lleva los casos Serrallo y Nazarí, entre otros) se ha negado también a asumir esas transcripciones. Se adhiere y reproduce en su escrito las palabras del otro juez de instrucción cuando pide al Ministerio Fiscal que, si necesita esas transcripciones, recurra a sus "propios medios o recursos, como soporte y auxilio de su actividad". Y si no los tuviera, "como desgraciadamente ocurre también en este órgano judicial, deberá reclamarlos a la Administración que corresponda", que podría ser la Junta de Andalucía.

Pero este juez se muestra especialmente crítico con la petición en sí, pues sostiene que la Fiscalía carece de legitimación para pedir que se "documente lo ya documentado o realice transcripción alguna de cara al procedimiento, que no a la comodidad de alguna parte". Agrega el instructor que esta petición está "fuera del mundo actual y fuera de la realidad". En su dura resolución, el juez de instrucción recuerda a fiscales y jueces de otras instancias superiores (los que tienen que celebrar el juicio) que en este tiempo "la tecnología ha llegado, hora era ya, a la Administración de Justicia", pese a las reticencias de los que califica de "nostálgicos".

El secretario judicial del caso Serrallo se adhiere ahora a esta postura y rechaza transcribir los vídeos del caso Serrallo, que podrían ser decenas de horas de declaraciones. La fiscal ha presentado un recurso ante la propia jueza del caso para que resuelva sobre una cuestión en la que la magistrada por ahora se ha limitado a hacer valer el criterio del letrado de su juzgado, que es el competente en la materia.

El secretario, al igual que otros responsables judiciales de otros casos afectados, consideran que esa petición va en contra del espíritu de la ley y de los tribunales superiores cuando se han pronunciado sobre el uso de los medios tecnológicos. Sostienen que esa tarea les "aparta de otros menesteres que sí son jurisdiccionales".

No todas las declaraciones en sede judicial que se realizan en fase de instrucción se graban en vídeo, pues algunos jueces de Granada aún prefieren el antiguo sistema de elaboración de actas por escrito. Esta disparidad también ha provocado problemas, pues algunas partes acusadoras o defensoras han elevado protestas por este motivo.

En particular, en el caso Agreda, donde el juez de instrucción 9 de la capital siempre opta por la confección de actas por escrito, una de las acusaciones populares ha reiterado su petición de que las declaraciones sean grabadas y ante la negativo del magistrado, el asunto llegó a la Audiencia Provincial. Allí se decidió que, aunque la ley recomienda el uso de las nuevas tecnologías, el juez tiene potestad para prescindir de ellas si no hay recursos suficientes o para asegurar el buen resultado.

Las acusaciones de este caso llegaron a pedir la recusación del juez y uno de los motivos esgrimidos fue el supuesto "trato" favorable que, según estos letrados, habría dado el juez a algunos investigados durante sus declaraciones. Algo que habría quedado claro si hubiera registro audiovisual de las comparecencias.