Dos detenidos por usar el etiquetado de una empresa de Granada para vender aceite hecho con aceitunas en mal estado

La Guardia Civil ha inmovilizado 23 toneladas de aceite que ya habían salido de la almazara por carecer de los permisos administrativos y de trazabilidad y 25 toneladas de aceitunas que se encontraban en proceso de descomposición en la localidad sevillana de Carmona,

Según ha informado en un comunicado, en esta operación han sido detenidas dos personas que estafaron a dieciocho agricultores en la compra de su aceituna y que no cobraron la venta de la cosecha.

Fueron los agricultores los que pusieron en conocimiento de la Guardia Civil el presunto delito en la compra. Los agentes se trasladaron al molino de aceite en el que los agricultores depositaban su cosecha y comprobaron que la instalación se encontraba sin ninguna actividad, encontrando en el patio tolvas y cintas que contenían las aceitunas en proceso de descomposición.

En ese momento un camión con aceite envasado salía del molino. Fue detenido por los agentes y se constató que carecía de la preceptiva documentación sobre la trazabilidad del producto.

Tras localizar al administrador del molino, los agentes inspeccionaron las instalaciones y localizaron una maquinaria de molturación en condiciones de insalubridad con un gran vertido de aceite en el suelo y detectaron que los detenidos usaban unas etiquetas de una marca que no existía y en las que aparecía impreso el año 2022 como fecha de caducidad.

Además, usaban otro etiquetado que pertenecía a otra empresa con presunto domicilio fiscal en un municipio de Granada para distribuir o vender el aceite embotellado sin ningún tipo de registro sanitario ni permiso administrativo.

Los investigadores, con el apoyo de los técnicos de calidad agroalimentaria de Sevilla, comprobaron que los propietarios no contaban con la documentación necesaria para poder operar como almazara o molino y tampoco contaban con el registro general sanitario de empresa alimentaria ni con el registro de industria agroalimentaria.

Además del delito de estafa, a los dos detenidos se les imputa un presunto delito de propiedad industrial, falsedad documental, contra el mercado y contra los consumidores.